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Detenido un depredador sexual dedicado a captar menores con fines pedófilos

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Detenido un depredador sexual dedicado a captar menores con fines pedófilos

ALICANTE, 14 Feb. (EUROPA PRESS) –

La Guardia Civil ha detenido a una persona en Alicante, en colaboración con el FBI, acusado de formar parte de un grupo criminal internacional dedicado a captar menores en internet con fines sexuales, principalmente niñas de 8 a 14 años de edad a las que grababa y obligaba a hacer prácticas aberrantes. Hasta el momento se han identificado 80 víctimas, según ha informado este miércoles la comandancia en un comunicado.

La operación se inició hace dos años, al descubrir el FBI (Federal Bureau of Investigation) de Estados Unidos la existencia de varios grupos organizados que operaban a través de una plataforma online de videoconferencias para conseguir la participación de menores en actividades de tipo sexual, grabando en vídeo estos comportamientos.

Una vez intervenida la plataforma y descubiertos los vínculos con España, el FBI trasladó esta información a la Guardia Civil a través del grupo de trabajo VCACITF (Violent Crimes Against Children International Task Force).

El trabajo conjunto realizado durante estos dos años, mediante la vigilancia activa a través del ciberpatrullaje y la utilización de agentes encubiertos, ha permitido la identificación y detención de otras 21 personas hasta el momento, y se prevén nuevas actuaciones en diferentes países.

Durante la monitorización de la plataforma utilizada por los investigados, se encontraron indicios de que uno de sus más activos componentes realizaba su actividad desde España, el cual se hacía pasar por diferentes menores de edad en sus tareas de captación. Los agentes registraron el domicilio del sospechoso donde se halló abundante material pedófilo supuestamente producido por el ahora detenido.

‘HUNTERS Y LOOPERS’

El grupo del que formaba parte esta persona estaba estructurado en diferentes roles que, a su vez, se dividen en dos grupos principales a los que ellos mismos bautizaron con los nombres de ‘Hunters’ (cazadores) y ‘Loopers’.

Los ‘hunters’ se deicaban a captar menores en diferentes redes sociales, sobre todo niñas de 8 a 14 años de edad. Su labor consistía en, mediante el uso de perfiles con fotos de otras menores, conseguir atraer a sus víctimas a la plataforma de videoconferencia.

Una vez que las menores visitaban este lugar llegaba el turno de los ‘loopers’. Los individuos con este rol emitían vídeos previamente grabados de otros menores con el fin de que sus víctimas pensasen que estaban interaccionando con otras personas de su misma edad y no con adultos. Estos vídeos emitidos eran en unos casos descargados de Internet y en otros se trataba de las imágenes captadas de las propias víctimas del grupo.

El detenido en Alicante alternaba ambos roles y además realizaba tareas de coordinación y dirección dentro del grupo y estableció una serie de reglas de obligado cumplimiento, como por ejemplo no interactuar en privado con las menores. Además, exigía al resto de componentes que cumpliesen con los roles que tuviesen encomendados, bajo amenaza de ser expulsados.

El ahora detenido consiguió que sus víctimas realizasen diversos tipos de actividades sexuales, llegando a solicitarles prácticas totalmente aberrantes que al mismo tiempo eran grabadas y almacenadas en distintos dispositivos intervenidos al detenido.

NUEVAS INVESTIGACIONES

El análisis de la información intervenida en el domicilio registrado ha servido para conocer, además de las identidades que esta persona utilizaba en su actividad delictiva, otras plataformas utilizadas con la misma finalidad.

Esta nueva información ha servido para obtener datos clave sobre otros pedófilos, tanto en España como en diferentes países de Europa y Norteamérica, en la que ya se está trabajando para su difusión tanto en el marco de VCACITF como a través de EUROPOL.

Por otra parte, el estudio del importante volumen de vídeos producidos por el detenido ha permitido conocer nuevas víctimas, cuya identificación está en curso. La investigación ha sido llevada a cabo por el Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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