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14 niños del Cabanyal fueron víctimas de una red que grababa vídeos pedófilos para venderlos

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MADRID/VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) –

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica de Cataluña han llevado a cabo una operación contra compradores de pornografía infantil a través de Internet y correo postal. En la operación han sido detenidas 12 y otras 31 han sido investigadas. El operativo, ha permitido la identificación de varios menores víctimas, entre ellos 14 niños del barrio valenciano del Cabanyal.

De hecho, según el Instituto Armado, la situación económica de muchas familias de esta zona de la capital valenciana la convirtió en objetivo a la hora de captar a menores para estas prácticas.

A nivel internacional, este grupo productor de pornografía infantil desarrolló más de 900 operaciones comerciales con más de 550 clientes en 44 países. Entre las 31 personas investigadas figuran un profesor de instituto en Málaga y un trabajador de una escuela infantil en Cantabria.

La investigación nació a raíz de la desarticulación de un grupo criminal el pasado 2016, durante la operación Trinity, en la que, también en base a una colaboración entre Guardia Civil y Mossos d’Esquadra, se detuvo a un total de 7 personas por múltiples delitos de abuso sexual a menores, producción y distribución de pornografía infantil.

Las gestiones iniciadas permitieron constatar que en un piso del municipio tarraconense de Tortosa se estarían efectuando abusos sexuales y la grabación de estas prácticas. Esto permitió la detención en mayo de 2015 de tres personas, dos de nacionalidad francesa y una de nacionalidad marroquí, para los que se decretó ingreso en prisión.

El análisis del material intervenido permitió identificar al resto de componentes del grupo organizado, ubicados en Barcelona, Bilbao y València, lo que hizo posible llevar a cabo un total de cinco registros y cuatro detenciones de individuos que ya antes habían estado detenidos en otras operaciones policiales, cuya actividad criminal también se centraba en la corrupción de menores de la calle.

Ese domicilio de Tortosa funcionaba como productora y tenía preparado para su distribución postal más de 1.400 DVDs así como un catálogo a disposición de los consumidores de más de 2.000 títulos. La productora establecida por el grupo criminal había estado en funcionamiento entre los años 2008 y 2015, siendo los últimos años en los que incorporaron la distribución a través de Internet.

Del análisis de las imágenes intervenidas en las dos fases de la operación, los investigadores detectaron 28 dominios web desde donde se estaba distribuyendo pornografía infantil, así como más de un millón de fotografías y vídeos de material pedófilo en más de 12 terabytes de información y mil DVD.

Los agentes comprobaron que gran parte del material de pornografía infantil difundido era producido por el propio grupo criminal mediante la captación y explotación sexual de menores que se encontraban en situación de riesgo marginal en localidades de Barcelona, Tortosa, València y Marruecos.

La investigación hizo posible la identificación de los menores, para lo que se requirió el estudio de más de 5.000 fichas de menores para poder llegar a identificar solo a cuatro de ellos, además de estudiar de forma detallada fotograma a fotograma de los videos incautados, lo que permitió identificar 27 víctimas más y conocer la existencia de un mínimo de otras 52 víctimas.

Igualmente, cabe destacar la labor operativa llevada a cabo en el barrio del Cabanyal, en València, en la identificación de víctimas. La situación económica de muchas familias de esta zona la convirtió en el objetivo del grupo criminal a la hora de captar a menores para sus prácticas. Las tareas desempeñadas en esta zona permitieron identificar a 14 menores en este barrio.

También constataron que buena parte de las imágenes habían sido producidas en viajes realizados entre los años 2000 y 2015 a Sri Lanka, Túnez, Camboya, Laos, Tailandia, Singapur, República Checa, Kenia, Francia, Java y Bali. Este material pedófilo era producido con ánimo de lucro, ya que lo difundían por internet y por vía postal previo pago. El estudio patrimonial realizado demostró que sólo en tres años el líder del grupo recibió más de 80.000 euros.

La investigación se salda con la constatación de la existencia de unas 80 víctimas menores de edad, identificándose a la mayor parte de éstas con nacionalidades de países del norte de África, Este de Europa, Asia y España.

OPERACIÓN EBISU
Una vez terminada la fase operativa de la Operación Trinity se procedió al análisis minucioso de toda la información intervenida en los registros realizados. Mediante este estudio se obtuvo información de las vías utilizadas por el grupo criminal para la venta de pornografía infantil.

El número de compradores sobre los que se obtuvo información ascendía a un total de 54, repartidos por todo el territorio nacional y diversos países en el extranjero. En un periodo de 10 meses se han llevado a cabo un total de 25 registros en territorio nacional, con un resultado final de 12 detenidos y 31 investigados por varios delitos relacionados con la corrupción de menores.

Entre los casos más reseñables se encuentra uno ocurrido en la provincia de Ciudad Real, en cuyo registro se halló material pedófilo producido por el investigado en connivencia con una tercera persona. La rápida actuación de la fuerza actuante permitió la identificación de la misma, produciéndose horas después una nueva detención por producción de pornografía infantil.

En Málaga se descubrió que uno de los investigados se trataba de un profesor de instituto, que se valía de su situación de prevalencia y autoridad respecto a sus alumnos para realizar acercamientos a los mismos con fines sexuales.

En Cantabria se detectó un caso en el que el investigado trabajaba en una escuela infantil, valiéndose de su acceso a los menores para realizar fotografías pedófilas de los mismos y apropiarse de su ropa interior.

En Cataluña se descubrió la existencia de una librería que había mantenido relaciones comerciales con la empresa vinculada al grupo criminal que pudo haber gestionado el envío de más de 1050 pedidos.

A nivel internacional se ha determinado que este grupo criminal efectuó más de 900 operaciones comerciales con más de 550 clientes de 44 países. La información sobre los usuarios de estos servicios en el extranjero ha sido remitida a través de Interpol a los países afectados.

Por el momento la fase operativa de la operación Ebisu se da por finalizada por los investigadores, si bien el análisis de la información intervenida se prolongará durante varios meses. El trabajo sobre el material intervenido está permitiendo encontrar nuevas informaciones útiles, por lo que no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con otras redes de producción y distribución de material pedófilo.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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