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VÍDEO| Pillan a Irene Montero admitiendo que el miedo al coronavirus llevó menos gente al 8-M: «Pues tía, creo que al coronavirus, pero no lo voy a decir»

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Irene Montero podemos

Este lunes han salido a la luz unas imágenes de la ministra de Igualdad, Irene Montero, reconociendo el pasado 9 de marzo que creía que el descenso de participantes en la manifestación feminista del 8-M se debió «al coronavirus», una percepción que prefirió no reconocer en público. «No lo voy a decir porque quiero ser muy prudente porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación muy basada en los datos médicos». Estas declaraciones han sido recogidas por el diario ABC y forman parte del material bruto (grabación completa) de una entrevista de Montero a la ETB en la que contestaba a la periodista sobre las bajada de cifras de asistentes a la manifestación que creía que se debía al coronavirus, ya que había un «sentimiento generalizado de pánico».

El vídeo ha provocado un auténtico revuelo, dada la gravedad de las declaraciones en las que reconoce que el riesgo de contagio por coronavirus era real. Una teoría que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado tapar y defender pero hoy, con esta prueba gráfica, queda claro que no era así. El vídeo se ha hecho muy viral en las redes sociales.

La ministra explicaba que el Gobierno estaba intentando «no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay porque incluso hay países europeos que ya están tomando medidas drásticas. La capacidad real de control que están teniendo es muy limitada tomando medidas superdrásticas».

Además, Irene Montero reconocía que los participantes de la manifestación se acercaban a ella para saludarla: «es que esto es ya cierre del Ministerio, porque la gente todo el rato: ‘un beso ministra’, ‘¿te puedo dar un beso?’, ‘bueno, dicen del coronavirus pero da igual'». «Y es como, la mano no… justo la mano no», aseguraba la ministra, consciente del peligro del contagio de coronavirus.

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Hoy se decide si Ábalos y Koldo entran en prisión antes del juicio por la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo examina este jueves un punto crítico del llamado caso Koldo. El magistrado Leopoldo Puente ha citado a declarar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García para evaluar si deben ingresar en prisión preventiva mientras se acerca el juicio por las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia.

✔ Acusaciones populares piden prisión preventiva

Varias acusaciones populares, entre ellas la liderada por el Partido Popular, solicitan que ambos imputados pasen a situación de prisión provisional al considerar que existen riesgos procesales —como destrucción de pruebas o posible fuga— ahora que la causa se encuentra “a un paso de juicio”.

La comparecencia ante el juez Puente será determinante para valorar si mantienen la libertad actual o si el tribunal adopta medidas más severas antes de la apertura del juicio oral.

✔ Ábalos y Koldo, cada vez más cercados por la instrucción

La investigación judicial ha avanzado hasta estrechar el cerco sobre Ábalos y Koldo García, señalados en el epicentro de una supuesta red de comisiones y contratos irregulares vinculados a material sanitario en los peores meses de la pandemia.

La causa, que afecta también a otros ex altos cargos y empresarios, ha ido sumando indicios que, según las acusaciones, justificarían endurecer las medidas cautelares ante la inminencia de la siguiente fase procesal.

✔ Una cita decisiva en el Supremo

La comparecencia prevista para mañana se perfila como una de las sesiones más relevantes del caso:

  • Si el magistrado estima las peticiones, Ábalos y García podrían entrar en prisión de forma inmediata.

  • Si las rechaza, ambos seguirán en libertad a la espera de juicio, aunque con la posibilidad de nuevas medidas como retirada de pasaporte o comparecencias periódicas.

La decisión del Supremo marcará el rumbo final de un procedimiento que ha tenido un fuerte impacto político y mediático.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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