(EFE).- La defensa del expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia en el que pide amparo ante la reiterada denegación de diligencias propuestas y en el que tacha de «artificio» la acusación que pesa sobre su cliente y otros procesados en el conocido como caso Erial.

En este escrito, al que ha tenido acceso EFE, el letrado Daniel Campos lamenta que el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia «ha venido desestimando todas y cada una de las diligencias de investigación que esta parte ha venido interesando para desacreditar los indicios que supuestamente existían contra Eduardo Zaplana».

En este sentido, reprocha al instructor y al fiscal su «convicción de que el derecho a la defensa solo puede ejercerse en el juicio oral» y el «sesgo que ha impregnado todas las actuaciones» que en su opinión ha supuesto la «elaboración de una historia oficial al inicio de la investigación».

Insiste esta parte en que la Justicia ha emitido varios pronunciamientos favorables a la legalidad de los procedimientos de privatización de las ITV valencianas y el Plan Eólico cuya limpieza se cuestiona ahora por los investigadores.

Tilda asimismo de «imaginativa» la posición del fiscal respecto a la supuesta influencia de Zaplana «en los más variados ámbitos de la administración» e insiste en que «algunos de los documentos supuestamente encontrados en el domicilio del Sr. Zaplana, nunca pudieron ser puestos allí por mi representado, por más que eso dé al traste con sugerente leyenda, ya asumida e incontestable en la tesis oficial, de la mal llamada ‘hoja de ruta'».

«No es ninguna elucubración que Zaplana vendió su vivienda el 18 de diciembre de 2006, esto es, antes del cierre del 2006, antes también de que se formularan y aprobaran las cuentas de 2006 (de la empresa Poinds Net, de Benidorm, que los investigadores vinculan con Zaplana) y obviamente antes de que se depositaran en el Registro». Por ello, insiste esta parte en que es «material y jurídicamente imposible que pudiera dejar en su domicilio» un documento en el que se mencionan esas cuentas.

«Si ese documento se introdujo en dicha vivienda (cosa que en absoluto está garantizada por la cadena de custodia asegurada por el secretario Judicial a partir de 2016) tuvo que hacerlo otra persona distinta de mi cliente y, desde luego, no vamos a elucubrar sobre los motivos o intenciones de semejante hallazgo», agrega.

Prosigue el letrado cuestionando la competencia del juzgado instructor sobre unos hechos «que en ningún caso acaecieron en el partido judicial de Valencia», y lamenta que «no pueda someterse a contradicción la declaración» del considerado testaferro de Zaplana en Uruguay, Fernando Belhot, o de Marcos Benavent -el autodenominado ‘yonqui’ del dinero- pieza clave en el hallazgo de la documentación conocida como ‘hoja de ruta’.

En este sentido, el abogado Daniel Campos lamenta que «desde el inicio a Zaplana se le viene presumiendo culpable, convirtiéndose esta instrucción en una mera cobertura formal de una imputación creada y decidida a priori; imputación que, a pesar de que se confeccionó sin contar con los resultados que habría de deparar la cooperación judicial internacional o el análisis de los resultados de la entradas y registros, sirvió para justificar la prisión a la que fue sometido mi representado, so pretexto de un -ahora resulta evidente- inexistente riesgo de fuga».

«En resumen, parece evidente que de lo que se trata es de llegar a juicio, que avance la instrucción sin participación de los investigados y procurando no practicar ninguna diligencia que, por ahondar en la parte nuclear de los distintos tipos penales imputados, pueda poner de manifestó la realidad de los hechos y que ello llegue a estropear la historia preconstituida. Algo tan antiguo como que la verdad no te arruine una bonita historia», concluye el recurso.