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Un nuevo violador en libertad en la Comunitat tras aplicar la ley ‘solo sí es sí’

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Un nuevo violador en libertad en la Comunitat tras aplicar la ley 'solo sí es sí'
Imagen de archivo de la entrada principal de la Audiencia Provincial de Alicante . EFE/Morell

Alicante, 20 dic (OFFICIAL PRESS/EFE).- La Audiencia de Alicante ha acordado la excarcelación de un segundo hombre condenado por agresión sexual, en esta caso por violar a su expareja, tras aplicar los nuevos criterios recogidos en la conocida como ley del ‘solo sí es sí’.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) han informado este martes de trece autos dictados recientemente por diferentes secciones de la Audiencia Provincial de Alicante «en las que se acuerda la revisión de condenas para penados por delitos contra la integridad sexual en aplicación de la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 6/22″.

En concreto, uno de los autos facilitados por el TSJCV conlleva la excarcelación inmediata del reo (el hombre condenado por violar a su expareja).

Según el TSJCV, con estas resoluciones ya son quince las modificaciones de condenas (en dos casos con excarcelación del penado) dictadas hasta la fecha por la Audiencia alicantina.

El segundo auto de excarcelación ha sido dictado por la Sección Primera de la Audiencia en relación con un hombre condenado en sentencia firme en diciembre de 2013 a 9 años y un día de prisión por un delito de agresión sexual con la agravante de parentesco. Esa era la pena mínima prevista entonces para ese tipo de hechos delictivos.

No obstante, con la entrada en vigor de la nueva legislación, la condena queda rebajada a siete años de cárcel. De ahí que el tribunal haya resuelto la inmediata excarcelación del reo, puesto que ya habría cumplido ese tiempo de condena.

El tribunal invoca la reciente sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 29 de noviembre de 2022, en el marco del denominado ‘caso Arandina’ y señala que el fundamento de esta reducción se encuentra en que se le impuso una condena con base en el mínimo legal que contempla este delito.

De esta forma, al ser más favorable para él, ahora aplica la pena mínima que contempla para el mismo delito el Código Penal tras la reciente reforma operada por la Ley 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual.

“A los penados asiste siempre el derecho a que se les aplique la norma más beneficiosa, aunque sea posterior al momento de dictarse sus condenas, por lo que en el supuesto de autos procede la revisión de la condena impuesta en la sentencia por el delito previsto en los artículos 178,179 y 23 del Código Penal» y la reducción de la pena impuesta por ese delito, precisan los magistrados.

Además, en otros cuatro autos dictados por tribunales de las secciones Séptima, Segunda y Tercera se acuerda igualmente la reducción de las penas impuestas a otros tantos condenados hasta rebajarlas de los seis a los cuatro años de privación de libertad.

En otra resolución, la aplicación de la nueva ley permite rebajar de diez a nueve años la pena establecida inicialmente para otro condenado por violación, mientras que, en otra ocasión, otro tribunal de la Sección Segunda modifica el castigo establecido inicialmente de nueve años de internamiento a ocho.

Otro auto dictado por la misma sección reduce la pena inicial para un condenado de cinco a dos años, y en respuesta a otro recurso, otro tribunal deja en ocho la condena de nueve años de prisión establecida en la sentencia original.

Además, en las tres últimas resoluciones facilitadas por el TSJCV se reduce de cuatro a dos años y once meses la condena a otro procesado al que se había considerado autor de un delito de agresión sexual; de once a diez años respecto a otro penado y de ocho a seis años para un último autor del delito de agresión sexual.

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Así era la estafa del combustible: una red criminal suplantaba empresas para defraudar

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La Guardia Civil desarticula una organización que operaba en Alicante, Murcia y Almería mediante fraude de identidad corporativa y venta ilegal de gasóleo

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas relacionadas con combustible que llegó a defraudar cerca de 200.000 euros en varias provincias españolas, entre ellas Alicante.

La operación, bautizada como ‘Motorina Blue-Eleca’, se ha saldado con 15 detenidos y la recuperación de 18.000 litros de gasóleo, según han informado fuentes oficiales.


Así funcionaba la estafa del combustible

El entramado criminal operaba entre julio y noviembre de 2025 mediante un método cada vez más habitual: la suplantación de identidad de empresas reales.

Los estafadores obtenían de forma ilícita datos de compañías de distintas provincias —como Almería, Alicante, Albacete, Badajoz o Madrid— y utilizaban esa información para:

  • Contratar tarjetas de combustible online
  • Realizar pedidos de gasóleo y material
  • Evitar el pago de las facturas

De este modo, las deudas recaían sobre las empresas suplantadas, mientras la organización obtenía beneficios revendiendo el combustible.


Reventa de gasóleo a bajo precio

Una vez conseguido el carburante, los miembros de la red lo vendían en el mercado ilegal a precios muy inferiores a los habituales.

Para ello contaban con la colaboración de terceros:

  • Empresarios que compraban el combustible por unos 1 euro por litro
  • Transportistas que utilizaban camiones y furgonetas con grandes depósitos
  • Contenedores con capacidad de hasta 1.000 litros para maximizar el traslado

Este sistema les permitía obtener beneficios rápidos y dificultar el rastreo del fraude.


Una organización perfectamente estructurada

La investigación ha revelado que el grupo tenía una estructura jerárquica bien definida:

  • Captadores: conseguían la documentación de empresas reales
  • Operadores digitales: realizaban las contrataciones fraudulentas
  • Colaboradores: compraban y distribuían el combustible

A los detenidos se les imputan delitos de organización criminal, falsedad documental, usurpación de estado civil y fraude de identidad corporativa.


Investigación en varias provincias

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Almería y el área de investigación de Novelda (Alicante), bajo la dirección de un juzgado de Vera.

El caso pone de relieve el aumento de este tipo de estafas, en las que los delincuentes aprovechan la digitalización de los servicios para suplantar empresas y generar deudas difíciles de detectar a tiempo.

 

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