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Abierto el plazo para la contratación de 1.000 jóvenes en las playas valencianas

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València, 10 jun.- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado que Labora publica este miércoles la convocatoria de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias para la contratación como auxiliares de playa de 1.000 jóvenes de entre 18 y 30 años que se encargarán de ofrecer información sobre normas de protección para garantizar el acceso al litoral de la Comunitat Valenciana con total seguridad. Las solicitudes deberán presentarse a través de la web de Labora, GVAJobs, y habrá de plazo para ello hasta el próximo viernes, 12 de junio, a las 14.00 horas.

Así lo ha explicado el president tras una reunión de trabajo mantenida en el Palau de la Generalitat con la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo; el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel.

El president ha subrayado que la Generalitat pretende con esta iniciativa que los y las jóvenes contratados sean la «mejor cara» de unas playas seguras para el disfrute la ciudadanía. Serán además un apoyo para los ayuntamientos en su labor para garantizar el cumplimiento de las normas de protección. La convocatoria se dirige a jóvenes de 18 a 30 años que tengan carné de conducir tipo B y la ESO, tal y como ha precisado el president.

Los jóvenes y las jóvenes que ya estén en Labora como demandantes de empleo simplemente tendrán que inscribirse en esta oferta a través de la web GVAJobs. Aquellas personas que no estén apuntadas en Labora deben registrarse primero como demandantes de empleo a través de la página web y después, apuntarse a esta oferta.

Los y las 1.000 auxiliares se van a distribuir por las playas de los municipios de las tres provincias, de forma que Alicante contará con 418, Castellón tendrá 234 y Valencia dispondrá de 348. Labora realizará una preselección de 1.250 jóvenes. Se seleccionará a las 1.000 personas solicitantes que lleven más tiempo desempleados y, en caso de empate, a las de mayor edad. El resto quedará como reserva para posibles bajas o renuncias.

Los requisitos que deben cumplir los interesados son los siguientes: ser menor de 30 años, poseer el título de Educación Secundaria Obligatoria y el permiso de conducir tipo B y tener la nacionalidad española o alguna otra que, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, permita el acceso al empleo público.

La duración del contrato será del 24 junio al 7 de septiembre. El nivel y el salario será el propio del funcionariado interino de Grupo C2 y clasificación 12 E015. Con movilidad dentro del ámbito geográfico provincial, estos y estas jóvenes se encargarán de velar por el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social tanto en la zona seca como en los accesos, realizar tareas de comunicación e información relacionadas con la Guía de Playas Seguras y colaborar en el control del acceso aforo de playas.

Otras de las funciones que les serán encomendadas serán las de asegurar el correcto uso de los itinerarios marcados para la entrada y salida de la zona seca, colaborar con los entes gestores en ordenar y planificar un adecuado disfrute del baño o notificar las incidencias a la Policía Local a través de las comunicaciones que les serán entregadas.

En caso de producirse una Emergencia contactarán con el 112 e informarán diariamente, y también cuando así se les requiera, sobre grado de ocupación e incidencias en la playa que les sea asignada.

Publicación de tres ofertas
Se publicarán tres ofertas, una por cada provincia, y el plazo, abierto desde este miércoles, 10 de junio, finalizará las 14.00 horas del viernes 12 de junio. Los personas interesadas pueden postularse solamente a una oferta, de manera que si se presentan a más de una oferta, el sistema tendrá en cuenta únicamente la primera inscripción.

Para optar a la contratación, la persona interesada necesita estar previamente inscrita en Labora como demandante de empleo y tener acreditados en Labora la titulación exigida y el carnet de conducir B. No es necesario tener solicitada ninguna ocupación concreta ni tener experiencia previa en dicha ocupación.
Entre todas las personas que se hayan postulado como candidatas, el sistema informático efectuará una preselección de 1.250 personas, y ordenará en primer lugar a las personas que hayan permanecido más tiempo de alta en desempleo (sumando todos los periodos) y, en caso de empate, seleccionará a la persona de mayor edad con el límite del requisito de 30 años.

Las 1.250 personas preseleccionadas recibirán un correo electrónico al finalizar el plazo de presentación de candidaturas, en el que se facilitará un enlace para el trámite telemático donde deberán aportar la documentación acreditativa de los requisitos: copia del DNI/NIE (ambas caras), copia de la titulación académica y copia permiso del conducir B. Este trámite de presentación de la documentación deberá completarse antes del lunes 15 de junio a las 23.59 horas. Para identificarse en este trámite y presentar la documentación requerida, las personas preseleccionadas usarán el código PIN (AutoServef).

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencia comprobará la documentación aportada por las 1.250 personas preseleccionadas y efectuará el nombramiento de 1.000 personas como funcionariado interino de grupo C2, según el orden de los listados de mayor a menor periodo de permanencia en desempleo. El resto de personas candidatas quedarán como reserva para posibles bajas y/o renuncias.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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