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Camps afirma estar procesado en la F1 por «razones políticas» y se querellará contra la jueza
Publicado
hace 6 añosen
VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) –
El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado este miércoles que el auto de procesamiento del juzgado que instruye la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en València obedece a una «razón estrictamente política». Así, ha anunciado que va a presentar una querella por prevaricación contra la magistrada que ha dirigido la investigación y que presentará un recurso contra esa resolución.
Camps se ha pronunciado de este modo en una comparecencia ante los periodistas, a quienes ha convocado en un restaurante colindante al circuito y desde el que se podía ver el puente que une ambas partes de la dársena del Puerto de València, que fue utilizado para el Gran Premio. De hecho, ha sostenido que las vías del trazado «son calles de València» y ha relatado que ha intentado explicarle esto a la jueza «mil veces». «La he intentado traer y he intentado aportar peritajes», ha contado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar a Camps, al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla, al exconseller de Infraestructuras Mario Flores, a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y a empresarios, en la causa por la construcción del circuito, una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008. La magistrada sostiene que Camps «capitaneó» al resto de procesados para obtener un «rédito político y personal» como «máxime artífice» de un evento de interés mundial.
El exjefe del Consell ha criticado que «el auto salió el último viernes de precampaña» de las municipales –ha agregado que no cree «en las casualidades»– y ha asegurado que la Abogacía de la Generalitat –que ha dicho que está «en manos de (Ximo) Puig y (Mónica) Oltra» y ha calificado como «bajo régimen social-comunista»– va a pedir que le «encarcelen» en su escrito de calificación provisional como acusación.
También ha censurado la actuación de la jueza porque, a su parecer, ha ejercido como «acusadora», lo que le ha creado una situación de «indefensión». «Ella me ha acusado desde el principio, el juez de garantías ha desaparecido», ha añadido.
Además, ha lamentado que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional le ha investigado a él y a su entorno «de arriba abajo por si encontraban un euro de más en la Caja Rural de Cuenca». Frente a estas investigaciones, ha defendido que no se metió en política para «enriquecerse»: «No me he llevado un euro jamás de nada», ha subrayado.
El expresidente valenciano ha insistido en que esta causa es «una persecución personal a Paco Camps» y el auto, «un relato contra Camps». Ha criticado incluso que la jueza «amedranta» a su abogado en la resolución. «Lo importante es cazar a Camps, ese es el proyecto político de estos últimos años», ha resumido.
Asimismo, ha calificado como «muy grave» que «los jueces entren a valorar cuestiones políticas» y, en este sentido, ha hecho alusión a «los decretos de los viernes sociales de Pedro Sánchez, que ha aprobado en precampaña y en campaña».
«COSTE CERO»
Frente a lo expuesto en el auto, que cifra el coste de la construcción del circuito en cerca de 89 millones de euros, Camps ha sostenido que fue «coste cero», al tiempo que ha precisado que «en ningún sitio dice que tenga que ser coste cero» porque eso es una decisión «política».
Preguntado por si conoce el coste que tuvo para las arcas públicas la celebración del Gran Premio, el expresidente ha respondido que él no se encarga de «las cuestiones técnico-financieras». En todo caso, ha resaltado: «Parece que el circuito de F1 lo tengo yo en mi casa, pero es público».
Camps ha defendido el trabajo «digno y extraordinario» que desde su punto de vista ha realizado por «el futuro de València y de la Comunitat Valenciana». El expresidente ha augurado que «volverán a pedir que deje el Consell Jurídic Consultiu (CJC)», una posibilidad que ha negado porque fue «absuelto por los trajes» y confía en que en este caso ocurra igual.
«SON CALLES DE LA CIUDAD»
El exjefe del Consell ha elegido un restaurante ubicado junto al circuito del Gran Premio de Fórmula 1 que acogió València «no al azar», según ha explicado él mismo, sino para demostrar que «son calles de la ciudad de València». «Están pasando coches y camiones», ha ilustrado.
De este modo, ha expuesto que estas «calles» conforman «tres cuartas partes de lo que se preparó» y únicamente dos vías permanecen cerradas, las conexiones con la Avenida de Francia y la Alameda. Siguen sin uso, ha señalado Camps, porque «el Ayuntamiento no ha desarrollado el Plan General, lo que significaría la no recuperación de ese dinero».
El exdirigente ‘popular’ ha afirmado que la apertura y conclusión de esa obra era un «compromiso» del Ayuntamiento de la ciudad con la Generalitat, pero ha argumentado que «la corrupción para el PSOE es la única forma de hacer política». De esta forma, ha criticado que el Gobierno de PSPV y Compromís «no ha hecho ni un solo colegio, ni un solo hospital, ni una sola carretera, ni una sola depuradora».
Ha cargado contra el actual ‘president’, Ximo Puig, y el alcalde, Joan Ribó porque «son dos grandes mentirosos o dos grandes ignorantes» debido a que «no saben absolutamente nada de esto», en referencia al «compromiso» al que ha aludido del consistorio con el Gobierno valenciano. También ha asegurado que ha tratado de convencer a la jueza de que el circuito es «una estructura urbana extraordinaria y fundamental para la ciudad»: «He intentado explicárselo mil veces, la he intentado traer y he intentado aportar peritajes», ha manifestado.
Sobre el resto del puerto, ha apuntado que la dársena «se ha convertido en una plaza de ocio» y ha relatado que la jueza instructora «se empeñó en que el puente tenía forma de gaviota». Por el contrario, ha sostenido que esta infraestructura «ya existía» y «quedó en desuso con la ampliación de la zona sur del puerto». «Este puente se ha usado para conciertos y es una salida de emergencia», ha puesto en valor.
