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VÍDEO| Así ha desmantelado la Policía un sistema de radares de un grupo de narcos para detectar la presencia policial

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Agentes de la Policía Nacional ha desmantelado un sistema de radares utilizado por un grupo de narcos para detectar la presencia policial en la costa de Cádiz. La infraestructura localizada en dos viviendas de La Línea de la Concepción, estaba formada por dos antenas que les permitían conocer la localización de las patrulleras policiales o de los helicópteros de vigilancia de las fuerzas de seguridad y así informar en tiempo real a las embarcaciones cargadas de hachís que pretendían alijar en las playas gaditanas. Se han realizado 16 registros en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción y dos más en las localidades malagueñas de Manilva y Estepona, en los que se han intervenido cuatro armas de fuego, tres narcoembarcaciones, numerosos vehículos todoterreno y más de 50.000 euros en efectivo. El operativo desplegado por la Policía Nacional ha culminado con la detención de 10 personas en La Línea de la Concepción.

Alijos de hachís en las costas gaditanas

La investigación se inició a finales de 2016 a raíz de las informaciones recabadas sobre la actividad desarrollada por un grupo organizado de personas especializado en transportar fardos de hachís desde Marruecos hasta España. Fruto de las gestiones realizadas, los agentes constataron que la organización estaba perfectamente jerarquizada con un claro reparto de tareas y con la existencia de unos jefes que asumían el mando de la dirección sobre los responsables de las embarcaciones. Estos últimos se encargaban de todo lo relacionado con la adquisición, transporte y puesta a punto de las narcoembarcaciones, gestión de la tripulación, combustible, así como de otras embarcaciones utilizadas para el avituallamiento.

Los pilotos y tripulantes se encargaban de transportar el hachís vía marítima hasta llegar a las costas gaditanas donde los porteadores eran los que alijaban el hachís desde las embarcaciones hasta los vehículos de carga, para ser posteriormente trasladado hasta las zonas de “guarderías”. La droga tras ser almacenada en las naves industriales era custodiada por los “guardadores” hasta su distribución.

Radares en viviendas costeras

Toda esta infraestructura organizativa se apoyaba en una red de alerta formada por los responsables de seguridad de los alijos, quienes se encargaban del entramado de colaboradores cuya tarea consistía en advertir la presencia policial. La organización también disponía de numerosos teléfonos satélites, equipos de transmisión y teléfonos móviles los cuales eran utilizados para mantener una comunicación segura cuando la organización iba a introducir un alijo de hachís.

La organización criminal contaba con una infraestructura de contravigilancia con radares, que estaban instalados en altura en el interior de dos viviendas situadas frente a la costa en La Línea de la Concepción. Estos radares eran utilizados para controlar la presencia en el mar de las patrulleras de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando las narcoembarcaciones pretendían alijar en las playas linenses y de este modo asegurar que los alijos se realizasen con todas las garantías. La peculiaridad de estos radares es que, según su orientación, además de la detección a nivel terrestre o marítimo tendrían la posibilidad de orientarse hacia el espacio aéreo para detectar la presencia de los helicópteros policiales que participan en los dispositivos al efecto.

Además de esta función, realizaban el control técnico de los posicionamientos de todas la personas que se situaban a lo largo de la costa realizando tareas de “punto de vigilancia”, a través de los cuales personas del escalón bajo de la organización controlaban la presencia y movimiento de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

De este modo, como quiera que el radar les permitía en todo momento tener conocimiento de la localización tanto de las patrulleras de las fuerzas y cuerpos de seguridad como de las narcoembarcaciones cargadas de hachís, y los “puntos” les informaban continuamente de la localización de cada una de las patrullas policiales que estaban operando en tierra, obtenían la información suficiente para informar a los jefes de las organizaciones acerca del momento exacto en que debían de dar la orden para alijar.

Los encargados del manejo de los radares eran contratados por las organizaciones criminales para coordinar y dirigir la seguridad de todos los operativos de introducción de hachís, ya que precisaban de personas con conocimientos técnicos específicos para su manejo.

Operativo final con 10 detenidos y 18 registros

La investigación ha culminado con un amplio dispositivo policial en virtud del cual se han practicado un total de 18 registros. Como resultado de todos ellos se ha procedido a la detención de 10 miembros y a la aprehensión de dos radares, la intervención de 4 armas de fuego -una de ellas semiautomática-, la aprehensión de diversa cantidad de sustancia estupefaciente, efectos y documentación relacionada con el hecho delictivo además de 50.000 euros, tres narcoembarcaciones y numerosos vehículos todoterreno. En fases anteriores de esta investigación se han intervenido alrededor de 70.000 kilos de hachís, más de 230 vehículo y 18 armas de fuego.

El juzgado competente ha sido el de Instrucción número tres de la Línea de la Concepción (Cádiz). Los tres cabecillas de la organización han ingresado ya en prisión y el resto se encuentran en libertad con cargos. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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