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Aumentan los contratos temporales convertidos a indefinidos en la Comunitat
Publicado
hace 7 añosen
VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) – El número de contratos temporales convertidos a indefinidos en la Comunitat Valenciana ha aumentado un 26,9% respecto al mismo periodo que el año anterior, convirtiéndose en el mayor incremento registrado en el último decenio. En concreto, las conversiones en la región han superado la barrera de los 80.600, registrando la cifra más elevada de la serie histórica para el periodo analizado, según un estudio de la compañía de recursos humanos Randstad.
Tras superar en 2009 los 43.400 contratos temporales convertidos a indefinidos, este indicador del mercado laboral fluctuó entre los 38.900 y los 38.700 contratos hasta registrar en 2012 la menor cifra de la década (33.867). A partir de este momento, la cifra de contratos temporales convertidos a indefinidos aumentó durante los seis años siguientes hasta alcanzar el dato más elevado en 2018 (80.670).
Cabe destacar, que en el caso de la Comunitat Valenciana, el ratio de conversiones respecto al total de contratos indefinidos es el sexto más elevado de España; es decir, dos de cada cinco de los contratos indefinidos de la región proviene de un contrato temporal (41,7%), lo que refleja la importancia de este tipo de contratos en el mercado laboral.
En el conjunto del país, Randstad ha detectado que el número de contratos temporales convertidos a indefinidos supera los 700.000 y registra la cifra más elevada de la serie histórica. En concreto, se han realizado 708.131 conversiones, un 23,2% más que la cifra alcanzada el año anterior (574.644). Al igual que en Andalucía, es el mayor incremento registrado en el último decenio.
El estudio de Randstad también analiza el peso de los contratos convertidos a indefinidos respecto del total de contratos indefinidos. Llama la atención que la tasa alcanzada durante este ejercicio es la más elevada desde 2012, al situarse en el 36,6%. En 2011 se alcanzó el índice más elevado, cuando el 41,5% de los contratos indefinidos provenían de una conversión.
«La tasa de contratos indefinidos que proviene de uno temporal ha alcanzado la cifra más elevada de los últimos seis años, ya que actualmente dos de cada cinco contratos indefinidos provienen de uno temporal. Este índice demuestra que el trabajo temporal se posiciona cada día más como un puente hacia el empleo estable. Los contratos de duración determinada incrementan la empleabilidad de los profesionales, les ayudan a incrementar su experiencia y les permiten compatibilizar el empleo con la formación, sobre todo en épocas como verano o Navidad», resalta el director de Relaciones Institucionales de Randstad, Luis Pérez.
CONVERSIÓN POR SECTORES
Randstad también analiza el comportamiento de los contratos temporales convertidos a indefinidos según en sector de actividad del profesional para observar que más de la mitad de los contratos indefinidos realizados en industria es una conversión (52%), siendo el sector que alcanza la mayor tasa. Le siguen construcción (43,6%), servicios (34,8%) y, por último, agricultura (20%).
En términos absolutos, el sector servicios es donde se realizan más conversiones de contratos temporales a indefinidos, con 531.449 en lo que llevamos de año. A continuación se sitúan industria (105.803), construcción (52.616) y, por último, agricultura (18.263).
Si se compara con las cifras alcanzadas durante el mismo periodo de 2017, industria es el sector de actividad donde más crecen las conversiones, con un 32,6%, seguido de agricultura (+29,8%), construcción (+29,5%) y servicios (+20,7%).
LA COMUNITAT VALENCIANA, LA SEXTA CON MAYOR PESO DE CONVERSIONES
Randstad también ha tenido en cuenta la comunidad autónoma y provincia de residencia del profesional a la hora de analizar los contratos temporales convertidos a indefinidos, donde se observan grandes diferencias. En concreto, entre la comunidad con mayor y menor tasa de conversión se aprecian más de 24 puntos porcentuales de diferencia.
En Andalucía, casi la mitad de los contratos indefinidos (49,8%) proviene de uno temporal. Ocupando la segunda y tercera posición se sitúan Extremadura (48,9%) y Navarra (43,9%). Por encima de la media nacional (36,5%), también se sitúan Galicia (43,6%), Castilla-La Mancha (42%), la Comunitat Valenciana (41,7%), Canarias (41,4%), Asturias (41,1%) y Castilla y León (41,1%). Inmediatamente por encima de la media de España, están La Rioja (40,9%), Cantabria (40,9%) y Aragón (40,7%).
En el lado contrario, con tasas de conversión por debajo de la media nacional, se encuentran Euskadi (36%), Murcia (35,1%), Baleares (33,8%), Catalunya (31,5%) y Madrid (25,7%).
En el caso de las provincias, Córdoba (58,2%), Jaén (56,8%), Cádiz (55%) y Huelva (54%) son las provincias con mayor peso de estos contratos. Les siguen Cuenca (53,1%), Ciudad Real (52,5%), Sevilla (50,4%) y Badajoz (50,4%), todas ellas por encima del 50%. Las provincias que registran las menores cifras son Girona (32,1%), Barcelona (29,7%) y Albacete (28,2%), además de Madrid (25,7%).
En el caso de las provincias de la Comunitat Valenciana, Alicante es la que más aumenta (45,7%), seguida de Valencia (39,8%) y Castellón (39%).
