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Solo el 0,1 % de vacunados ha tenido efectos adversos, ninguno preocupante

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Madrid, 9 feb (EFE).- El Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H) ha recibido 1.555 notificaciones de acontecimientos adversos entre el más de millón de personas vacunadas con los preparados de Pfizer/BioNTech y Moderna, el 0,1 % del total, y ninguno de ellos ha sido «motivo de preocupación».

Así consta en el segundo informe de Farmacovigilancia sobre vacunas COVID-19 coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) realizado con datos hasta el pasado 24 de enero; hasta ese día se habían administrado a 1.065.441 personas un total de 1.131.805 dosis, el 98 % de ellas de Pfizer y el resto de Moderna.

Siete de cada diez personas eran mujeres; por grupos de edad, el 73% corresponde a personas de entre 18 y 64 años y el 27 % a mayores de 65 años.

En este periodo se han contabilizado 1.555 notificaciones de acontecimientos adversos, lo que correspondería a 137 notificaciones por cada 100.000 dosis administradas; de ellas, el 89 % han sido comunicadas por profesionales sanitarios -el 53 % por personal médico y el 35 % de enfermería- y el 11 % por ciudadanos.

La mayoría de las notificaciones corresponden a mujeres (82 %) y a personas de entre 18 y 64 años (85 %).

Respecto a Comirnaty, que representa la inmensa mayoría de inmunizaciones, el documento señala que hasta ese día se habían inoculado 1.112.982 dosis del fármaco de Pfizer a 1.046.629 personas, -puesto que 66.353 completaron el ciclo-, que han dado lugar a 1.537 notificaciones de acontecimientos adversos.

Los trastornos generales como fiebre o dolor en la zona de inyección siguen siendo los más frecuentemente notificados, seguidos de los trastornos del sistema nervioso (mayoritariamente, cefaleas y mareos) y gastrointestinal (principalmente, náuseas y diarrea).

También se han contabilizado ocho casos de anafilaxia -el doble que en el primer informe-, una reacción adversa conocida y referenciada en la ficha técnica y el prospecto del fármaco, el 88 % de ellos en mujeres con una mediana de edad de 33 años.

En 5 de estos casos constaban antecedentes personales de urticaria o alergia a medicamentos o alimentos; en el 63 %, los síntomas se iniciaron en los primeros 30 minutos tras la vacunación y en el 75 % se administró adrenalina como tratamiento y todos los pacientes se recuperaron o estaban en recuperación en el momento de la notificación.

Sobre la vacuna de Moderna, el sistema de Farmacovigilancia detalla que las 18.823 dosis inyectadas hasta el 24 de enero han generado 18 notificaciones de acontecimientos adversos, lo que correspondería a 96 notificaciones por cada 100.000 dosis administradas.

Igualmente, la fiebre o el dolor en la zona de inyección han sido los más frecuentes, seguidos de los trastornos del sistema nervioso (mayoritariamente, cefaleas y mareos) y del sistema musculoesquelético (principalmente, dolor de la extremidad donde se administró la vacuna y artralgia).

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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