El caso del presunto expolio del patrimonio de una anciana de Valencia con alzhéimer suma nuevos y graves interrogantes. Los dos abogados detenidos, junto a un conocido notario valenciano, la cuidadora de la mujer y el comprador de varios de sus inmuebles, niegan haberse beneficiado económicamente de las operaciones investigadas, mientras el juzgado analiza indicios que podrían apuntar a un delito de tentativa de homicidio tras detectarse metanol y mercurio en el organismo de la víctima.

«En ningún momento nos hemos lucrado con estas operaciones. Pueden ver mis cuentas, tengo la conciencia tranquila», asegura uno de los letrados arrestados, que defiende que todas las decisiones patrimoniales respondían a la voluntad expresa de la octogenaria. Según su versión, desconocían que padeciera alzhéimer hasta el verano pasado y sostienen que la mujer “era generosa” y plenamente consciente cuando modificó su testamento.

Metanol y mercurio: la clave del nuevo giro judicial

Las analíticas realizadas a la anciana revelaron 7,37 mg/l de metanol en orina y 4,64 µg/l de mercurio, sustancias altamente tóxicas. Estos hallazgos, unidos a los ingresos hospitalarios de la mujer en junio por vómitos y náuseas, han llevado al Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia a abrir la vía de investigación por un posible intento de envenenamiento.

Por el momento, el juez no atribuye este delito a ninguno de los cinco arrestados, que sí están investigados por prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Todos quedaron en libertad este miércoles, con medidas cautelares para cuatro de ellos.

Ventas a precio de ganga y casi 785.000 euros en beneficios

La investigación de la Policía Nacional sitúa el presunto beneficio económico del grupo en unos 785.000 euros, tras varias operaciones inmobiliarias consideradas sospechosas. En concreto, se analizan tres ventas clave realizadas a un mismo comprador:

• Un local comercial en la calle Cirilo Amorós, vendido en noviembre de 2022 por 40.000 euros y revendido cinco meses después por 320.000 euros.

• La nuda propiedad del piso donde vive la anciana, de 209 m² en el centro de Valencia, adquirida en enero de 2023 por 190.000 euros, pese a que su valor de mercado rondaría los 530.000 euros.

• Una nave industrial en Alboraia, de 571 m², vendida en diciembre de 2023 por 115.000 euros, con pagos aplazados de 1.000 euros mensuales y sin intereses.

Fue el intento de ejecutar la cláusula que permitía ingresar a la anciana en una residencia para vender el piso lo que activó las alarmas de sus sobrinos, que denunciaron el aislamiento familiar y la rápida descapitalización de su tía, diagnosticada de alzhéimer desde octubre de 2022.

Extracciones de efectivo y sospechas de abuso

Los investigadores también detectaron retiradas en cajeros por valor de 82.000 euros entre diciembre de 2022 y junio de 2025. Una cifra que consideran desproporcionada para una mujer que vivía prácticamente confinada en su domicilio y que siempre acudía acompañada de una de sus cuidadoras.

La versión de los detenidos: “Seguimos su voluntad”

Las defensas niegan la existencia de una trama organizada y atribuyen el caso a un conflicto familiar con los sobrinos. Sostienen que la anciana necesitaba liquidez para cubrir los gastos de su atención —contaba con dos cuidadoras— y que fue ella quien pactó los pagos aplazados para “racionalizar” el ingreso de dinero.

Los abogados aseguran que actuaron conforme a los protocolos legales y que la mujer pasó por hasta tres notarios distintos, quienes certificaron su capacidad para firmar las operaciones. “Volvería a actuar de la misma forma. No hemos actuado a espaldas de nadie”, afirma uno de los letrados, que justifica los bajos precios por el estado de los inmuebles.

Un caso abierto con derivaciones penales graves

La anciana, que posee un patrimonio que llegó a incluir una treintena de propiedades, continúa siendo el eje de una investigación que no deja de ampliarse. Mientras el juez estudia si hubo intento de homicidio, la Policía mantiene el foco en un presunto abuso de vulnerabilidad, en un caso que ha sacudido a los ámbitos jurídico y notarial valencianos y que aún está lejos de cerrarse.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

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