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València acogerá a cinco refugiados procedentes de Grecia

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(EFE).- Un total de 27 refugiados, la mayoría iraquíes y nueve de ellos menores, han llegado a España procedentes de Grecia dentro del programa de reubicación de solicitantes de asilo de la Unión Europea, y cinco de ellos serán acogidos en València.

Según ha informado el Ministerio del Interior en una nota, este grupo de refugiados, 18 de ellos iraquíes y 9 sirios, está integrado por nueve hombres, nueve mujeres y otros tantos menores y han llegado a las 12:30 al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con lo que son ya 2.688 los que están en nuestro país..

Desde allí, diez serán acogidos en Málaga, cinco en Córdoba, cinco en Valencia, cuatro en Madrid y tres en Granada.

Con ellos, España ha acogido ya a 2.688 solicitantes de protección internacional, de los que 1.328 lo han sido vía reubicación y 1.360 vía reasentamiento, de los que 425 procedían de Turquía y 935 de Líbano.

El Gobierno español asumió a través de dos acuerdos con la UE sellados en 2015 la acogida de 17.337 solicitantes de asilo y refugio, aunque recientemente el PP comunicó que la cifra quedaba en poco más de 11.200.

Aunque el plazo que se dio a los países europeos para cumplir sus acuerdos concluyó el pasado mes de septiembre, los compromisos siguen vigentes, y el Gobierno español ha manifestado reiteradamente su intención de continuar con los traslados de refugiados.

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Ábalos tras el registro de la UCO en su casa de València: «Lo único que les interesaba era el teléfono»

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El exministro José Luis Ábalos. EFE/Archivo

València, 10 de junio de 2025 – El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha manifestado su tranquilidad tras el registro realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su domicilio de València, en el marco de las diligencias judiciales relacionadas con el ‘caso Koldo’ y supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

El teléfono móvil, principal objetivo del registro

En declaraciones a los medios, Ábalos ha confirmado que el registro —que se prolongó durante más de nueve horas— tuvo como principal objetivo acceder al contenido de su teléfono móvil. “Lo único que les interesaba era el teléfono”, ha asegurado el exministro, quien también ha explicado que los agentes se llevaron memorias digitales que no pudieron copiar completamente en el momento y que podrá recuperar en los próximos días.

Ábalos ha añadido que no se siente inquieto por el procedimiento judicial:

«Más allá de las cosas íntimas, que espero que se preserven, mi móvil no registra una gran actividad desde hace tiempo. Todo lo que sea aclarar no me molesta. Así que estoy muy bien», declaró.

Diligencias ordenadas por el Tribunal Supremo

El registro se enmarca en unas diligencias secretas ordenadas por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga presuntas irregularidades en contratos adjudicados durante la pandemia. Según fuentes jurídicas, la actuación de la UCO se basa en un informe fechado el 5 de junio, cuya información clave aún no se ha hecho pública.

La operación también estaría relacionada con documentación entregada por Víctor de Aldama, empresario considerado como uno de los principales implicados en la trama del ‘caso Koldo’, que afecta a contratos vinculados al Ministerio de Transportes.

Documentación sobre obras públicas

Las mismas fuentes indican que la Guardia Civil buscaba documentación relacionada con obra civil, supuestamente amañada en procesos de licitación durante la etapa de Ábalos al frente del ministerio. El foco estaría en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, y en especial en proyectos gestionados por la Dirección General de Carreteras.

Ábalos insiste en su inocencia

José Luis Ábalos, que ya ha declarado ante el juez en dos ocasiones, ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia. En anteriores declaraciones, negó rotundamente haber recibido comisiones o beneficios personales a cambio de adjudicaciones.

El exministro también ha solicitado en otras fases del proceso la exclusión de la UCO de la investigación, alegando posibles filtraciones interesadas, aunque tanto el juez instructor como la Sala de Apelación del Supremo rechazaron sus peticiones y ratificaron la legalidad del procedimiento.

 

 

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