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València se atasca por culpa de más de 5.000 toneladas de toallitas

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El concejal de Ciclo Integral del Agua, Vicent Sarrià, ha anunciado durante el XXXV Congreso de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) que la inversión planificada en actuaciones en el saneamiento municipal, centrada en la reparación, adaptación y cumplimiento de la normativa, se divide en tres fases situadas entre 2020 y 2035 con un importe total de 162,47 millones de euros.

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de realizar campañas de concienciación respecto a tirar deshechos al inodoro, ya que «se han gastado 8 millones de euros durante los dos últimos años en lo que mecánicamente consiste en la desobstrucción del Colector Norte, y seguramente se alcancen los 10 millones cuando acabe el proceso». Desde que iniciaron los trabajos de limpieza se han extraído 5.000 toneladas de residuos.

Para realizar la inversión, «abrimos una vía a través del Banco Europeo de Inversiones (BCI) para obtener una financiación del 50%. Creemos que conseguiremos, al menos, parte de esa financiación que, en 15 años, nos permitiría acometer una renovación integral en la red de saneamiento»

La Fase 1 de la planificación, contemplada entre los años 2020 y 2014, comienza con la reparación y adecuación del Colector Norte por un importe de 11,6 millones de euros. Además, contempla la ejecución de 4 depósitos de tormenta, el desdoblamiento del Colector Sur en el puente del 9 d’Octubre, la adaptación y desvío del sistema Valladar-Rovella, la renovación de equipamientos en instalaciones electromecánicas (IE) y la redacción de proyectos, dirección de obra y coordinación. Todo ello supone una inversión de 54,18 millones de euros.

Respecto al importe de la Fase 2, prevista a ejecutar entre 2025 y 2030, alcanza los 52,44 millones de euros. Este periodo incluye el acondicionamiento del Azarbe, el depósito Huerto San Valero, , adaptación del saneamiento Torrefiel-Norte, el colector situado en la calle Pintor Ferrandis, el saneamiento de Cabanyal Norte y el barrio de Beteró; y, como en la anterior fase, la renovación de equipamientos en IE y la redacción de proyectos, dirección de obra y coordinación.

En cuanto a la Fase 3, su importe asciende a 55,85 millones de euros y se desarrollará entre 2030 y 2035. Además de la redacción de proyectos, dirección de obra y coordinación que también tiene lugar en los otros periodos, contempla el depósito y el colector de la avenida del Cardenal Benlloch, el colector de pluviales del viejo cauce en el tramo Azud del Oro-Puente de Astilleros, el colector de la avenida Mediterráneo y el saneamiento del barrio de Orriols.

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN

El edil ha recalcado la necesidad de aumentar las campañas de concienciación e información. Al haberse observado el elevado uso de toallitas por parte de la ciudadanía más joven, se realizan este tipo de actuaciones en colegios, «a través de experimentos y simulaciones, donde se perciben los efectos de hábitos como tirar toallitas al inodoro como si se tratara de una papelera. Estas acciones tienen un efecto multiplicador en las familias».

En este sentido, Vicent Sarrià también ha señalado la necesidad de que las empresas comercialicen nuevos tipos de toallitas que, «sin ser inocuas, son menos nocivas». En definitiva, «es imprescindible incrementar las actuaciones que, desgraciadamente son necesarias desde hace años pero que, a partir de 2012, debido a dejó de invertir debido a los recortes».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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