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València clama contra la sentencia de #La Manada: «No es abuso, es violación» #NoEsNo

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VALÈNCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) –

Una multitudinaria marcha ha recorrido este jueves el centro de València para protestar contra la sentencia de la conocida como ‘Manada’, reivindicar que este caso «no es abuso, es una violación» y rechazar la «justicia patriarcal».

Los manifestantes se han concentrado a las siete de la tarde frente al Ayuntamiento de València, al igual que en otras capitales españolas, tras conocer la sentencia que condena a nueve años de cárcel a los cinco miembros de ‘La Manada’ por un delito continuado de abuso sexual. La resolución les absuelve del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad por violación grupal en los San Fermines de 2016.

Pancartas como ‘Hermana, yo sí te creo’, ‘No es abuso, es violación’, ‘No es no’ o ‘La Manada somos nosotras’ han expresado la indignación de los participantes en la protesta contra la resolución judicial.

Junto a estas consignas, han coreado lemas como «Si tocan a una, nos tocan a todas», «La culpa es del que agrede siempre», «Tranquila, hermana, aquí está tu mamada», «No es un caso aislado, se llama patriarcado», «Ni borracha ni callada, ella no ha pedido nada» o «Con o sin ropa, mi cuerpo no se toca».

La marcha ha partido de la plaza del Ayuntamiento de València hasta acabar frente a la sede de la Delegación del Gobierno, en la céntrica calle Colón, donde los manifestantes han exclamado que «esta sentencia es una vergüenza», además de insistir en gritar «basta» a la justicia patriarcal y repetir que este caso «no es abuso, es violación».

A la protesta han acudido representantes políticos como la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad, Mónica Oltra; la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València y secretaria del PSPV local, Sandra Gómez, o el secretario general de Podem, Antonio Estañ, entre otros.

OLTRA DEFIENDE QUE ES UN «CASO CLARO» DE VIOLACIÓN
Oltra, en declaraciones a los medios, ha manifestado que ha acudido a la protesta «sobre todo como mujer» porque no entiende «que en un caso tan claro de agresión sexual además de violación se haya dictado una sentencia de abuso sexual».

«Tenemos una situación de una mujer de 18 años, que es casi una niña», ha recordado, antes de condenar que «se considere que no ha habido intimidación ni violencia» cuando «cinco hombres la amedrentan y la metan en un espacio cerrado y la violan continuadamente de todas las maneras que se puede violar una mujer».

Ha mostrado así su rechazo a «una sociedad que todavía les exige a las mujeres que para que haya violación poco menos que tengan que arriesgar su vida». «Cuando una mujer, en un momento dado, prefiere preservar su vida a resistirse y jugarse la vida, resulta que unos señores deciden que no hay violación», ha criticado.

La intimidación y la violencia «tienen que ver con el miedo a que te maten, porque muchas violaciones acaban en asesinato», ha subrayado. Oltra ha censurado que, «cuando una mujer lo que quiere es que pase cuanto antes y no la matan», «se diga que es un abuso». «Me ahorro la opinión que me merece el voto particular, creo que se excede del ámbito judicial y tendríamos que ir a otro ámbito», ha agregado.

Y ha zanjado: «No creo que tengamos que construir una sociedad en la que las mujeres tienen que poner en riesgo su vida e integridad física para que un tribunal reconozca que, cuando una mujer no quiere mantener relaciones sexuales, no es no».

INTIMIDACIÓN OBVIA
En la misma línea se ha pronunciado la socialista Sandra Gómez, que ha puesto en valor que «toda la sociedad se ha manifestado para decirle basta a una justicia que no ve con los ojos que debería casos como este, que objetivamente no se ha tratado con la justicia que debería».

A su juicio, «cualquiera se puede imaginar que cuando tienes 18 años y te ves rodeada de hombres es obvio y objetivo que hay una intimidación». Gómez ha reivindicado que «hay que cambiar esta sociedad y uno de los pilares fundamentales es el de la justicia», porque «es incomprensible una sentencia o resolución que hable de estos términos importante como se ve un tribunal de tres hombres que juzgan a una niña de 18 años, queda mucha educación aún, incluso a quien representa uno de los poderes del estado».

De Podemos, Estañ ha señalado que «la sentencia y resolución de un caso tan traumático pone de manifiesto la distancia que hay entre muchas instituciones, la visión machista de las mismas y la sociedad». «El mensaje que lanza es terrible», ha lamentado.

En este sentido, ha abogado por una «revisión profunda de lo que significa la Justicia, el papel de los jueces y las instituciones en algo tan lamentable como la violencia machista», revisión que pasaría por «introducir una visión de género en la Justicia que no existe», ha concluido.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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