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Ximo Puig confía en su partido pero «si ha habido alguna irregularidad, se asumirá»

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VALÈNCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha manifestado este jueves, en relación con la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc en 2007 que se investiga judicialmente, que hay que esperar a que «se clarifiquen» los hechos, aunque espera que durante esos años se actuara de una manera correcta. «Tengo confianza, pero si en algún caso ha habido alguna situación irregular se asumirán las responsabilidades», ha subrayado.

Así lo ha indicado Puig a los medios de comunicación, antes de realizar una visita a las cofradías de la Semana Santa Marinera de València, al ser preguntado por si en el PSPV «se han falseado facturas» tras la investigación por supuesta financiación irregular.

Al respecto, el líder de los socialistas valencianos ha insistido en que el partido «no tiene más conocimiento» de los hechos que lo que se ha publicado en los medios de comunicación porque «en ningún caso la justicia se ha dirigido al PSOE».

Sin embargo, ha puntualizado que la formación dará «todo el apoyo» a la justicia y a la policía para «que se esclarezca si ha habido algún comportamiento erróneo hace más de una década». En caso de que así sea, ha subrayado que «se asumirán todas las responsabilidades».

«Nosotros damos una respuesta nítida y tolerancia cero a los comportamiento irregulares y la corrupción política. Lo único que necesitamos es tener la información adecuada y tomar las decisiones», ha señalado para considerar que el PP, que ha sido el que ha presentado la denuncia, «ha judicializado esta cuestión». «Nosotros ni atacamos a los jueces, fiscales ni a la policía ni a los periodistas que era la táctica del PP», ha apuntado.

«QUE SE ESCLAREZCA LA CUESTIÓN CON GARANTÍAS»
Para Puig, lo importante ahora es que se esclarezca esta cuestión «con garantías jurídicas» porque no tienen «nada que ocultar» y van a defender «lo que es fundamental en la democracia que es la transparencia».

Insistido por si le «preocupa» que con esta investigación se pueda demostrar que el PSPV ha llevado a cabo las mismas prácticas que tanto se le han criticado al PP, ha negado este extremo y ha subrayado que es «absolutamente consciente» de que durante los años que él ha sido secretario general del PSPV «se ha actuado de una manera absolutamente correcta».

«Del pasado no lo sé, pero yo espero que sí. Tengo confianza, pero si en algún caso ha habido alguna situación irregular se asumirán las responsabilidades. Lo que no se puede es tener una doble vara de medir y yo nunca la voy a tener y desde luego asumiremos la responsabilidad política y lo digo desde un cambio de paradigma del comportamiento frente a situaciones de estas características», ha insistido.

Ha admitido que detrás de esta denuncia del PP «hay una serie de comportamientos no precisamente ejemplares», pero ha reiterado que hay que ver «la realidad de los hechos» y cuando estén «clarificados» tomarán «las decisiones oportunas». «En este momento lo que queremos es que se clarifique hasta el último de los detalles», ha subrayado Puig.

Para ello, ha indicado que el PSPV va a establecer una comisión de recogida de datos para ver «si hay algún elemento» que puedan aportar cuando la justicia se lo pida, porque hasta hoy «no ha habido ningún tipo de comunicación». «Vamos a recopilar todos los datos que obren en disposición del partido», ha zanjado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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