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Cómo elegir la mascarilla para nuestros hijos

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Los niños están obligados a utilizar la mascarilla a partir de los 6 años, y los expertos afirman que también es recomendable a partir de los 3. Hay tres aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir una mascarilla: debe ser capaz de filtrar bacterias, debe permitir que se respire bien con ella y debe ajustarse bien al tamaño del usuario. Esta última propiedad es especialmente importante en el caso de los niños.

Las mascarillas infantiles tienen tres tallas diferentes: los niños de 3 a 5 años deben llevar la talla pequeña; la mediana es para niños de 6 a 9 años y la talla grande, hasta los 12 años. A partir de esa edad, ya pueden usar las mascarillas para adultos.

Las mascarillas higiénicas son las más indicadas para su uso como prevención. Este tipo de mascarillas pueden ser desechables o reutilizables. También puede acudirse a las mascarillas quirúrgicas, que tienen la categoría de producto sanitario, están homologadas y son desechables. Estas últimas empiezan también a verse en categoría infantil, aunque no son fáciles de encontrar.

Las mascarillas infantiles desechables se encuentran más fácilmente, están homologadas (y por tanto tienen eficacia bacteriana garantizada) pero son bastante más caras, hasta 10 veces más si se calcula su coste por uso.

Para saber si una mascarilla está homologada, hay que fijarse en su etiquetado. Las mascarillas higiénicas homologadas no llevan el marcado CE, pero sí la indicación de la norma a la que se ajustan.

La certificación UNE 0065 en mascarillas reutilizables garantiza, al menos, un 90% de eficacia de filtración bacteriana.

La certificación UNE 0064 en mascarillas desechables indica que tienen mayor eficacia de filtración bacteriana: al menos un 95%.

Junto a ellas hay mascarillas que se han sometido a otras especificaciones, no a la norma UNE, o bien que no tienen ninguna homologación: su venta está autorizada, pero no se tiene certeza de su eficacia.

Según un estudio de la OCU, no todas las mascarillas que se venden en farmacia cuentan con la certificación. También se venden otro tipo de mascarillas. De hecho, en un rápido sondeo realizado en farmacias y en otro tipo de establecimientos (tiendas de moda, deportivas y supermercados), la OCU ha encontrado mascarillas reutilizables infantiles con la debida certificación junto a otras sin ese certificado.

¿Cuánto cuestan las mascarillas para niños?

El precio por unidad de una mascarilla reutilizable infantil varía mucho, desde 0,99 euros en supermercados Consum, hasta los 14,5 euros de algunas farmacias (en farmacias las más baratas costaban 3,5). Pero una cosa es el precio de compra, y otra el precio por uso: algunas afirman admitir 5 lavados, mientras que otras indican que permiten ¡hasta 135!

El precio de una mascarilla infantil desechable va desde los 0,45 hasta los 0,8 euros.

En cuanto al número de usos, hay muchas diferencias entre lo que indican unos y otros fabricantes. El número de usos depende del producto y es recomendable buscar la información en el envase. Según los análisis de la OCU, con los lavados a la larga se puede resentir la eficacia antibacteriana.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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