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Camps afirma estar procesado en la F1 por «razones políticas» y se querellará contra la jueza

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VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) –

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado este miércoles que el auto de procesamiento del juzgado que instruye la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en València obedece a una «razón estrictamente política». Así, ha anunciado que va a presentar una querella por prevaricación contra la magistrada que ha dirigido la investigación y que presentará un recurso contra esa resolución.

Camps se ha pronunciado de este modo en una comparecencia ante los periodistas, a quienes ha convocado en un restaurante colindante al circuito y desde el que se podía ver el puente que une ambas partes de la dársena del Puerto de València, que fue utilizado para el Gran Premio. De hecho, ha sostenido que las vías del trazado «son calles de València» y ha relatado que ha intentado explicarle esto a la jueza «mil veces». «La he intentado traer y he intentado aportar peritajes», ha contado.

La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar a Camps, al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla, al exconseller de Infraestructuras Mario Flores, a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y a empresarios, en la causa por la construcción del circuito, una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008. La magistrada sostiene que Camps «capitaneó» al resto de procesados para obtener un «rédito político y personal» como «máxime artífice» de un evento de interés mundial.

El exjefe del Consell ha criticado que «el auto salió el último viernes de precampaña» de las municipales –ha agregado que no cree «en las casualidades»– y ha asegurado que la Abogacía de la Generalitat –que ha dicho que está «en manos de (Ximo) Puig y (Mónica) Oltra» y ha calificado como «bajo régimen social-comunista»– va a pedir que le «encarcelen» en su escrito de calificación provisional como acusación.

También ha censurado la actuación de la jueza porque, a su parecer, ha ejercido como «acusadora», lo que le ha creado una situación de «indefensión». «Ella me ha acusado desde el principio, el juez de garantías ha desaparecido», ha añadido.

Además, ha lamentado que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional le ha investigado a él y a su entorno «de arriba abajo por si encontraban un euro de más en la Caja Rural de Cuenca». Frente a estas investigaciones, ha defendido que no se metió en política para «enriquecerse»: «No me he llevado un euro jamás de nada», ha subrayado.

El expresidente valenciano ha insistido en que esta causa es «una persecución personal a Paco Camps» y el auto, «un relato contra Camps». Ha criticado incluso que la jueza «amedranta» a su abogado en la resolución. «Lo importante es cazar a Camps, ese es el proyecto político de estos últimos años», ha resumido.

Asimismo, ha calificado como «muy grave» que «los jueces entren a valorar cuestiones políticas» y, en este sentido, ha hecho alusión a «los decretos de los viernes sociales de Pedro Sánchez, que ha aprobado en precampaña y en campaña».

«COSTE CERO»
Frente a lo expuesto en el auto, que cifra el coste de la construcción del circuito en cerca de 89 millones de euros, Camps ha sostenido que fue «coste cero», al tiempo que ha precisado que «en ningún sitio dice que tenga que ser coste cero» porque eso es una decisión «política».

Preguntado por si conoce el coste que tuvo para las arcas públicas la celebración del Gran Premio, el expresidente ha respondido que él no se encarga de «las cuestiones técnico-financieras». En todo caso, ha resaltado: «Parece que el circuito de F1 lo tengo yo en mi casa, pero es público».

Camps ha defendido el trabajo «digno y extraordinario» que desde su punto de vista ha realizado por «el futuro de València y de la Comunitat Valenciana». El expresidente ha augurado que «volverán a pedir que deje el Consell Jurídic Consultiu (CJC)», una posibilidad que ha negado porque fue «absuelto por los trajes» y confía en que en este caso ocurra igual.

«SON CALLES DE LA CIUDAD»
El exjefe del Consell ha elegido un restaurante ubicado junto al circuito del Gran Premio de Fórmula 1 que acogió València «no al azar», según ha explicado él mismo, sino para demostrar que «son calles de la ciudad de València». «Están pasando coches y camiones», ha ilustrado.

De este modo, ha expuesto que estas «calles» conforman «tres cuartas partes de lo que se preparó» y únicamente dos vías permanecen cerradas, las conexiones con la Avenida de Francia y la Alameda. Siguen sin uso, ha señalado Camps, porque «el Ayuntamiento no ha desarrollado el Plan General, lo que significaría la no recuperación de ese dinero».

El exdirigente ‘popular’ ha afirmado que la apertura y conclusión de esa obra era un «compromiso» del Ayuntamiento de la ciudad con la Generalitat, pero ha argumentado que «la corrupción para el PSOE es la única forma de hacer política». De esta forma, ha criticado que el Gobierno de PSPV y Compromís «no ha hecho ni un solo colegio, ni un solo hospital, ni una sola carretera, ni una sola depuradora».

Ha cargado contra el actual ‘president’, Ximo Puig, y el alcalde, Joan Ribó porque «son dos grandes mentirosos o dos grandes ignorantes» debido a que «no saben absolutamente nada de esto», en referencia al «compromiso» al que ha aludido del consistorio con el Gobierno valenciano. También ha asegurado que ha tratado de convencer a la jueza de que el circuito es «una estructura urbana extraordinaria y fundamental para la ciudad»: «He intentado explicárselo mil veces, la he intentado traer y he intentado aportar peritajes», ha manifestado.

Sobre el resto del puerto, ha apuntado que la dársena «se ha convertido en una plaza de ocio» y ha relatado que la jueza instructora «se empeñó en que el puente tenía forma de gaviota». Por el contrario, ha sostenido que esta infraestructura «ya existía» y «quedó en desuso con la ampliación de la zona sur del puerto». «Este puente se ha usado para conciertos y es una salida de emergencia», ha puesto en valor.

«DEBERÍA VOLVER LA F1 Y LA AMERICA’S CUP»
Además, ha defendido que la celebración del Gran Premio produjo una renta neta media de «más de 25 millones de euros al año» a la ciudad y ha puesto de relieve que existe un «documento confidencial», elaborado en el año 2011, cuando ya no era presidente, que «avalaba que se volviera a hacer por la renta neta que significaba». «Si yo fuese presidente, aprovecharía esta infraestructura y volvería a hacer el Gran Premio» e incluso la America’s Cup, ha insistido en este punto.

En cuanto a las declaraciones en sede judicial del ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que ha apuntado a una relación entre pagos de empresas que ganaron concursos públicos durante la época de los ‘populares’ al frente de la Generalitat y la financiación del partido, lo ha atribuido a un pacto con Fiscalía y ha destacado que «lo han desmentido Serra y Rambla» (ex secretario general y ex vicepresidente del Ejecutivo de Camps, respectivamente).

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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