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14 niños del Cabanyal fueron víctimas de una red que grababa vídeos pedófilos para venderlos
Publicado
hace 7 añosen
MADRID/VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) –
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica de Cataluña han llevado a cabo una operación contra compradores de pornografía infantil a través de Internet y correo postal. En la operación han sido detenidas 12 y otras 31 han sido investigadas. El operativo, ha permitido la identificación de varios menores víctimas, entre ellos 14 niños del barrio valenciano del Cabanyal.
De hecho, según el Instituto Armado, la situación económica de muchas familias de esta zona de la capital valenciana la convirtió en objetivo a la hora de captar a menores para estas prácticas.
A nivel internacional, este grupo productor de pornografía infantil desarrolló más de 900 operaciones comerciales con más de 550 clientes en 44 países. Entre las 31 personas investigadas figuran un profesor de instituto en Málaga y un trabajador de una escuela infantil en Cantabria.
La investigación nació a raíz de la desarticulación de un grupo criminal el pasado 2016, durante la operación Trinity, en la que, también en base a una colaboración entre Guardia Civil y Mossos d’Esquadra, se detuvo a un total de 7 personas por múltiples delitos de abuso sexual a menores, producción y distribución de pornografía infantil.
Las gestiones iniciadas permitieron constatar que en un piso del municipio tarraconense de Tortosa se estarían efectuando abusos sexuales y la grabación de estas prácticas. Esto permitió la detención en mayo de 2015 de tres personas, dos de nacionalidad francesa y una de nacionalidad marroquí, para los que se decretó ingreso en prisión.
El análisis del material intervenido permitió identificar al resto de componentes del grupo organizado, ubicados en Barcelona, Bilbao y València, lo que hizo posible llevar a cabo un total de cinco registros y cuatro detenciones de individuos que ya antes habían estado detenidos en otras operaciones policiales, cuya actividad criminal también se centraba en la corrupción de menores de la calle.
Ese domicilio de Tortosa funcionaba como productora y tenía preparado para su distribución postal más de 1.400 DVDs así como un catálogo a disposición de los consumidores de más de 2.000 títulos. La productora establecida por el grupo criminal había estado en funcionamiento entre los años 2008 y 2015, siendo los últimos años en los que incorporaron la distribución a través de Internet.
Del análisis de las imágenes intervenidas en las dos fases de la operación, los investigadores detectaron 28 dominios web desde donde se estaba distribuyendo pornografía infantil, así como más de un millón de fotografías y vídeos de material pedófilo en más de 12 terabytes de información y mil DVD.
Los agentes comprobaron que gran parte del material de pornografía infantil difundido era producido por el propio grupo criminal mediante la captación y explotación sexual de menores que se encontraban en situación de riesgo marginal en localidades de Barcelona, Tortosa, València y Marruecos.
La investigación hizo posible la identificación de los menores, para lo que se requirió el estudio de más de 5.000 fichas de menores para poder llegar a identificar solo a cuatro de ellos, además de estudiar de forma detallada fotograma a fotograma de los videos incautados, lo que permitió identificar 27 víctimas más y conocer la existencia de un mínimo de otras 52 víctimas.
Igualmente, cabe destacar la labor operativa llevada a cabo en el barrio del Cabanyal, en València, en la identificación de víctimas. La situación económica de muchas familias de esta zona la convirtió en el objetivo del grupo criminal a la hora de captar a menores para sus prácticas. Las tareas desempeñadas en esta zona permitieron identificar a 14 menores en este barrio.
También constataron que buena parte de las imágenes habían sido producidas en viajes realizados entre los años 2000 y 2015 a Sri Lanka, Túnez, Camboya, Laos, Tailandia, Singapur, República Checa, Kenia, Francia, Java y Bali. Este material pedófilo era producido con ánimo de lucro, ya que lo difundían por internet y por vía postal previo pago. El estudio patrimonial realizado demostró que sólo en tres años el líder del grupo recibió más de 80.000 euros.
La investigación se salda con la constatación de la existencia de unas 80 víctimas menores de edad, identificándose a la mayor parte de éstas con nacionalidades de países del norte de África, Este de Europa, Asia y España.
OPERACIÓN EBISU
Una vez terminada la fase operativa de la Operación Trinity se procedió al análisis minucioso de toda la información intervenida en los registros realizados. Mediante este estudio se obtuvo información de las vías utilizadas por el grupo criminal para la venta de pornografía infantil.
El número de compradores sobre los que se obtuvo información ascendía a un total de 54, repartidos por todo el territorio nacional y diversos países en el extranjero. En un periodo de 10 meses se han llevado a cabo un total de 25 registros en territorio nacional, con un resultado final de 12 detenidos y 31 investigados por varios delitos relacionados con la corrupción de menores.