«DEBERÍA VOLVER LA F1 Y LA AMERICA’S CUP»
Además, ha defendido que la celebración del Gran Premio produjo una renta neta media de «más de 25 millones de euros al año» a la ciudad y ha puesto de relieve que existe un «documento confidencial», elaborado en el año 2011, cuando ya no era presidente, que «avalaba que se volviera a hacer por la renta neta que significaba». «Si yo fuese presidente, aprovecharía esta infraestructura y volvería a hacer el Gran Premio» e incluso la America’s Cup, ha insistido en este punto.
En cuanto a las declaraciones en sede judicial del ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que ha apuntado a una relación entre pagos de empresas que ganaron concursos públicos durante la época de los ‘populares’ al frente de la Generalitat y la financiación del partido, lo ha atribuido a un pacto con Fiscalía y ha destacado que «lo han desmentido Serra y Rambla» (ex secretario general y ex vicepresidente del Ejecutivo de Camps, respectivamente).
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El novio de Ayuso ante el Supremo: “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. El fiscal general me había matado públicamente”
Publicado
hace 50 minsen
4 noviembre, 2025
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico en el que su defensa admitía “dos delitos fiscales”.
“El fiscal general me había destrozado públicamente”
Visiblemente afectado, González Amador relató ante el tribunal el impacto que tuvo aquella publicación.
“Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente”,
declaró, girándose hacia el fiscal general durante su testimonio.
El empresario aseguró que, hasta la filtración, confiaba en resolver el caso “de forma discreta y con una pena asumible”, pero todo cambió “cuando el asunto saltó a la luz pública”.
De una negociación fiscal a un caso mediático
Según explicó ante el Supremo, su intención inicial era alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para cerrar el procedimiento por fraude fiscal. Sin embargo, el correo filtrado —en el que su abogado fiscalista, Carlos Neira, reconocía la existencia de “dos delitos contra la Hacienda Pública”— acabó difundido en medios de comunicación en marzo de 2024.
“Cuando vi mi expediente tributario y el correo en la prensa, llamé a mi abogado. Me dijo: ‘La presunción de inocencia se ha roto. Estamos en otra dimensión’”, ha recordado González Amador.
A partir de ese momento, según su testimonio, “todo el Gobierno comenzó a llamarle delincuente confeso”, lo que le causó “un daño irreparable” a nivel personal y profesional.
El juicio a García Ortiz y las tensiones institucionales
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sigue en el Supremo tras la querella presentada por González Amador por revelación de secretos. El proceso ha vuelto a poner el foco en las tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, así como en el papel de la Fiscalía General en casos con implicaciones políticas.
Durante la sesión, se recordaron también las declaraciones previas de altos cargos de la Comunidad de Madrid, como el jefe de Gabinete de Ayuso, que reconoció haber advertido de que “el fiscal general iría p’alante”.
Un juicio histórico en la democracia española
El juicio a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, marca un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
El proceso, que se celebra en el Tribunal Supremo, estará presidido por siete magistrados de la Sala de lo Penal, encargados de determinar si García Ortiz filtró un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía una supuesta defraudación a Hacienda.
Pese a la gravedad de la acusación, el juez Ángel Hurtado ha decidido que el fiscal general mantenga su cargo mientras dure el proceso judicial, que se prevé se alargue durante dos semanas.
El origen del caso: el correo del abogado de González Amador
Todo comenzó el 2 de febrero de 2024, cuando Carlos Neira, abogado del empresario Alberto González Amador, remitió a la Fiscalía un correo electrónico con una propuesta de pacto.
En él se reconocía la posibilidad de que su cliente hubiera cometido un delito contra la Hacienda Pública.
Durante más de un mes, el contenido de ese correo permaneció reservado. Sin embargo, el 12 de marzo de 2024, varios medios de comunicación publicaron que la pareja de Ayuso podría haber defraudado dinero al fisco.
Al día siguiente, desde la Comunidad de Madrid, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez negó esa versión y aseguró que fue la Fiscalía la que había propuesto el pacto.
Esa misma noche, según la investigación, se habría producido la presunta filtración del correo.
La posición del fiscal general
Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, García Ortiz negó “rotundamente” haber filtrado información confidencial.
El magistrado instructor, no obstante, considera que existen “indicios razonables” de que la filtración pudo salir de la Fiscalía.
El propio Alberto González Amador ha asegurado que la publicación del correo electrónico vulneró su derecho a la intimidad y afectó a su reputación:
“Todo eso me ha ido lastrando”, declaró ante el tribunal.
Un proceso sin retransmisión pública
Aunque se trata de un juicio inédito en España, el Tribunal Supremo ha decidido no retransmitir las sesiones en directo.
A lo largo del proceso declararán unos cuarenta testigos, entre ellos políticos, periodistas y miembros de la Guardia Civil.
El último en declarar será el propio Álvaro García Ortiz, quien sigue al frente de la Fiscalía General del Estado durante la vista.
Qué consecuencias puede tener el juicio
Si el Tribunal Supremo declarara culpable al fiscal general, la sentencia podría implicar:
-
Entre 4 y 6 años de cárcel,
-
12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público,
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y una multa superior a los 400.000 euros.
Por el momento, el proceso continúa abierto, y se espera que el fallo se conozca antes de final de mes.
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