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Camps afirma estar procesado en la F1 por «razones políticas» y se querellará contra la jueza
Publicado
hace 7 añosen
VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) –
El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado este miércoles que el auto de procesamiento del juzgado que instruye la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en València obedece a una «razón estrictamente política». Así, ha anunciado que va a presentar una querella por prevaricación contra la magistrada que ha dirigido la investigación y que presentará un recurso contra esa resolución.
Camps se ha pronunciado de este modo en una comparecencia ante los periodistas, a quienes ha convocado en un restaurante colindante al circuito y desde el que se podía ver el puente que une ambas partes de la dársena del Puerto de València, que fue utilizado para el Gran Premio. De hecho, ha sostenido que las vías del trazado «son calles de València» y ha relatado que ha intentado explicarle esto a la jueza «mil veces». «La he intentado traer y he intentado aportar peritajes», ha contado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar a Camps, al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla, al exconseller de Infraestructuras Mario Flores, a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y a empresarios, en la causa por la construcción del circuito, una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008. La magistrada sostiene que Camps «capitaneó» al resto de procesados para obtener un «rédito político y personal» como «máxime artífice» de un evento de interés mundial.
El exjefe del Consell ha criticado que «el auto salió el último viernes de precampaña» de las municipales –ha agregado que no cree «en las casualidades»– y ha asegurado que la Abogacía de la Generalitat –que ha dicho que está «en manos de (Ximo) Puig y (Mónica) Oltra» y ha calificado como «bajo régimen social-comunista»– va a pedir que le «encarcelen» en su escrito de calificación provisional como acusación.
También ha censurado la actuación de la jueza porque, a su parecer, ha ejercido como «acusadora», lo que le ha creado una situación de «indefensión». «Ella me ha acusado desde el principio, el juez de garantías ha desaparecido», ha añadido.
Además, ha lamentado que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional le ha investigado a él y a su entorno «de arriba abajo por si encontraban un euro de más en la Caja Rural de Cuenca». Frente a estas investigaciones, ha defendido que no se metió en política para «enriquecerse»: «No me he llevado un euro jamás de nada», ha subrayado.
El expresidente valenciano ha insistido en que esta causa es «una persecución personal a Paco Camps» y el auto, «un relato contra Camps». Ha criticado incluso que la jueza «amedranta» a su abogado en la resolución. «Lo importante es cazar a Camps, ese es el proyecto político de estos últimos años», ha resumido.
Asimismo, ha calificado como «muy grave» que «los jueces entren a valorar cuestiones políticas» y, en este sentido, ha hecho alusión a «los decretos de los viernes sociales de Pedro Sánchez, que ha aprobado en precampaña y en campaña».
«COSTE CERO»
Frente a lo expuesto en el auto, que cifra el coste de la construcción del circuito en cerca de 89 millones de euros, Camps ha sostenido que fue «coste cero», al tiempo que ha precisado que «en ningún sitio dice que tenga que ser coste cero» porque eso es una decisión «política».
Preguntado por si conoce el coste que tuvo para las arcas públicas la celebración del Gran Premio, el expresidente ha respondido que él no se encarga de «las cuestiones técnico-financieras». En todo caso, ha resaltado: «Parece que el circuito de F1 lo tengo yo en mi casa, pero es público».
Camps ha defendido el trabajo «digno y extraordinario» que desde su punto de vista ha realizado por «el futuro de València y de la Comunitat Valenciana». El expresidente ha augurado que «volverán a pedir que deje el Consell Jurídic Consultiu (CJC)», una posibilidad que ha negado porque fue «absuelto por los trajes» y confía en que en este caso ocurra igual.
«SON CALLES DE LA CIUDAD»
El exjefe del Consell ha elegido un restaurante ubicado junto al circuito del Gran Premio de Fórmula 1 que acogió València «no al azar», según ha explicado él mismo, sino para demostrar que «son calles de la ciudad de València». «Están pasando coches y camiones», ha ilustrado.
De este modo, ha expuesto que estas «calles» conforman «tres cuartas partes de lo que se preparó» y únicamente dos vías permanecen cerradas, las conexiones con la Avenida de Francia y la Alameda. Siguen sin uso, ha señalado Camps, porque «el Ayuntamiento no ha desarrollado el Plan General, lo que significaría la no recuperación de ese dinero».
El exdirigente ‘popular’ ha afirmado que la apertura y conclusión de esa obra era un «compromiso» del Ayuntamiento de la ciudad con la Generalitat, pero ha argumentado que «la corrupción para el PSOE es la única forma de hacer política». De esta forma, ha criticado que el Gobierno de PSPV y Compromís «no ha hecho ni un solo colegio, ni un solo hospital, ni una sola carretera, ni una sola depuradora».
Ha cargado contra el actual ‘president’, Ximo Puig, y el alcalde, Joan Ribó porque «son dos grandes mentirosos o dos grandes ignorantes» debido a que «no saben absolutamente nada de esto», en referencia al «compromiso» al que ha aludido del consistorio con el Gobierno valenciano. También ha asegurado que ha tratado de convencer a la jueza de que el circuito es «una estructura urbana extraordinaria y fundamental para la ciudad»: «He intentado explicárselo mil veces, la he intentado traer y he intentado aportar peritajes», ha manifestado.
Sobre el resto del puerto, ha apuntado que la dársena «se ha convertido en una plaza de ocio» y ha relatado que la jueza instructora «se empeñó en que el puente tenía forma de gaviota». Por el contrario, ha sostenido que esta infraestructura «ya existía» y «quedó en desuso con la ampliación de la zona sur del puerto». «Este puente se ha usado para conciertos y es una salida de emergencia», ha puesto en valor.
«DEBERÍA VOLVER LA F1 Y LA AMERICA’S CUP»
Además, ha defendido que la celebración del Gran Premio produjo una renta neta media de «más de 25 millones de euros al año» a la ciudad y ha puesto de relieve que existe un «documento confidencial», elaborado en el año 2011, cuando ya no era presidente, que «avalaba que se volviera a hacer por la renta neta que significaba». «Si yo fuese presidente, aprovecharía esta infraestructura y volvería a hacer el Gran Premio» e incluso la America’s Cup, ha insistido en este punto.
En cuanto a las declaraciones en sede judicial del ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que ha apuntado a una relación entre pagos de empresas que ganaron concursos públicos durante la época de los ‘populares’ al frente de la Generalitat y la financiación del partido, lo ha atribuido a un pacto con Fiscalía y ha destacado que «lo han desmentido Serra y Rambla» (ex secretario general y ex vicepresidente del Ejecutivo de Camps, respectivamente).
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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares
Publicado
hace 25 minsen
27 enero, 2026
El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.
El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.
A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes
La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:
-
Certificado de empadronamiento
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Informes médicos
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Envíos de dinero
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Billetes de transporte u otros justificantes
Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.
Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse
Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.
Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.
Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano
La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.
Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos
El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.
Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.
Plazos y proceso de solicitud
Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.
Impacto en la política migratoria española
Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.
La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.
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