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Caso Palau | Desvelan que Camps y Rambla intervinieron en crear una sociedad dedicada a captar patrocinadores

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VALÈNCIA, 26 Nov.-La responsable jurídica del Palau de Les Arts de Valencia ha desvelado «presiones» de la Generalitat para pagar a Radcliffe, empresa administrada por Pablo Broseta, unas facturas relacionadas con la impresión de unos folletos en 2008. Así mismo, ha afirmado que para la creación y para el contrato con la sociedad Patrocini hubo «intervención política» y ha nombrado al expresidente del Consell Francisco Camps y al exvicepresidente Vicente Rambla.

Ana Jiménez se ha pronunciado así en su declaración como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra el que fuera director financiero del Palau Ernesto Moreno; el presidente del consejo de administración de Patrocini, empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores, José Antonio Noguera Puchol; el consejero delegado de Patrocini, Joaquín Maldonado; y el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe, mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones, Pablo Broseta.

Jiménez, a preguntas del fiscal, ha dedicado parte de su intervención a hablar de los trabajos con la empresa Radcliffe y a su supervisión como jefa de los servicios jurídicos del Palau, inicialmente fue jefa de gabinete de la exintendente Helga Schmidt, fallecida recientemente.

La testigo ha expuesto problemas con los pagos a Radcliffe después de que se bloquearan por parte del responsable que había encargado los trabajos de impresión. «El problema fue, ha añadido, que el jefe de departamento, Xavier Colinas, dijo que no estaba de acuerdo con los precios porque pensaba que eran excesivos y por eso no liberaba las facturas para pagarlas».

Al respecto, ha afirmado que Schmidt le pidió que lo comprobase y «en una comparación superficial con otros dos festivales, los precios me parecían superiores». Así, en una nota suya que se le ha mostrado decía: «Ha sido en 2009 cuando esta empresa ha facturado lo que ellos han querido, como verás casi el doble».

En otro escrito suyo que se le ha exhibido indicaba: «El Palau, ante presiones, también por parte de la Generalitat, pese a no estar de acuerdo con las cantidades facturadas, pagó a Radcliffe». Sobre este texto ha precisado que no recuerda exactamente quién fue la persona que presionó pero sí ha narrado una conversación con Schmidt en la que ésta le refirió que había recibido una llamada de la Generalitat para interesarse por el pago a Radcliffe.

En relación con Patrocini, empresa de la que era consejera Schmidt, la testigo ha explicado que para su creación y la elaboración del contrato «hubo intervención a dos niveles de la Generalitat». El primero, cuando se presentó el proyecto por parte de Noguera, «se habló con Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, y Vicente Rambla, exvicepresidente, y hubo participación política». El segundo, «cuando se redactó el contrato y cuando la consellera, Trini Miró, dio el OK».

Así, se firmó un primer contrato con Patrocini pese a reticencias porque se fijaba un cobro de un 10% por el mantenimiento de los patrocinadores con los que ya contaba el Palau. Además, había un informe de Vicente Garrido, entonces presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que informaba de que el contrato estaba excluido de la Ley de Contratos del Sector Público. El texto llegó tanto a la consellera como a Helga Schmidt, ha dicho.

Luego se firmó un segundo contrato con Patrocini que corregía ese 10% y sobre el que ya sí se efectuaron pagos por los patrocinadores adquiridos y los renovados.

La testigo también advirtió a la exintendente al respecto de que existía una incompatibilidad entre su cargo en el Palau y Patrocini, y ella, tras saberlo, «le dijo a Noguera que iba a dejar el consejo y envió una carta», ha expuesto.

La testigo ha comentado que Patrocini llegó a obtener algún patrocinador e incrementó algo los sponsors aunque también se perdieron patrocinadores, «pero por la crisis», ha apostillado.

En relación con el evento Viva Europa, inicialmente iba a asumir el coste la Generalitat, pero no fue así. De esta forma, ha explicado que el Palau pagó 300.000 euros a la empresa Viva Europa el primer año, en 2009. En los dos ejercicios siguientes, no pagó nada y se hizo cargo la mercantil al indicar que había sobrado dinero del primer año y tras conseguir a un patrocinador nuevo que aportó 100.000 euros.

VIVA EUROPA
Otra testigo que ha declarado este martes ha sido Silvia Alonso, exgerente de Patrocini. Ha afirmado que el evento Viva Europa 2009 costó entre 80.000 y 100.000 euros pero Patrocini facturó 300.000 euros al coliseo, tal y como se había pactado.

