EFE/OP. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha propuesto este miércoles un impuesto, u otra «herramienta» de aportación, específico para las rentas altas de la Comunidad de Madrid que compensen los beneficios de la capitalidad frente a otros territorios.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, al que han asistido cuatro ministros, el president ha lanzado esta propuesta y otras como una «armonización» que impida la competencia fiscal, para que sea estudiada «con rigor» por el Comité de Expertos para la reforma fiscal.

Según ha explicado, la ha tomado del profesor de Oxford Paul Collier, que propone «una aportación de los más beneficiados» en capitales como Madrid por la mayor productividad generada por un apoyo público acumulado durante décadas.

Para justificar esta idea ha señalado que las rentas más altas en la Comunidad de Madrid se benefician de unas rebajas fiscales que suman 4.453 millones de euros «gracias a las ventajas de la capitalidad, que concentra actividades públicas y privadas y que permite hacer ‘dumping’ fiscal».

Ha hablado de un «‘procés’ invisible de Madrid, el ‘procés’ de una capital que no tiene en cuenta las consecuencias de sus decisiones para el resto del país».

Contra esto, «la filosofía es sencilla: si hay privilegio, debe haber contraprestación; y el objetivo es claro: una España más justa», ha defendido Puig, que también ha hecho otras propuestas en la línea de una España «policéntrica» a través de una «descentralización de estructuras» de la Administración estatal.

En este sentido se ha preguntado «¿por qué Turespaña no puede estar en Palma, la sede central del Instituto Español de Oceanografía en Vigo, el Centro Nacional de Danza en Sevilla o Puertos del Estado en València?», o «¿por qué la Fiesta Nacional de España se celebra siempre en el mismo sitio?» y no «en cualquier otro ámbito de la Nación».

Incluso, a preguntas del presentador del acto, ha planteado «¿por qué no podría estar el Senado en otra ciudad?», además de insistir en la necesidad de convertirlo en una auténtica cámara de representación territorial, para lo que no cree necesario reformar la Constitución.

En todo caso, Puig ha afirmado que el «primer desafío territorial» al que se enfrenta España es el independentismo, la vía unilateral que ha producido «una década perdida» y frente a la cual a propuesto «diálogo, audacia y pacto».

Ha aprovechado para mostrar su «respaldo el camino que está explorando el presidente Sánchez, por convicción y por pragmatismo» y ha dicho que «sin duda los indultos son una decisión valiente y sensata tras una década de ruido y furia».

También respecto a Cataluña, se ha declarado contrario a cambiar el sistema de financiación solo para esta comunidad, porque «no puede haber un cambio de financiación bilateral».