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Caso Palau | Desvelan que Camps y Rambla intervinieron en crear una sociedad dedicada a captar patrocinadores

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VALÈNCIA, 26 Nov.-La responsable jurídica del Palau de Les Arts de Valencia ha desvelado «presiones» de la Generalitat para pagar a Radcliffe, empresa administrada por Pablo Broseta, unas facturas relacionadas con la impresión de unos folletos en 2008. Así mismo, ha afirmado que para la creación y para el contrato con la sociedad Patrocini hubo «intervención política» y ha nombrado al expresidente del Consell Francisco Camps y al exvicepresidente Vicente Rambla.

Ana Jiménez se ha pronunciado así en su declaración como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra el que fuera director financiero del Palau Ernesto Moreno; el presidente del consejo de administración de Patrocini, empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores, José Antonio Noguera Puchol; el consejero delegado de Patrocini, Joaquín Maldonado; y el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe, mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones, Pablo Broseta.

Jiménez, a preguntas del fiscal, ha dedicado parte de su intervención a hablar de los trabajos con la empresa Radcliffe y a su supervisión como jefa de los servicios jurídicos del Palau, inicialmente fue jefa de gabinete de la exintendente Helga Schmidt, fallecida recientemente.

La testigo ha expuesto problemas con los pagos a Radcliffe después de que se bloquearan por parte del responsable que había encargado los trabajos de impresión. «El problema fue, ha añadido, que el jefe de departamento, Xavier Colinas, dijo que no estaba de acuerdo con los precios porque pensaba que eran excesivos y por eso no liberaba las facturas para pagarlas».

Al respecto, ha afirmado que Schmidt le pidió que lo comprobase y «en una comparación superficial con otros dos festivales, los precios me parecían superiores». Así, en una nota suya que se le ha mostrado decía: «Ha sido en 2009 cuando esta empresa ha facturado lo que ellos han querido, como verás casi el doble».

En otro escrito suyo que se le ha exhibido indicaba: «El Palau, ante presiones, también por parte de la Generalitat, pese a no estar de acuerdo con las cantidades facturadas, pagó a Radcliffe». Sobre este texto ha precisado que no recuerda exactamente quién fue la persona que presionó pero sí ha narrado una conversación con Schmidt en la que ésta le refirió que había recibido una llamada de la Generalitat para interesarse por el pago a Radcliffe.

En relación con Patrocini, empresa de la que era consejera Schmidt, la testigo ha explicado que para su creación y la elaboración del contrato «hubo intervención a dos niveles de la Generalitat». El primero, cuando se presentó el proyecto por parte de Noguera, «se habló con Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, y Vicente Rambla, exvicepresidente, y hubo participación política». El segundo, «cuando se redactó el contrato y cuando la consellera, Trini Miró, dio el OK».

Así, se firmó un primer contrato con Patrocini pese a reticencias porque se fijaba un cobro de un 10% por el mantenimiento de los patrocinadores con los que ya contaba el Palau. Además, había un informe de Vicente Garrido, entonces presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que informaba de que el contrato estaba excluido de la Ley de Contratos del Sector Público. El texto llegó tanto a la consellera como a Helga Schmidt, ha dicho.

Luego se firmó un segundo contrato con Patrocini que corregía ese 10% y sobre el que ya sí se efectuaron pagos por los patrocinadores adquiridos y los renovados.

La testigo también advirtió a la exintendente al respecto de que existía una incompatibilidad entre su cargo en el Palau y Patrocini, y ella, tras saberlo, «le dijo a Noguera que iba a dejar el consejo y envió una carta», ha expuesto.

La testigo ha comentado que Patrocini llegó a obtener algún patrocinador e incrementó algo los sponsors aunque también se perdieron patrocinadores, «pero por la crisis», ha apostillado.

En relación con el evento Viva Europa, inicialmente iba a asumir el coste la Generalitat, pero no fue así. De esta forma, ha explicado que el Palau pagó 300.000 euros a la empresa Viva Europa el primer año, en 2009. En los dos ejercicios siguientes, no pagó nada y se hizo cargo la mercantil al indicar que había sobrado dinero del primer año y tras conseguir a un patrocinador nuevo que aportó 100.000 euros.

VIVA EUROPA
Otra testigo que ha declarado este martes ha sido Silvia Alonso, exgerente de Patrocini. Ha afirmado que el evento Viva Europa 2009 costó entre 80.000 y 100.000 euros pero Patrocini facturó 300.000 euros al coliseo, tal y como se había pactado.

Alonso ha explicado que llegó a Patrocini de la mano de Maldonado, que fue quien contactó con ella y le comentó que había un proyecto en el que podía encajar. La testigo, prima de la mujer de este acusado, se dedicó a la captación y gestión de patrocinadores.

En relación con el evento Viva Europa, ha afirmado que se trataba de una iniciativa cultural europea para la retransmisión de ópera en todas las ciudades europeas y ha señalado que no sabe si organizó los actos Patrocini o una empresa llamada Viva Europa porque para ella ambas mercantiles «eran lo mismo».

Sobre el evento de 2009, la testigo ha manifestado que había un contrato entre Patrocini y el Palau y se estipulaban unos gastos fijos que pagaría el coliseo por los actos «en base a un coste estimado». Así, se abonaron 300.000 euros a la empresa pero a Patrocini le costó entre 80.000 ó 100.000 euros.

Preguntada por si aumentaron los patrocinadores del Palau con la entrada de Patrocini, ha comentado que sí, con cuatro más. Y respecto a si aumentaron los ingresos por mecenazgo ha dicho que la cantidad global disminuyó porque era una época de crisis y porque un patrocinador bajó su aportación en 250.000 euros.

FUENTE: EUROPA PRESS

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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