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Abierto el plazo para la contratación de 1.000 jóvenes en las playas valencianas

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València, 10 jun.- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado que Labora publica este miércoles la convocatoria de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias para la contratación como auxiliares de playa de 1.000 jóvenes de entre 18 y 30 años que se encargarán de ofrecer información sobre normas de protección para garantizar el acceso al litoral de la Comunitat Valenciana con total seguridad. Las solicitudes deberán presentarse a través de la web de Labora, GVAJobs, y habrá de plazo para ello hasta el próximo viernes, 12 de junio, a las 14.00 horas.

Así lo ha explicado el president tras una reunión de trabajo mantenida en el Palau de la Generalitat con la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo; el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel.

El president ha subrayado que la Generalitat pretende con esta iniciativa que los y las jóvenes contratados sean la «mejor cara» de unas playas seguras para el disfrute la ciudadanía. Serán además un apoyo para los ayuntamientos en su labor para garantizar el cumplimiento de las normas de protección. La convocatoria se dirige a jóvenes de 18 a 30 años que tengan carné de conducir tipo B y la ESO, tal y como ha precisado el president.

Los jóvenes y las jóvenes que ya estén en Labora como demandantes de empleo simplemente tendrán que inscribirse en esta oferta a través de la web GVAJobs. Aquellas personas que no estén apuntadas en Labora deben registrarse primero como demandantes de empleo a través de la página web y después, apuntarse a esta oferta.

Los y las 1.000 auxiliares se van a distribuir por las playas de los municipios de las tres provincias, de forma que Alicante contará con 418, Castellón tendrá 234 y Valencia dispondrá de 348. Labora realizará una preselección de 1.250 jóvenes. Se seleccionará a las 1.000 personas solicitantes que lleven más tiempo desempleados y, en caso de empate, a las de mayor edad. El resto quedará como reserva para posibles bajas o renuncias.

Los requisitos que deben cumplir los interesados son los siguientes: ser menor de 30 años, poseer el título de Educación Secundaria Obligatoria y el permiso de conducir tipo B y tener la nacionalidad española o alguna otra que, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, permita el acceso al empleo público.

La duración del contrato será del 24 junio al 7 de septiembre. El nivel y el salario será el propio del funcionariado interino de Grupo C2 y clasificación 12 E015. Con movilidad dentro del ámbito geográfico provincial, estos y estas jóvenes se encargarán de velar por el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social tanto en la zona seca como en los accesos, realizar tareas de comunicación e información relacionadas con la Guía de Playas Seguras y colaborar en el control del acceso aforo de playas.

Otras de las funciones que les serán encomendadas serán las de asegurar el correcto uso de los itinerarios marcados para la entrada y salida de la zona seca, colaborar con los entes gestores en ordenar y planificar un adecuado disfrute del baño o notificar las incidencias a la Policía Local a través de las comunicaciones que les serán entregadas.

En caso de producirse una Emergencia contactarán con el 112 e informarán diariamente, y también cuando así se les requiera, sobre grado de ocupación e incidencias en la playa que les sea asignada.

Publicación de tres ofertas
Se publicarán tres ofertas, una por cada provincia, y el plazo, abierto desde este miércoles, 10 de junio, finalizará las 14.00 horas del viernes 12 de junio. Los personas interesadas pueden postularse solamente a una oferta, de manera que si se presentan a más de una oferta, el sistema tendrá en cuenta únicamente la primera inscripción.

Para optar a la contratación, la persona interesada necesita estar previamente inscrita en Labora como demandante de empleo y tener acreditados en Labora la titulación exigida y el carnet de conducir B. No es necesario tener solicitada ninguna ocupación concreta ni tener experiencia previa en dicha ocupación.
Entre todas las personas que se hayan postulado como candidatas, el sistema informático efectuará una preselección de 1.250 personas, y ordenará en primer lugar a las personas que hayan permanecido más tiempo de alta en desempleo (sumando todos los periodos) y, en caso de empate, seleccionará a la persona de mayor edad con el límite del requisito de 30 años.

Las 1.250 personas preseleccionadas recibirán un correo electrónico al finalizar el plazo de presentación de candidaturas, en el que se facilitará un enlace para el trámite telemático donde deberán aportar la documentación acreditativa de los requisitos: copia del DNI/NIE (ambas caras), copia de la titulación académica y copia permiso del conducir B. Este trámite de presentación de la documentación deberá completarse antes del lunes 15 de junio a las 23.59 horas. Para identificarse en este trámite y presentar la documentación requerida, las personas preseleccionadas usarán el código PIN (AutoServef).

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencia comprobará la documentación aportada por las 1.250 personas preseleccionadas y efectuará el nombramiento de 1.000 personas como funcionariado interino de grupo C2, según el orden de los listados de mayor a menor periodo de permanencia en desempleo. El resto de personas candidatas quedarán como reserva para posibles bajas y/o renuncias.

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Ordenan reabrir el caso de Marta del Castillo

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el cuco marta del castillo

Reabren el caso de Marta del Castillo por posible intrusismo en el informe del móvil de Miguel Carcaño

La Audiencia de Sevilla ha ordenado reabrir la investigación por posible intrusismo profesional en el caso Marta del Castillo, uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años. El tribunal insta al Juzgado de Instrucción número 7 a practicar nuevas diligencias para determinar si el informe pericial sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño, asesino confeso de la joven sevillana, fue encargado por el juzgado o aportado por una de las partes.

La decisión revoca el sobreseimiento provisional dictado el 14 de marzo de 2025 y confirmado el 29 de mayo, dando la razón al recurso interpuesto por Pedro de la Torre, presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA).


El origen del recurso: el perito no estaba colegiado

La denuncia se centra en la actuación del perito Manuel Huerta de la Morena, autor del informe pericial sobre el móvil de Carcaño. Según el CPITIA, Huerta no era ingeniero técnico en informática ni estaba colegiado, lo que podría constituir un delito de intrusismo profesional. Además, se le acusa de haber mostrado en medios de comunicación imágenes vinculadas a la causa judicial.

La Audiencia de Sevilla descarta continuar la investigación por revelación de secretos, al entender que el caso de Marta del Castillo ha tenido una exposición mediática masiva desde 2009, y no se aprecia información nueva de carácter reservado. Además, el artículo 201.1 del Código Penal exige denuncia del agraviado o su representante, que en este procedimiento “no existe”.


El debate: ¿un informe informático requiere título habilitante?

En relación con el presunto delito de intrusismo, el tribunal destaca que el artículo 403 del Código Penal exige dos elementos: ejercer actos propios de una profesión y carecer del título correspondiente.
En este sentido, recuerda que el perito “no firmó el informe como ingeniero informático”, sino como representante de la empresa Lazarus Technology, sin atribuirse expresamente esa condición.

No obstante, la Audiencia subraya que aún se desconoce si el equipo forense incluía a algún titulado en informática ni si el informe fue encargado por el juzgado o aportado por una parte, cuestiones que considera determinantes para decidir si la conducta constituye delito.

El tribunal cita la Ley 12/1986, que reconoce a los ingenieros técnicos la competencia para realizar “peritaciones, valoraciones, tasaciones, informes, estudios, planes y proyectos”, un argumento que refuerza la posición del CPITIA.


El juzgado deberá decidir en 12 días

La Audiencia de Sevilla ordena ahora que el Juzgado de Instrucción número 7 practique, en un plazo de 12 días, las diligencias necesarias para aclarar si el informe fue o no encargado judicialmente y si participó algún profesional titulado.
Tras ello, el juzgado deberá resolver “con entera libertad de criterio” si procede mantener el sobreseimiento o continuar la investigación.

 

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