Entre los casos más reseñables se encuentra uno ocurrido en la provincia de Ciudad Real, en cuyo registro se halló material pedófilo producido por el investigado en connivencia con una tercera persona. La rápida actuación de la fuerza actuante permitió la identificación de la misma, produciéndose horas después una nueva detención por producción de pornografía infantil.
En Málaga se descubrió que uno de los investigados se trataba de un profesor de instituto, que se valía de su situación de prevalencia y autoridad respecto a sus alumnos para realizar acercamientos a los mismos con fines sexuales.
En Cantabria se detectó un caso en el que el investigado trabajaba en una escuela infantil, valiéndose de su acceso a los menores para realizar fotografías pedófilas de los mismos y apropiarse de su ropa interior.
En Cataluña se descubrió la existencia de una librería que había mantenido relaciones comerciales con la empresa vinculada al grupo criminal que pudo haber gestionado el envío de más de 1050 pedidos.
A nivel internacional se ha determinado que este grupo criminal efectuó más de 900 operaciones comerciales con más de 550 clientes de 44 países. La información sobre los usuarios de estos servicios en el extranjero ha sido remitida a través de Interpol a los países afectados.
Por el momento la fase operativa de la operación Ebisu se da por finalizada por los investigadores, si bien el análisis de la información intervenida se prolongará durante varios meses. El trabajo sobre el material intervenido está permitiendo encontrar nuevas informaciones útiles, por lo que no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con otras redes de producción y distribución de material pedófilo.
Publicado
hace 2 horasen
20 noviembre, 2025
La empresa pública Correos ha generado controversia tras introducir de manera sorpresiva carros de reparto motorizados en varias ciudades españolas, entre ellas Valencia, Murcia, Cartagena y Barcelona. La medida, que busca modernizar la logística postal, ha encendido la polémica entre los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO., que denuncian riesgos para la seguridad de los trabajadores y el incumplimiento de la normativa vigente.
Los nuevos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se incorporan al reparto tradicional a pie, pero su llegada ha sido criticada por los sindicatos por falta de consulta, formación y evaluación de riesgos. Según CSIF y UGT, Correos ha tomado esta decisión sin:
Consultar con los representantes de los trabajadores.
Proporcionar formación específica sobre el manejo de los carros.
Analizar las implicaciones ergonómicas y físicas de estos vehículos.
Establecer criterios de asignación o compensaciones económicas.
CC.OO. ha calificado esta medida como una “idea de bombero”, alertando que obliga a los carteros a interactuar con el tráfico urbano directamente, aumentando el riesgo de accidentes.
Los sindicatos subrayan que la introducción de estos VMP no respeta la normativa de tráfico. En particular:
La Resolución de 12 de enero de 2022 de la DGT establece características específicas para los VMP.
El Real Decreto 970/2020 modifica el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos, definiendo criterios claros para la circulación de estos medios.
Cada ciudad y comunidad autónoma puede aplicar ordenanzas locales sobre VMP que deben cumplirse.
La ausencia de formación y medidas de seguridad coloca a los carteros en una situación de riesgo, lo que podría derivar incluso en responsabilidades penales si ocurre un accidente laboral.
Correos ha reforzado su estrategia de movilidad sostenible este 2025, incorporando más de 1.000 vehículos eléctricos, incluyendo furgonetas híbridas y motos ciberseguras, con el objetivo de que el 25 % de su flota sea “verde” antes de fin de año. Sin embargo, los nuevos carros motorizados no forman parte oficial de este plan, aumentando la incertidumbre y el malestar entre los trabajadores.
Aunque no es la primera experiencia de Correos con carros asistidos—en 2021 se probó un proyecto piloto con 48 unidades en Madrid, Valencia, Málaga y Bilbao—los sindicatos destacan que ahora los carros se integran directamente en el reparto diario, sin evaluación técnica ni consenso laboral.
CSIF, UGT y CC.OO. exigen a la dirección de Correos:
Suspender la implantación hasta garantizar seguridad y formación.
Establecer un plan de asignación de los VMP.
Negociar condiciones de trabajo adaptadas a los nuevos vehículos.
Cumplir estrictamente con la normativa de tráfico y prevención de riesgos laborales.
Los sindicatos advierten que de no mediar un diálogo transparente, podrían emprender medidas legales o sindicales para proteger la seguridad de los trabajadores.
La llegada de los carros motorizados de Correos evidencia el choque entre modernización tecnológica y seguridad laboral. La polémica pone de relieve la necesidad de consultas previas, formación y cumplimiento normativo antes de implementar cambios que afecten directamente al personal. Mientras Correos busca eficiencia y sostenibilidad, los sindicatos reclaman que la protección de los trabajadores siga siendo una prioridad.
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