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Clínica Dorsia y 9 de Octubre, denunciados por muerte en operación de pecho

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València, 25 nov (EFE).- La familia de Lina Betancourt, una joven colombiana de 23 años que falleció tras una operación de aumento de pecho, ha denunciado a la Clínica Dorsia y al Hospital 9 de Octubre por homicidio imprudente, un supuesto delito del que deberán dar explicaciones los facultativos responsables ante el juez, que ha pedido su identificación.

Mientras que desde el Hospital 9 de Octubre han explicado que solo cedieron sus instalaciones para la intervención y que el equipo médico que operó era de Dorsia, esta segunda compañía divulgó hace días un comunicado en el que, además de lamentar lo sucedido, defienden que la cirugía se desarrolló adecuadamente y sin ninguna complicación, por lo que la investigación debe apuntar hacia la atención posterior a la cirugía, de la que hace responsable al hospital.

«Mi hija me comentó que quería hacerse esta operación de pecho, pero a mí no me pareció buena idea. Consideraba mejor que, en todo caso, esperase a operarse en Colombia. Pero ella conoció el modo express y el buen precio que hacía la Clínica Dorsia y vio una oportunidad. A mí no me dijo nada, solo lo sabían mi madre y su mejor amiga», relata el padre de la chica en conversación con Efe.

Su denuncia relata unos hechos que van desde la firma del contrato con Clínica Dorsia al ingreso en el Hospital 9 de Octubre el 23 de agosto, la operación, que se extendió durante más tiempo del previsto, y el momento en el que un facultativo, que no se identificó, comunicó a las personas cercanas a la joven que esperaban el desarrollo de la cirugía que «algo ha ido mal». El relato continúa, después, con el ingreso de la joven en el Hospital Clínico con un deterioro cerebral del 80 % que, tras días de empeoramiento, la condujo finalmente a la muerte.

«Absolutamente nadie nos ha dicho nada de qué pasó para que mi hija entrara en coma», explica el padre, mientras que su abogada, Andrea Saéz, del despacho Sánchez Abogados, explica que «no sabemos ni siquiera quiénes fueron los facultativos que la operaron y la atendieron después».

La identificación de los responsables de la intervención y posterior atención a la paciente podría ser el paso anterior a que fueran citados, eventualmente como investigados, por el juez, cuya tarea deberá ser a partir de ahora esclarecer por qué, cómo y a manos de quién se escapó la vida de la chica y, eventualmente, cuáles son las responsabilidades que se deriven de lo que resulte probado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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