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Sucesos

Condenan a un alcalde libanés por intentar comprar el hígado de personas sin recursos en Valencia

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VALÈNCIA, 7 Oct. – Un alcalde libanés ha aceptado la pena de un año de prisión por intentar comprar un hígado a personas sin recursos para hacerse un trasplante, puesto que estaba aquejado de una enfermedad hepática. Llegó a ofrecerles hasta 40.000 euros, además de trabajo y «grandes regalos». Junto a él han sido condenadas tres personas más a dos años de cárcel que le ayudaron con esta operación.

El juicio por estos hechos estaba previsto que se celebrase este lunes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, pero finalmente se ha alcanzado un acuerdo entre Fiscalía y los acusados por el que éstos han reconocido los hechos que se les imputaban y han obtenido una rebaja en la pena de prisión propuesta.

Inicialmente, el ministerio fiscal pedía tres años de cárcel para el alcalde libanés –trasplantado al final con el hígado de su hijo– y otros siete años para cuatro acusados más, entre los que se encontraban dos sobrinos suyos y su propio hijo, por un delito de promoción, favorecimiento o facilitación de trasplante ilegal de órganos humanos ajenos. Finalmente se ha llegado a un acuerdo por el que se han rebajado las penas a 1 y 2 años de prisión.

Se trata de la segunda causa de esta índole que se juzga y se condena en España, dado que solo existe un precedente similar de una sentencia de octubre de 2016 dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona.

En concreto, este caso se remonta al año 2013, cuando el político, quien sufría una enfermedad hepática que requería un trasplante, sabedor del prestigio de esta cirugía en España, decidió contactar con familiares suyos residentes aquí para que realizaran gestiones con el objeto de encontrar a donantes vivos.

Así, entre abril y mayo de 2013, dos de sus sobrinos que tenían una mercantil en Alicante, con sede en Novelda, actuando como enlace de su tío enfermo, junto al hijo de éste y otro conocido de ellos, también libanés, idearon un plan para materializar el trasplante.

Este hecho suponía un evidente quebranto de la legislación española relativa a la donación de órganos entre vivos, normativa y requisitos de los que –tal y como contempla el escrito fiscal provisional– fueron escrupulosamente informados por parte de las autoridades sanitarias y, en concreto, por los médicos del Hospital Universitario de Pamplona y del Clínico de Barcelona.

El hijo del alcalde libanés previamente había indicado que no tenía intención de ser el donante por el riesgo que ello comportaba y por el hecho de que en el Líbano le habían dicho que su hígado era pequeño y no podía ser donante de su padre.

De esta forma, los procesados –ahora condenados– empezaron a reclutar posibles donantes y contactaron con personas sin recursos o en situación de necesidad económica. Se encargaban de pagar pruebas de resonancias y TAC a los posibles pacientes, les ofrecían trabajo a cambio del trasplante, matrimonio de conveniencia y, en ocasiones, hasta 40.000 euros por «un trozo de hígado».

Finalmente, tras no encontrar a personas que quisieran asumir el riesgo o que fueran admitidas en el Hospital Clínico de Barcelona, se hizo una prueba al hijo del alcalde libanés, fue evaluado y al observar que era posible su trasplante, se le practicó el mismo el 26 de agosto de 2013.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Sucesos

La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI mientras Sanidad intensifica la investigación

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Muere una niña de 6 años tras tratamiento dental Alzira
Cartel en la clínica dental donde fue tratada la menor - EUROPA PRESS

La menor evoluciona favorablemente, la clínica está suspendida y el anestesista ya ha sido interrogado por Inspección

La niña de cuatro años que fue hospitalizada el jueves tras someterse a un tratamiento odontológico en una clínica dental de Alzira ha abandonado la UCI pediátrica del Hospital Clínico de València y ha pasado a planta, según fuentes sanitarias. La evolución favorable de la pequeña llega cuatro días después de su ingreso en estado grave con fiebre, vómitos y somnolencia.

