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Arranca la X legislatura más plural y paritaria de Les Corts

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Les Corts Valencianes han dado este jueves el pistoletazo de salida a la X Legislatura, con 53 nuevos diputados y 46 ‘repetidores’, que han abierto otra página en la historia del parlamento autonómico más paritario, inclusivo y plural. Los dos bloques –Botànic y oposición– han dejado las primeras pinceladas de cómo serán los cuatro años en la cámara.

En esta primera sesión ha habido una llamada al «respeto» del reelegido presidente, Enric Morera, en el parlamento más plural de la historia, tras la entrada de una sexta formación, y que deja una cámara conformada por 27 diputados del PSPV-PSOE, 20 del PP, 18 de Ciudadanos, 16 de Compromís, los 10 de Vox y 8 de Unides Podem-Esquerra Unida.

También el presidente en funciones de la Generalitat y candidato a la reelección del PSPV en un Botànic II, Ximo Puig, ha apelado a «encontrar siempre puntos de encuentro más allá de las diferencias» y el presidente de la Mesa de Edad previa a la definitiva, el conseller de Hacienda, Vicent Soler –de 69 años, el parlamentario más longevo–, ha pedido a los diputados dialogar y «dejarse la piel».

Les Corts de esta legislatura son las más paritarias (46 hombres y 53 mujeres) y las más inclusivas, al tener entre los escaños por primera vez una parlamentaria sorda y otra en silla de ruedas, que ha obligado a realizar una adaptación del hemiciclo e incluir intérpretes en lengua de signos. En cada escaño hay un reglamento y las instrucciones de cómo funciona la silla y el sistema de micrófonos.

A lo largo de la mañana se han sucedido escenas significativas, como la camiseta del diputado de Compromís Fran Ferri con el símbolo LGTBI de ‘Gaysper’ –el fantasma usado por Vox que se ha convertido en icono gay–, el abrazo entre la síndica ‘popular’, Isabel Bonig, y el de Unides Podem, Rubén Martínez Dalmau, o el saludo de este último con el líder de Ciudadanos, Toni Cantó.

Por primera vez, la Mesa de Les Corts paritaria ha estado custodiada en la sesión de constitución por dos ‘maceras’, trabajadoras del parlamento con el traje tradicional, algo histórico en la cámara autonómica valenciana.

 

MORERA REPITE

Tras dos semanas de conversaciones, reuniones informales y las primeras negociaciones entre PSPV, Compromís y Unides Podem para reeditar el Botànic, ha salido adelante el acuerdo para que Morera fuera reelegido presidente, con los 52 votos de los grupos del Botànic, la abstención de PP y Cs y los diez sufragios de Vox a favor de su propio presidente, José María Llanos.

Ya como presidente, Morera ha llamado al respeto a la cámara y a que los diputados «no superen nunca los límites ni utilicen la palabra para herirse», así como que no lo conviertan en «el plató de un ‘reality show'». Ha vuelto a su escaño en la última fila de la bancada de Compromís entre aplausos de sus compañeros, de las filas del Botànic y de algunos ‘populares’.

El primer pleno ha contado con invitados como el ‘expresident’ socialista Joan Lerma, el exvicepresidente de Les Corts del PP Alejandro Font de Mora o el senador de Compromís Carles Mulet, así como los presidentes de las diputaciones de Valencia y Alicante, el socialista Toni Gaspar y el ‘popular’ César Sánchez, respectivamente. También ha estado presente el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.

 

CON LA MIRADA EN EL NUEVO CONSELL

La ‘puesta de largo’ de la X legislatura se ha prolongado durante casi cuatro horas hasta pasadas las 13.00, a la espera de que en las próximas semanas se cierre el nuevo acuerdo de gobierno entre PSPV, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida y Ximo Puig vuelva a ser investido como ‘president’. De momento hay 12 días de plazo para que los grupos presenten sus propuestas.

Tanto los representantes del Botànic como los de la oposición han dejado claros sus objetivos durante la mañana. Así, Puig ha pedido a los diputados «buscar puntos de acuerdo» porque «pactar no es traicionar, sino todo lo contrario», y ha confiando en que la investidura llegue «lo más rápidamente posible» para un Consell «decente y comprometido».

Por su parte, Mónica Oltra (Compromís) ha apostado porque «el cambio continúe después de cuatro años de políticas valientes; con toda la ilusión, la misma que el primer día, pero ahora además con más experiencia» y Dalmau (Podem) ha destacado que se ha estrenado en «la legislatura más importante en la Comunitat Valenciana».

Del otro lado del hemiciclo, Bonig ha asegurado que los ‘populares’ mantendrán una «oposición firme, con fuerza, leal y constructiva», Cantó (Cs) ha advertido que serán «muy combativos para ejercer el liderazgo de la oposición frente a un PP sonado y un tripartito nefasto» y Ana Vega (Vox) ha asegurado que su partido quiere «mirar al futuro» frente a las «convicciones» de otros grupos que quieren «separar a los españoles».

De los seis partidos, finalmente cinco integran la Mesa de Les Corts. Tras Morera (Compromís) como presidente, la socialista Mª José Salvador –hasta ahora consellera de Vivienda– es la vicepresidenta primera y Jorge Bellver (PP) el segundo. Siguiendo con la regla de paridad, Cristina Cabedo (Unides Podem) es la secretaria primera y Luis Arquillos (Cs) el segundo.

Como portavoces de los grupos repiten Manolo Mata (PSPV), Ferri (Compromís) e Bonig (PP), mientras que se estrenan Cantó (Ciudadanos), Dalmau (Unides Podem) y Vega (Vox).

Fuente: Europa Press

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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