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Un nuevo violador en libertad en la Comunitat tras aplicar la ley ‘solo sí es sí’

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Un nuevo violador en libertad en la Comunitat tras aplicar la ley 'solo sí es sí'
Imagen de archivo de la entrada principal de la Audiencia Provincial de Alicante . EFE/Morell

Alicante, 20 dic (OFFICIAL PRESS/EFE).- La Audiencia de Alicante ha acordado la excarcelación de un segundo hombre condenado por agresión sexual, en esta caso por violar a su expareja, tras aplicar los nuevos criterios recogidos en la conocida como ley del ‘solo sí es sí’.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) han informado este martes de trece autos dictados recientemente por diferentes secciones de la Audiencia Provincial de Alicante «en las que se acuerda la revisión de condenas para penados por delitos contra la integridad sexual en aplicación de la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 6/22″.

En concreto, uno de los autos facilitados por el TSJCV conlleva la excarcelación inmediata del reo (el hombre condenado por violar a su expareja).

Según el TSJCV, con estas resoluciones ya son quince las modificaciones de condenas (en dos casos con excarcelación del penado) dictadas hasta la fecha por la Audiencia alicantina.

El segundo auto de excarcelación ha sido dictado por la Sección Primera de la Audiencia en relación con un hombre condenado en sentencia firme en diciembre de 2013 a 9 años y un día de prisión por un delito de agresión sexual con la agravante de parentesco. Esa era la pena mínima prevista entonces para ese tipo de hechos delictivos.

No obstante, con la entrada en vigor de la nueva legislación, la condena queda rebajada a siete años de cárcel. De ahí que el tribunal haya resuelto la inmediata excarcelación del reo, puesto que ya habría cumplido ese tiempo de condena.

El tribunal invoca la reciente sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 29 de noviembre de 2022, en el marco del denominado ‘caso Arandina’ y señala que el fundamento de esta reducción se encuentra en que se le impuso una condena con base en el mínimo legal que contempla este delito.

De esta forma, al ser más favorable para él, ahora aplica la pena mínima que contempla para el mismo delito el Código Penal tras la reciente reforma operada por la Ley 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual.

“A los penados asiste siempre el derecho a que se les aplique la norma más beneficiosa, aunque sea posterior al momento de dictarse sus condenas, por lo que en el supuesto de autos procede la revisión de la condena impuesta en la sentencia por el delito previsto en los artículos 178,179 y 23 del Código Penal» y la reducción de la pena impuesta por ese delito, precisan los magistrados.

Además, en otros cuatro autos dictados por tribunales de las secciones Séptima, Segunda y Tercera se acuerda igualmente la reducción de las penas impuestas a otros tantos condenados hasta rebajarlas de los seis a los cuatro años de privación de libertad.

En otra resolución, la aplicación de la nueva ley permite rebajar de diez a nueve años la pena establecida inicialmente para otro condenado por violación, mientras que, en otra ocasión, otro tribunal de la Sección Segunda modifica el castigo establecido inicialmente de nueve años de internamiento a ocho.

Otro auto dictado por la misma sección reduce la pena inicial para un condenado de cinco a dos años, y en respuesta a otro recurso, otro tribunal deja en ocho la condena de nueve años de prisión establecida en la sentencia original.

Además, en las tres últimas resoluciones facilitadas por el TSJCV se reduce de cuatro a dos años y once meses la condena a otro procesado al que se había considerado autor de un delito de agresión sexual; de once a diez años respecto a otro penado y de ocho a seis años para un último autor del delito de agresión sexual.

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Detenidos dos abogados y un notario muy conocido en València por expoliar el patrimonio de una anciana con alzhéimer

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados y un notario, acusados de expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. La operación también se ha saldado con el arresto de la cuidadora de la anciana y del comprador de los inmuebles, con un beneficio ilícito estimado en unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.


Ventas irregulares y patrimonio enajenado

La investigación se inició en junio de 2025, tras la denuncia presentada por la familia de la víctima, que alertó de la dificultad creciente para contactar con la anciana y mantener encuentros presenciales. Ante la sospecha, los familiares consultaron el Registro de la Propiedad y comprobaron que todos los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un breve periodo de tiempo.

Las pesquisas revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados, que actuaban simultáneamente como letrados del comprador, lo que dejó a la vendedora en una situación de total indefensión. Las ventas se cerraron por importes muy inferiores al valor real de mercado.


El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las transacciones se formalizaron ante el mismo notario, encargado de dar validez legal a las operaciones. Incluso en la venta del piso donde residía la afectada, transmitido en régimen de nuda propiedad, se impusieron condiciones especialmente gravosas, que incluían la posible pérdida del usufructo.

Los investigadores también constataron que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir el usufructo de la vivienda, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía allí, cuando en realidad era su domicilio habitual.

Por su parte, la cuidadora, considerada una figura de gran influencia sobre la anciana, fue incluida en el testamento y era la encargada de extraer dinero de las cuentas bancarias de la víctima.


Beneficio económico y delitos investigados

Como consecuencia de todas estas actuaciones, los implicados habrían obtenido un beneficio económico cercano a los 785.000 euros. Durante una hospitalización de la mujer, los agentes llegaron a detectar presencia de sustancias tóxicas en su organismo, un extremo que agravó las sospechas sobre su entorno más cercano.

Los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales y todos han pasado a disposición judicial.

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