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El salario medio valenciano crece un 2,5% hasta los 1.519 euros pero su poder de compra sigue cayendo, un -0,6%

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VALENCIA, 28 Ago.- El salario medio en la Comunitat Valenciana acumula cuatro trimestres seguidos de crecimiento y alcanza ahora los 1.519 euros mensuales tras crecer un 2,5% en el último año y marcar un nuevo máximo, pues la cifra nunca ha sido tan elevada la remuneración en la autonomía, según lo datos del Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, que señalan que el salario medio en el conjunto de España es ligeramente superior (1.674 euros, +1,7%).

Sin embargo, si se tiene en cuenta la inflación y se analiza el poder de compra del salario, la situación empeora pues la valenciana es una de las 10 regiones que hace un año mostraban un deterioro en el poder de compra del salario medio y ahora continúan sufriendo una pérdida. En el caso valenciano es de un 0,6%, frente a la pérdida del 0,7% en toda España.

Asimismo el estudio señala que el 31,8% de los parados valencianos está en esa situación desde hace al menos dos años –larga duración, cifra que en el conjunto del país asciende al 32,4%. A pesar de la reducción de 4,5 puntos porcentuales y del 3,9, respectivamente, sigue siendo un problema si se observa que uno de cada cuatro parados de larga duración de la Unión Europea reside en España.

En la Comunitat, el grado de cobertura de los parados lleva creciendo menos tiempo, once trimestres seguidos. Ahora, un 65,8% de los parados valencianos cobra una prestación por desempleo, 10,3 puntos porcentuales más que hace un año. Además, es la proporción más elevada para esta región desde marzo de 2011.

En cuanto a la siniestralidad laboral, el estudio avisa que lleva creciendo en la Comunitat Valenciana 23 trimestres consecutivos. Hoy en día se registran 60,2 accidentes cada 10.000 ocupados (+4,1% interanual) frente a los 67,8 de media en España (+1,5%). Aun así, sigue siendo la segunda autonomía con menos siniestros, matiza el estudio de Adecco.

Además, en la región estudian y trabajan al mismo tiempo el 14,4% de los ocupados (+1,2 p.p.), la tercera mayor proporción autonómica y el mayor registro de esta variable en 5 años.

CRECE LA CREACIÓN DE EMPRESAS

La Comunitat Valenciana es la séptima autonomía con el mayor parque empresarial del país, con 30,2 empresas cada mil habitantes, lo que supone un ligero incremento interanual del 0,9%, por encima de la media nacional que se sitúa en 29,5 firmas (la creación de empresas ha mejorado un 0,7%).

Al contrario de lo que sucede en la mayoría de las autonomías y a nivel nacional, el número de huelgas en la Comunitat Valenciana disminuye: ahora se registran en la región 10,2 conflictos cada 100.000 empresas (-0,9% interanual), lo que la convierte en la cuarta comunidad con menos conflictos. También cae la participación en ellas (-8,1%, quedando en 10,1 huelguistas cada 10.000 ocupados).

Fuente:  EUROPA PRESS

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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