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El Ayuntamiento pregunta en una encuesta a los valencianos si prefieren la república

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La ciudadanía de València aprueba la gestión de la crisis ocasionada por la covid-19 que está realizando el Ayuntamiento, según se refleja en los resultados del Barómetro Municipal de Información Ciudadana del mes de octubre, que ha presentado este viernes el delegado de Gestión del conocimiento, Carlos Galiana. La encuesta ha estado dedicada a la situación política y la intención de voto y, por primera vez, ha incluido preguntas sobre el modelo de Estado.

La encuesta se ha realizado sobre una muestra de 1.320 entrevistas entre la ciudadanía valenciana (personas empadronadas mayores de 18 años). Tal como ha explicado el concejal, la ciudadanía ha puntuado con una media de 8,6 su grado de «satisfacción de vivir en la ciudad de València, una nota que no ha variado desde el inicio de este mandato», ha subrayado Galiana.

En el marco de las circunstancias derivadas de la pandemia de covid-19, la encuesta ha querido conocer el impacto de esta crisis sobre la valoración de la gestión municipal al respecto. Los valencianos y valencianas han puntuado con un 5,2 tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat en su gestión de la crisis, mientras que han otorgado un 4 al Gobierno del Estado en esta cuestión. De hecho, también superan la media de 5 todos los servicios municipales, excepto los aparcamientos públicos (y, en este caso, con un 4,9, la nota más alta de la serie), y los servicios mejor valorados son los mercados municipales (nota de 7,5), las bibliotecas y museos municipales (7,1) y la recogida de basuras (6,9).

El Barómetro Municipal Octubre 2020 ha estado dedicado a la política y la valoración de nuestros políticos. «Puedo decir que el 47,8% valora bien o muy bien el gobierno municipal conformado por Compromís y PSPV», ha subrayado el concejal Galiana, que ha destacado que «tanto el alcalde, Joan Ribó (Compromís), como la portavoz del PSPV-PSOE y vicealcaldesa, Sandra Gómez, han resultado aprobados en la valoración ciudadana. De hecho, Compromís y PSPV serían el primer y segundo partido más votados en estos momentos», ha añadido. Por contra, según el Barómetro Municipal, los tres líderes de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, suspenden en su gestión.

Además, ha añadido el concejal, el Govern del Rialto formado por Compromís y PSPV «podría repetir la coalición si hoy tuviéramos elecciones y, además, Podemos podría entrar de nuevo con representación en el Ayuntamiento».

EL MODELO DEL ESTADO. MONARQUÍA Y REPÚBLICA

La encuesta ha recogido por primera vez preguntas sobre «un tema candente que está en la calle», ha explicado Carlos Galiana: el modelo del Estado: un 66,8% de las personas encuestadas está «de acuerdo o muy de acuerdo con hacer un referéndum para elegir el mejor modelo de Estado para España». Y respecto a cuál debería ser ese modelo, el 38% se inclinaría por la monarquía y el 44% por la república.

También se ha requerido la opinión de las personas encuestadas sobre la evolución que se prevé de la situación política en la ciudad de València, en la Comunitat Valenciana y en el Estado, así como sobre los aspectos de la gestión política diaria que más preocupan a la ciudadanía.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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