En términos absolutos, Catalunya (124.629), Andalucía (110.508) y Madrid (106.293) son las comunidades autónomas que han convertido más contratos en indefinidos durante los primeros meses de 2018. Las contrataciones de estas tres regiones representan el 48,2% del total de estos contratos. Por otro lado, Navarra (9.675), Cantabria (6.705) y La Rioja (4.668) son las que menos contratos han registrado de esta tipología, y las únicas que se sitúan por debajo de las 10.000 conversiones.
Cuando se analiza el crecimiento o descenso del número de conversiones respecto al año anterior, Randstad detecta que todas las regiones aumentan el número de contratos temporales convertidos a indefinidos, siendo Euskadi y Asturias son las comunidades autónomas donde más han aumentado, ambas por encima del 30%. A continuación, se sitúan Navarra, Murcia y Andalucía, con ratios superiores al 25%.
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El novio de Ayuso ante el Supremo: “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. El fiscal general me había matado públicamente”
Publicado
hace 4 horasen
4 noviembre, 2025
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico en el que su defensa admitía “dos delitos fiscales”.
“El fiscal general me había destrozado públicamente”
Visiblemente afectado, González Amador relató ante el tribunal el impacto que tuvo aquella publicación.
“Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente”,
declaró, girándose hacia el fiscal general durante su testimonio.
El empresario aseguró que, hasta la filtración, confiaba en resolver el caso “de forma discreta y con una pena asumible”, pero todo cambió “cuando el asunto saltó a la luz pública”.
De una negociación fiscal a un caso mediático
Según explicó ante el Supremo, su intención inicial era alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para cerrar el procedimiento por fraude fiscal. Sin embargo, el correo filtrado —en el que su abogado fiscalista, Carlos Neira, reconocía la existencia de “dos delitos contra la Hacienda Pública”— acabó difundido en medios de comunicación en marzo de 2024.
“Cuando vi mi expediente tributario y el correo en la prensa, llamé a mi abogado. Me dijo: ‘La presunción de inocencia se ha roto. Estamos en otra dimensión’”, ha recordado González Amador.
A partir de ese momento, según su testimonio, “todo el Gobierno comenzó a llamarle delincuente confeso”, lo que le causó “un daño irreparable” a nivel personal y profesional.
El juicio a García Ortiz y las tensiones institucionales
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sigue en el Supremo tras la querella presentada por González Amador por revelación de secretos. El proceso ha vuelto a poner el foco en las tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, así como en el papel de la Fiscalía General en casos con implicaciones políticas.
Durante la sesión, se recordaron también las declaraciones previas de altos cargos de la Comunidad de Madrid, como el jefe de Gabinete de Ayuso, que reconoció haber advertido de que “el fiscal general iría p’alante”.
Un juicio histórico en la democracia española
El juicio a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, marca un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
El proceso, que se celebra en el Tribunal Supremo, estará presidido por siete magistrados de la Sala de lo Penal, encargados de determinar si García Ortiz filtró un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía una supuesta defraudación a Hacienda.
Pese a la gravedad de la acusación, el juez Ángel Hurtado ha decidido que el fiscal general mantenga su cargo mientras dure el proceso judicial, que se prevé se alargue durante dos semanas.
El origen del caso: el correo del abogado de González Amador
Todo comenzó el 2 de febrero de 2024, cuando Carlos Neira, abogado del empresario Alberto González Amador, remitió a la Fiscalía un correo electrónico con una propuesta de pacto.
En él se reconocía la posibilidad de que su cliente hubiera cometido un delito contra la Hacienda Pública.
Durante más de un mes, el contenido de ese correo permaneció reservado. Sin embargo, el 12 de marzo de 2024, varios medios de comunicación publicaron que la pareja de Ayuso podría haber defraudado dinero al fisco.
Al día siguiente, desde la Comunidad de Madrid, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez negó esa versión y aseguró que fue la Fiscalía la que había propuesto el pacto.
Esa misma noche, según la investigación, se habría producido la presunta filtración del correo.
La posición del fiscal general
Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, García Ortiz negó “rotundamente” haber filtrado información confidencial.
El magistrado instructor, no obstante, considera que existen “indicios razonables” de que la filtración pudo salir de la Fiscalía.
El propio Alberto González Amador ha asegurado que la publicación del correo electrónico vulneró su derecho a la intimidad y afectó a su reputación:
“Todo eso me ha ido lastrando”, declaró ante el tribunal.
Un proceso sin retransmisión pública
Aunque se trata de un juicio inédito en España, el Tribunal Supremo ha decidido no retransmitir las sesiones en directo.
A lo largo del proceso declararán unos cuarenta testigos, entre ellos políticos, periodistas y miembros de la Guardia Civil.
El último en declarar será el propio Álvaro García Ortiz, quien sigue al frente de la Fiscalía General del Estado durante la vista.
Qué consecuencias puede tener el juicio
Si el Tribunal Supremo declarara culpable al fiscal general, la sentencia podría implicar:
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Entre 4 y 6 años de cárcel,
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12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público,
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y una multa superior a los 400.000 euros.
Por el momento, el proceso continúa abierto, y se espera que el fallo se conozca antes de final de mes.
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