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València clama contra la sentencia de #La Manada: «No es abuso, es violación» #NoEsNo

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VALÈNCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) –

Una multitudinaria marcha ha recorrido este jueves el centro de València para protestar contra la sentencia de la conocida como ‘Manada’, reivindicar que este caso «no es abuso, es una violación» y rechazar la «justicia patriarcal».

Los manifestantes se han concentrado a las siete de la tarde frente al Ayuntamiento de València, al igual que en otras capitales españolas, tras conocer la sentencia que condena a nueve años de cárcel a los cinco miembros de ‘La Manada’ por un delito continuado de abuso sexual. La resolución les absuelve del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad por violación grupal en los San Fermines de 2016.

Pancartas como ‘Hermana, yo sí te creo’, ‘No es abuso, es violación’, ‘No es no’ o ‘La Manada somos nosotras’ han expresado la indignación de los participantes en la protesta contra la resolución judicial.

Junto a estas consignas, han coreado lemas como «Si tocan a una, nos tocan a todas», «La culpa es del que agrede siempre», «Tranquila, hermana, aquí está tu mamada», «No es un caso aislado, se llama patriarcado», «Ni borracha ni callada, ella no ha pedido nada» o «Con o sin ropa, mi cuerpo no se toca».

La marcha ha partido de la plaza del Ayuntamiento de València hasta acabar frente a la sede de la Delegación del Gobierno, en la céntrica calle Colón, donde los manifestantes han exclamado que «esta sentencia es una vergüenza», además de insistir en gritar «basta» a la justicia patriarcal y repetir que este caso «no es abuso, es violación».

A la protesta han acudido representantes políticos como la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad, Mónica Oltra; la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València y secretaria del PSPV local, Sandra Gómez, o el secretario general de Podem, Antonio Estañ, entre otros.

OLTRA DEFIENDE QUE ES UN «CASO CLARO» DE VIOLACIÓN
Oltra, en declaraciones a los medios, ha manifestado que ha acudido a la protesta «sobre todo como mujer» porque no entiende «que en un caso tan claro de agresión sexual además de violación se haya dictado una sentencia de abuso sexual».

«Tenemos una situación de una mujer de 18 años, que es casi una niña», ha recordado, antes de condenar que «se considere que no ha habido intimidación ni violencia» cuando «cinco hombres la amedrentan y la metan en un espacio cerrado y la violan continuadamente de todas las maneras que se puede violar una mujer».

Ha mostrado así su rechazo a «una sociedad que todavía les exige a las mujeres que para que haya violación poco menos que tengan que arriesgar su vida». «Cuando una mujer, en un momento dado, prefiere preservar su vida a resistirse y jugarse la vida, resulta que unos señores deciden que no hay violación», ha criticado.

La intimidación y la violencia «tienen que ver con el miedo a que te maten, porque muchas violaciones acaban en asesinato», ha subrayado. Oltra ha censurado que, «cuando una mujer lo que quiere es que pase cuanto antes y no la matan», «se diga que es un abuso». «Me ahorro la opinión que me merece el voto particular, creo que se excede del ámbito judicial y tendríamos que ir a otro ámbito», ha agregado.

Y ha zanjado: «No creo que tengamos que construir una sociedad en la que las mujeres tienen que poner en riesgo su vida e integridad física para que un tribunal reconozca que, cuando una mujer no quiere mantener relaciones sexuales, no es no».

INTIMIDACIÓN OBVIA
En la misma línea se ha pronunciado la socialista Sandra Gómez, que ha puesto en valor que «toda la sociedad se ha manifestado para decirle basta a una justicia que no ve con los ojos que debería casos como este, que objetivamente no se ha tratado con la justicia que debería».

A su juicio, «cualquiera se puede imaginar que cuando tienes 18 años y te ves rodeada de hombres es obvio y objetivo que hay una intimidación». Gómez ha reivindicado que «hay que cambiar esta sociedad y uno de los pilares fundamentales es el de la justicia», porque «es incomprensible una sentencia o resolución que hable de estos términos importante como se ve un tribunal de tres hombres que juzgan a una niña de 18 años, queda mucha educación aún, incluso a quien representa uno de los poderes del estado».

De Podemos, Estañ ha señalado que «la sentencia y resolución de un caso tan traumático pone de manifiesto la distancia que hay entre muchas instituciones, la visión machista de las mismas y la sociedad». «El mensaje que lanza es terrible», ha lamentado.

En este sentido, ha abogado por una «revisión profunda de lo que significa la Justicia, el papel de los jueces y las instituciones en algo tan lamentable como la violencia machista», revisión que pasaría por «introducir una visión de género en la Justicia que no existe», ha concluido.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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