Alonso ha explicado que llegó a Patrocini de la mano de Maldonado, que fue quien contactó con ella y le comentó que había un proyecto en el que podía encajar. La testigo, prima de la mujer de este acusado, se dedicó a la captación y gestión de patrocinadores.

En relación con el evento Viva Europa, ha afirmado que se trataba de una iniciativa cultural europea para la retransmisión de ópera en todas las ciudades europeas y ha señalado que no sabe si organizó los actos Patrocini o una empresa llamada Viva Europa porque para ella ambas mercantiles «eran lo mismo».

Sobre el evento de 2009, la testigo ha manifestado que había un contrato entre Patrocini y el Palau y se estipulaban unos gastos fijos que pagaría el coliseo por los actos «en base a un coste estimado». Así, se abonaron 300.000 euros a la empresa pero a Patrocini le costó entre 80.000 ó 100.000 euros.

Preguntada por si aumentaron los patrocinadores del Palau con la entrada de Patrocini, ha comentado que sí, con cuatro más. Y respecto a si aumentaron los ingresos por mecenazgo ha dicho que la cantidad global disminuyó porque era una época de crisis y porque un patrocinador bajó su aportación en 250.000 euros.

FUENTE: EUROPA PRESS

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Correos sorprende con carros motorizados de reparto y provoca la ira de los sindicatos

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La empresa pública Correos ha generado controversia tras introducir de manera sorpresiva carros de reparto motorizados en varias ciudades españolas, entre ellas Valencia, Murcia, Cartagena y Barcelona. La medida, que busca modernizar la logística postal, ha encendido la polémica entre los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO., que denuncian riesgos para la seguridad de los trabajadores y el incumplimiento de la normativa vigente.


Carros motorizados: una implementación sin consenso

Los nuevos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se incorporan al reparto tradicional a pie, pero su llegada ha sido criticada por los sindicatos por falta de consulta, formación y evaluación de riesgos. Según CSIF y UGT, Correos ha tomado esta decisión sin:

  • Consultar con los representantes de los trabajadores.

  • Proporcionar formación específica sobre el manejo de los carros.

  • Analizar las implicaciones ergonómicas y físicas de estos vehículos.

  • Establecer criterios de asignación o compensaciones económicas.

CC.OO. ha calificado esta medida como una “idea de bombero”, alertando que obliga a los carteros a interactuar con el tráfico urbano directamente, aumentando el riesgo de accidentes.


Riesgos legales y normativos

Los sindicatos subrayan que la introducción de estos VMP no respeta la normativa de tráfico. En particular:

  • La Resolución de 12 de enero de 2022 de la DGT establece características específicas para los VMP.

  • El Real Decreto 970/2020 modifica el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos, definiendo criterios claros para la circulación de estos medios.

  • Cada ciudad y comunidad autónoma puede aplicar ordenanzas locales sobre VMP que deben cumplirse.

La ausencia de formación y medidas de seguridad coloca a los carteros en una situación de riesgo, lo que podría derivar incluso en responsabilidades penales si ocurre un accidente laboral.


Modernización de Correos vs. polémica sindical

Correos ha reforzado su estrategia de movilidad sostenible este 2025, incorporando más de 1.000 vehículos eléctricos, incluyendo furgonetas híbridas y motos ciberseguras, con el objetivo de que el 25 % de su flota sea “verde” antes de fin de año. Sin embargo, los nuevos carros motorizados no forman parte oficial de este plan, aumentando la incertidumbre y el malestar entre los trabajadores.

Aunque no es la primera experiencia de Correos con carros asistidos—en 2021 se probó un proyecto piloto con 48 unidades en Madrid, Valencia, Málaga y Bilbao—los sindicatos destacan que ahora los carros se integran directamente en el reparto diario, sin evaluación técnica ni consenso laboral.


Sindicatos exigen diálogo y seguridad

CSIF, UGT y CC.OO. exigen a la dirección de Correos:

  • Suspender la implantación hasta garantizar seguridad y formación.

  • Establecer un plan de asignación de los VMP.

  • Negociar condiciones de trabajo adaptadas a los nuevos vehículos.

  • Cumplir estrictamente con la normativa de tráfico y prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos advierten que de no mediar un diálogo transparente, podrían emprender medidas legales o sindicales para proteger la seguridad de los trabajadores.


Conclusión

La llegada de los carros motorizados de Correos evidencia el choque entre modernización tecnológica y seguridad laboral. La polémica pone de relieve la necesidad de consultas previas, formación y cumplimiento normativo antes de implementar cambios que afecten directamente al personal. Mientras Correos busca eficiencia y sostenibilidad, los sindicatos reclaman que la protección de los trabajadores siga siendo una prioridad.

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