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Educación convoca las pruebas de acceso para los ciclos formativos de FP para 2019

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VALÈNCIA, 07 Mar.- La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha publicado en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ la resolución por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y superior para 2019.

Como principal novedad, se modifica la estructura de las pruebas académicas, con el fin de que no se realicen todas en la misma jornada. De esta manera, los ejercicios se realizarán distribuidos en dos días diferentes y consecutivos, tanto para grado medio como para grado superior, siguiendo así la recomendación del Síndic de Greuges de fecha 30 de agosto de 2018.

En concreto, los exámenes de acceso tanto a grado medio como a grado superior serán los días 11 y 12 de junio y se celebrarán en todos los centros docentes públicos que impartan ciclos formativos. El objetivo de estas pruebas es posibilitar que aquellas personas que no reúnan los requisitos académicos de acceso directo a ciclos formativos puedan cursar estos estudios y complementar así su formación. Además, cabe destacar que la certificación que acredita haber superado las pruebas de acceso tiene validez en todo el territorio nacional.

Para este alumnado, en el procedimiento de admisión se reservará un mínimo de un 20% de las plazas vacantes, que podrá ampliarse en caso de que las solicitudes del alumnado que concurra por otras vías de acceso sea insuficiente para cubrir la oferta.

En cuanto al período de inscripción en las pruebas, se abrirá el 23 de abril y permanecerá abierto hasta el 10 de mayo. El único requisito para poder presentarse a las pruebas de acceso a grado medio será tener 17 años de edad o cumplirlos durante el año 2019, y para el grado superior, tener 19 años o cumplirlos durante 2019.

Asimismo, quienes acrediten estar en posesión de un título de técnico de Formación Profesional podrán presentarse a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior cuando tengan como mínimo 18 años cumplidos el año de realización de la prueba, y únicamente se tendrá en cuenta el resultado a los efectos de admisión a ciclos formativos de grado superior cuando opten por participar en el proceso de admisión por la cuota correspondiente a prueba de acceso y otras vías de acceso.

El listado provisional del alumnado admitido para realizar las pruebas se publicará el 21 de mayo y, después del período de reclamación, el listado definitivo de admitidos y excluidos se publicará el 28 de mayo.

En cuanto a la publicación del resultado de las pruebas, el listado provisional de las calificaciones de ambos grados se publicará el 20 de junio y las reclamaciones podrán presentarse del 21 al 25 de junio.

Por último, la publicación de las listas definitivas de las calificaciones y la entrega de los certificados de las pruebas de grado medio y superior será el día 1 de julio.

Desarrollo de las pruebas
Los aspirantes a ciclos formativos de grado medio realizarán una prueba común para todos ellos, y constará de tres partes: Lingüística (Lengua y Literatura Castellana o Valenciana y Lengua Extranjera Inglés); Social (Ciencias Sociales, Geografía e Historia) y Científico-Matemático-Técnica (Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Tratamiento de la Información y Competencia Digital).

Por otro lado, la prueba de acceso al grado superior constará de dos partes: la común y la específica. La parte común estará dividida en cuatro apartados: Lengua y Literatura (Castellana o Valenciana), Lengua Extranjera (Inglés), Matemáticas y Tratamiento de la Información y Competencia Digital. En cuanto a la parte específica, constará de dos apartados e incluirá diferentes contenidos de materias del Bachillerato, en función de la opción a la que esté adscrito el ciclo formativo.

La dirección de los centros docentes donde se vayan a realizar las pruebas designará al profesorado de los distintos departamentos didácticos y/o de orientación que deberán informar a las personas interesadas sobre el calendario, la estructura, los contenidos, los criterios de evaluación y la posibilidad de exención de las pruebas.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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