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Caso Palau | Desvelan que Camps y Rambla intervinieron en crear una sociedad dedicada a captar patrocinadores

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VALÈNCIA, 26 Nov.-La responsable jurídica del Palau de Les Arts de Valencia ha desvelado «presiones» de la Generalitat para pagar a Radcliffe, empresa administrada por Pablo Broseta, unas facturas relacionadas con la impresión de unos folletos en 2008. Así mismo, ha afirmado que para la creación y para el contrato con la sociedad Patrocini hubo «intervención política» y ha nombrado al expresidente del Consell Francisco Camps y al exvicepresidente Vicente Rambla.

Ana Jiménez se ha pronunciado así en su declaración como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra el que fuera director financiero del Palau Ernesto Moreno; el presidente del consejo de administración de Patrocini, empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores, José Antonio Noguera Puchol; el consejero delegado de Patrocini, Joaquín Maldonado; y el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe, mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones, Pablo Broseta.

Jiménez, a preguntas del fiscal, ha dedicado parte de su intervención a hablar de los trabajos con la empresa Radcliffe y a su supervisión como jefa de los servicios jurídicos del Palau, inicialmente fue jefa de gabinete de la exintendente Helga Schmidt, fallecida recientemente.

La testigo ha expuesto problemas con los pagos a Radcliffe después de que se bloquearan por parte del responsable que había encargado los trabajos de impresión. «El problema fue, ha añadido, que el jefe de departamento, Xavier Colinas, dijo que no estaba de acuerdo con los precios porque pensaba que eran excesivos y por eso no liberaba las facturas para pagarlas».

Al respecto, ha afirmado que Schmidt le pidió que lo comprobase y «en una comparación superficial con otros dos festivales, los precios me parecían superiores». Así, en una nota suya que se le ha mostrado decía: «Ha sido en 2009 cuando esta empresa ha facturado lo que ellos han querido, como verás casi el doble».

En otro escrito suyo que se le ha exhibido indicaba: «El Palau, ante presiones, también por parte de la Generalitat, pese a no estar de acuerdo con las cantidades facturadas, pagó a Radcliffe». Sobre este texto ha precisado que no recuerda exactamente quién fue la persona que presionó pero sí ha narrado una conversación con Schmidt en la que ésta le refirió que había recibido una llamada de la Generalitat para interesarse por el pago a Radcliffe.

En relación con Patrocini, empresa de la que era consejera Schmidt, la testigo ha explicado que para su creación y la elaboración del contrato «hubo intervención a dos niveles de la Generalitat». El primero, cuando se presentó el proyecto por parte de Noguera, «se habló con Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, y Vicente Rambla, exvicepresidente, y hubo participación política». El segundo, «cuando se redactó el contrato y cuando la consellera, Trini Miró, dio el OK».

Así, se firmó un primer contrato con Patrocini pese a reticencias porque se fijaba un cobro de un 10% por el mantenimiento de los patrocinadores con los que ya contaba el Palau. Además, había un informe de Vicente Garrido, entonces presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que informaba de que el contrato estaba excluido de la Ley de Contratos del Sector Público. El texto llegó tanto a la consellera como a Helga Schmidt, ha dicho.

Luego se firmó un segundo contrato con Patrocini que corregía ese 10% y sobre el que ya sí se efectuaron pagos por los patrocinadores adquiridos y los renovados.

La testigo también advirtió a la exintendente al respecto de que existía una incompatibilidad entre su cargo en el Palau y Patrocini, y ella, tras saberlo, «le dijo a Noguera que iba a dejar el consejo y envió una carta», ha expuesto.

La testigo ha comentado que Patrocini llegó a obtener algún patrocinador e incrementó algo los sponsors aunque también se perdieron patrocinadores, «pero por la crisis», ha apostillado.

En relación con el evento Viva Europa, inicialmente iba a asumir el coste la Generalitat, pero no fue así. De esta forma, ha explicado que el Palau pagó 300.000 euros a la empresa Viva Europa el primer año, en 2009. En los dos ejercicios siguientes, no pagó nada y se hizo cargo la mercantil al indicar que había sobrado dinero del primer año y tras conseguir a un patrocinador nuevo que aportó 100.000 euros.

VIVA EUROPA
Otra testigo que ha declarado este martes ha sido Silvia Alonso, exgerente de Patrocini. Ha afirmado que el evento Viva Europa 2009 costó entre 80.000 y 100.000 euros pero Patrocini facturó 300.000 euros al coliseo, tal y como se había pactado.

Alonso ha explicado que llegó a Patrocini de la mano de Maldonado, que fue quien contactó con ella y le comentó que había un proyecto en el que podía encajar. La testigo, prima de la mujer de este acusado, se dedicó a la captación y gestión de patrocinadores.

En relación con el evento Viva Europa, ha afirmado que se trataba de una iniciativa cultural europea para la retransmisión de ópera en todas las ciudades europeas y ha señalado que no sabe si organizó los actos Patrocini o una empresa llamada Viva Europa porque para ella ambas mercantiles «eran lo mismo».

Sobre el evento de 2009, la testigo ha manifestado que había un contrato entre Patrocini y el Palau y se estipulaban unos gastos fijos que pagaría el coliseo por los actos «en base a un coste estimado». Así, se abonaron 300.000 euros a la empresa pero a Patrocini le costó entre 80.000 ó 100.000 euros.

Preguntada por si aumentaron los patrocinadores del Palau con la entrada de Patrocini, ha comentado que sí, con cuatro más. Y respecto a si aumentaron los ingresos por mecenazgo ha dicho que la cantidad global disminuyó porque era una época de crisis y porque un patrocinador bajó su aportación en 250.000 euros.

FUENTE: EUROPA PRESS

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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