El caso se investiga en paralelo al fallecimiento de otra menor de seis años, atendida ese mismo día en la misma clínica, que llegó en parada cardiorrespiratoria al Hospital de la Ribera y no pudo ser reanimada. Ambos episodios han generado una profunda conmoción en Alzira y en la Comunitat Valenciana.


Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad mantuvo ayer una reunión con el anestesista que atendió a ambas niñas en la clínica dental privada. De este encuentro se ha elaborado un informe que será remitido a la autoridad judicial. La cita forma parte de la investigación abierta para esclarecer qué ocurrió durante los procedimientos de sedación.


La clínica no tenía autorización para sedación intravenosa

Sanidad ha confirmado que la clínica dental no disponía de autorización sanitaria para realizar técnicas de anestesia que requieran sedación intravenosa, un procedimiento que exige permisos específicos, equipamiento de reanimación y personal acreditado.

El centro únicamente estaba autorizado para actividad odontológica con anestesia local, no para sedación profunda ni intravenosa. Por ello, la Conselleria ha ordenado la suspensión cautelar de toda la actividad del establecimiento.


Cronología sanitaria: dos niñas atendidas en una hora y un desenlace trágico

La menor fallecida, de seis años

  • 16:52 h, jueves 20 de noviembre: llega en parada cardiorrespiratoria al Hospital de la Ribera.

  • Los equipos sanitarios intentan reanimarla sin éxito y se declara su fallecimiento.

La niña de cuatro años

  • 12:00 h: acude a la misma clínica dental para un tratamiento con sedación intravenosa.

  • 15:11 h: ingresa en Urgencias del Hospital de la Ribera con fiebre, vómitos y somnolencia.

  • Tras estabilizarla, es trasladada en SAMU al Clínico de València y permanece en la UCI hasta este lunes, donde su estado ya es estable y en planta.

Ambos tratamientos fueron realizados en la misma mañana y por el mismo anestesista.


Líneas clave de la investigación: fármacos, trazabilidad y procedimientos

Sanidad investiga:

  • El lote del anestésico utilizado.

  • La trazabilidad del fármaco y la cadena de suministro.

  • Las condiciones de conservación del medicamento.

  • La legalidad de los procedimientos aplicados.

  • El cumplimiento de protocolos de sedación en menores.

  • La documentación clínica de ambas pacientes.

Además, la Policía Nacional ha trasladado el caso al grupo de Homicidios para determinar posibles responsabilidades penales. La autopsia de la niña fallecida será determinante.


La versión de la clínica: “La niña salió aparentemente bien”

La dirección del centro ha declarado que no se empleó anestesia general, sino una sedación intravenosa leve para extraer dientes de leche y colocar empastes. Afirman que la niña “salió del centro dental aparentemente bien” y que desconocen qué pudo ocurrir después. Añaden que “se está investigando el lote de la anestesia”.

Estas afirmaciones deberán contrastarse con los informes toxicológicos y la pericia médica.


Los padres denuncian que la niña estuvo cuatro horas con síntomas antes del alta

La familia de la menor fallecida sostiene que la niña presentó síntomas graves —somnolencia, vómitos, dificultad respiratoria y falta de respuesta a estímulos— durante cuatro horas dentro de la clínica antes de que le dieran el alta.

Al no mejorar en casa, decidieron trasladarla por su cuenta al Hospital de la Ribera, donde llegó en parada cardiorrespiratoria.


Investigación judicial en marcha

El juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas para esclarecer el fallecimiento, mientras Sanidad desarrolla un expediente informativo completo. La jueza de guardia estudia ahora toda la documentación para determinar si existieron irregularidades o mala praxis en la sedación.


Un caso que sacude a la ciudadanía y refuerza el debate sobre la sedación en odontología infantil

La gravedad de los hechos y la implicación de menores han generado enorme preocupación social. El caso reabre el debate sobre los protocolos de seguridad en la sedación odontológica, la necesidad de centros acreditados y el control exhaustivo de medicamentos anestésicos.

Sanidad insiste en que la suspensión cautelar de la clínica busca garantizar la seguridad de otros pacientes mientras avanzan las investigaciones.

 

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