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Valencia

Varias gasolineras de la Comunitat subieron los precios según denuncia Facua

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Sevilla/València, 13 abr (OFFICIAL PRESS/EFE).- Facua ha presentado ante las autoridades de consumo de trece comunidades autónomas, entre ellas la valenciana (con 32), denuncias contra 230 gasolineras que subieron los precios del combustible cinco céntimos o más el 1 de abril, día en que entraron en vigor los descuentos aprobados durante los próximos tres meses por el Consejo de Ministros.

Por provincias, Valencia suma 20 estaciones de servicio denunciadas, 11 en Alicante y 1 en Castellón, según Facua, que ha presentado ya sus denuncias ante las autoridades de consumo y competencia de la Comunitat Valenciana.

Toledo, Valencia y Sevilla son las provincias con más estaciones de servicio denunciadas.

Ante la falta de respuesta del Ministerio de Consumo y la incógnita de si habrá trasladado los hechos a las comunidades autónomas, Facua ha optado por dirigirse directamente a sus administraciones de protección al consumidor, que tienen potestad sancionadora, ha explicado la asociación de consumidores.

Las denuncias han sido interpuestas ante las direcciones generales, agencias e institutos de consumo de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra.

Facua también ha denunciado los hechos ante las ocho agencias de la competencia autonómicas con competencias sancionadoras: Andalucía, Aragón, Cataluña, Euskadi, Extremadura, Galicia, Castilla y León y Comunitat Valenciana y el pasado 6 de abril puso las subidas en conocimiento del Ministerio de Consumo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Además de determinar si cada gasolinera denunciada debe ser sancionada, Facua considera necesario investigar también si en determinadas provincias se han producido pactos para aplicar las subidas de forma paralela.

En la mañana del 1 abril, las estaciones de servicio denunciadas aplicaron incrementos de al menos 5 céntimos, que es el recorte de márgenes que tiene que aportar el sector, según establece el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Así, 208 de las más de 5.000 gasolineras que actualizaron sus precios y se los comunicaron al Ministerio para la Transición Ecológica en la mañana del 1 de abril aplicaron subidas de 5 céntimos o superiores en los precios del gasóleo, y en cuanto a la gasolina 95 la subida de 5 céntimos o más se produjo en 171 estaciones de servicio.

La asociación obtuvo los datos en las mañanas de los días 31 de marzo y 1 de abril a través de la web Geoportal, perteneciente al citado ministerio.

Por comunidades, Andalucía es la región con mayor número de estaciones denunciadas, 65; Castilla-La Mancha ocupa la segunda posición, con 46 gasolineras; Extremadura, con 21 gasolineras; Cataluña, con 18; Murcia, diez; Aragón 10; seis en la Comunidad de Madrid y cuatro en Navarra y Galicia, y una en Euskadi y otra en el Principado de Asturias.

De las 230 estaciones de servicio denunciadas, 26 pertenecen a Repsol, seguida de ES Carburantes, con doce, de Farruco SA, con diez, seguidas de Cepsa, con ocho gasolineras, Galp con siete, MaxOil con 6 y BP con 4, entre otras.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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