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Una exdirectora del IVAM pide que suspendan su declaración tras salir a la luz el informe de la UDEF

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(EUROPA PRESS)-La declaración de la exdirectora del área técnico-artística del Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) Raquel Gutiérrez, prevista para este viernes, ha sido suspendida tras pedirlo ella al juez ante el último informe de la UDEF, que recoge correos electrónicos entre ella y el ex director económico de la institución Juan Carlos Lledó sobre las presuntas irregularidades en contrataciones del museo.

Gutiérrez estaba citada a declarar hoy, en calidad de investigada, en el Juzgado de Instrucción número 21 de València, que investiga irregularidades en la gestión del IVAM en la época en la que estaba dirigido por Consuelo Ciscar.

Sin embargo, su testimonio ha quedado suspendido después de que ella misma lo solicitara ante el último informe policial incorporado a la causa que recoge esquemas de Lledó con las irregularidades en los contratos del museo y que describió como ‘Los horrores del IVAM’. Estos esquemas se los remitió en 2008 por correo electrónico a Gutiérrez.

En concreto, Lledó le mandó un correo a Gutiérrez con el siguiente mensaje: «Para que te diviertas en tu periodo de lactancia, entre teta y teta, te mando los ‘horrores del IVAM’. Ya conoces el 1. Vamos coleccionándolos».

En este correo electrónico Lledó adjuntó tres tablas en Word tituladas ‘el ivam y otros animales.doc’ divididas con columnas y con especificaciones sobre las irregularidades cometidas en diferentes contrataciones.

En estas tablas se hace referencia, entre otras cuestiones, a una contratación por un evento de jazz en el que se dice textualmente: «Se tira todo para atrás, se vuelve a hacer falsificado y se adjudica cuando ya ha acabado el jazz». En otra relativa a ‘Peanas de Julio González’ se indica: «Se hace todo ‘a posteriori’ cambiando las fechas del expediente y de las Propuestas de Gasto (PG) y dejando como ofertas económicas los otros presupuestos solicitados en febrero». Y en relación a ‘Peanas Alquimia de los Herreros’ se lee claramente: «PG por 11.995,56 euros, evitando por 20 euros el procedimiento negociado sin publicidad y tramitándose como un menor».

Con estos documentos, la Policía estima que tanto Lledó como Gutiérrez «eran conocedores» de que se cometieron dolosamente irregularidades en al menos 27 contrataciones de servicios o proveedores realizados por el IVAM durante varios años.

LA CAUSA

En este procedimiento hay 13 investigados: Ciscar; su hijo, Rafael Blasco, conocido como ‘Rablaci’; Gutiérrez; Lledó; el exresponsable de Gestión Interna, Juan Bría; de Publicaciones, Norberto Martínez; Pilar Mundina, que ejercía como su asistenta personal en viajes; Jorge García Vallés, quien desempeñaba el cargo de técnico de acción exterior; María Ángeles Valiente, jefa de Departamento de Desarrollo en el IVAM; y el administrador de Valsatrans y Logística del Arte, Enrique Martínez.

Así mismo, figuran como investigados en la causa una extrabajadora de la SGAE en China y representante de la Shangai International Culture Association (SICA) y su marido, así como un fotógrafo, todos ellos por supuestamente utilizar recursos del museo para promocionar la carrera artística de ‘Rablaci’.

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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