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El Supremo autoriza la salida de los presos electos para la constitución de las Cortes
Publicado
hace 6 añosen

El tribunal de la causa especial 20907/2017, que se sigue en el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición y otros, ha desestimado que deba pedir un suplicatorio a las Cortes para continuar el juicio a los cinco acusados en la causa que han sido elegidos diputados o senadores en las elecciones del 28 de abril, al considerar que carecería de “justificación constitucional que el normal desarrollo de un proceso que ya se sitúa en los debates del juicio oral exija para su normalidad democrática el ‘nihil obstat’ del órgano parlamentario”.
La Sala, en un auto, rechaza además la suspensión del juicio y la petición de libertad de los mismos cinco acusados basada en su elección como parlamentarios, pero autoriza su salida de prisión el próximo 21 de mayo para asistir a los plenos constitutivos del Congreso (en el caso de Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez, elegidos diputados) y del Senado (Raul Romeva, elegido senador).
El tribunal resuelve en el auto si en el actual estado del procedimiento resulta obligado recabar la autorización parlamentaria para la continuación de las sesiones del juicio oral, activando así el correspondiente suplicatorio, y llega a la conclusión de que no procede apoyándose en cuatro bloques argumentales: el plano de la constitucionalidad; el ámbito de la legalidad ordinaria; el examen de los precedentes jurisprudenciales dictados por la misma Sala; y la jurisprudencia constitucional que ha perfilado la naturaleza de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria.
Para los magistrados, “una interpretación gramatical y sistemática, asociada a la naturaleza misma de la prerrogativa de la inmunidad, avala la idea de que la autorización del órgano legislativo es necesaria «para procesar», esto es, para atribuir a un diputado o senador electo la condición formal de parte pasiva, sujetándolo a un proceso penal que podría afectar al normal funcionamiento de las tareas legislativas. Se trata, por tanto, de una previsión a futuro. El sentido constitucional de la inmunidad y su propia justificación histórica no permiten igualar la autorización para procesar con la homologación parlamentaria del ya procesado”.
“Carece de justificación constitucional -agrega el auto- que el normal desarrollo de un proceso que ya se sitúa en los debates del juicio oral exija para su normalidad democrática el nihil obstat del órgano parlamentario. No forma parte de las garantías propias del estatuto personal del diputado o senador -si su incorporación a las listas y su elección han tenido lugar cuando ya se había iniciado el juicio oral- imponer una valoración retroactiva de la incidencia que ese proceso penal puede tener en la normal actividad de las Cámaras”.
Interferencia irrazonable
Para el Supremo, la interpretación contraria “supondría una interferencia irrazonable en el ejercicio de la función jurisdiccional pues permitiría una «revisión» o «control» del poder legislativo sobre el ejercicio de la función jurisdiccional respecto a determinadas personas por el hecho mismo de haber sido elegidos parlamentarios durante la celebración del juicio oral -cualquiera que fuera el hecho que motivó en su momento la incoación del proceso-, convirtiendo así la inmunidad parlamentaria en un «privilegio» o «derecho particular» de determinadas personas cuyo ejercicio no solo no preservaría la composición y funcionamiento de las Cortes sino que vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los Tribunales”.
El auto indica que esta interpretación, por otra parte, “es coherente con el significado histórico de la garantía de inmunidad y, lo que es más importante, es la única sostenible a partir de una lectura constitucional del proceso penal. Entender que la inmunidad opera incluso cuando el proceso penal se encuentra ya en su tramo final supondría desbordar el espacio constitucionalmente reservado a esa garantía. Implicaría olvidar, en fin, que la inmunidad protege frente a la apertura de procesos concebidos para alterar el normal funcionamiento de la cámara legislativa, no para impedir el desenlace de una causa penal en la que el diputado o senador electo ha sido ya procesado y acusado, habiéndose decretado la apertura del juicio oral”.
Añade que “la exigencia de autorización legislativa para que el poder judicial culmine el proceso penal iniciado hace ya más de un año, cuando los procesados no eran diputados o senadores electos, supondría subordinar el ejercicio de la potestad jurisdiccional a una tutela parlamentaria ajena al equilibrio de poderes diseñado por el poder constituyente”.
Suspensión afectaría a derechos de los otros acusados
Para la Sala, la conclusión de que no se debe pedir el suplicatorio permite también la denegación de la suspensión. Así, resalta que “la eventual posibilidad de la suspensión por un tiempo indefinido, a la espera de la constitución de ambas Cámaras y de la tramitación y decisión de las peticiones de suplicatorio, con sus correspondientes vicisitudes, pugnaría frontalmente con otros derechos consagrados por el art. 24.2 de la Constitución. Se trata, claro es, de los derechos que asisten al resto de acusados no parlamentarios, respecto de los cuales se demoraría la conclusión del juicio, con el negativo efecto que conllevaría para la vigencia del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”.
Además, señala que la suspensión podría determinar la imposibilidad de conservar la validez de la ingente prueba practicada hasta este momento. Recuerda también que las causas de suspensión de un juicio están tasadas y son muy restrictivas y entre ellas no figura la falta de autorización de las cámaras.
Deniega la nueva petición de libertad
Por otro lado, el auto no considera atendibles las razones sobrevenidas alegadas ahora por las defensas para pedir la libertad y el cese de la prisión provisional. El tribunal se remite a las razones ya recogidas en resoluciones anteriores sobre las sucesivas peticiones de libertad, y descarta la idea que late en los nuevos escritos de las defensas de que la prisión ha de quedar sin efecto “siempre y en todo caso” cuando se accede al ejercicio de la función parlamentaria.
“El papel nuclear de la libertad ideológica y de la libertad de expresión en una sociedad democrática está fuera de toda duda, como lo está la esencialidad de esta última en el ámbito del discurso y del debate político”, señalan los magistrados, que agregan que “la medida cautelar impugnada no implica, sin embargo, una vulneración de tales derechos. Como hemos resaltado con anterioridad, en este proceso penal no se criminaliza ninguna ideología”.
En definitiva, consideran que el mantenimiento de la prisión preventiva es, por las razones expuestas, razonable y proporcionado. Concurren todos los presupuestos constitucionales y legales para ello y no implica una vulneración de ninguno de los derechos mencionados en los escritos presentados.
Autoriza asistencia a las sesiones constitutivas de Congreso y Senado
Sin perjuicio de lo indicado, el auto añade que con el fin de hacer posible la práctica de los actos indispensables para la adquisición de la condición de miembros del órgano legislativo, esta Sala autoriza la salida del centro penitenciario de los cinco solicitantes, para que asistan a las respectivas sesiones constitutivas del Congreso de los Diputados y el Senado. “Deberán para ello ser debidamente custodiados y adoptarse por la Presidencia de ambas cámaras las decisiones oportunas para que, una vez en el interior del Salón de Plenos, pueda quedar garantizada su seguridad. Deberán ser reintegrados, sin dilación, al centro penitenciario una vez la Presidencia de las Cámaras haya dado término a la sesión”, indica la resolución.
El Supremo concluye que esta autorización, de carácter excepcional e inspirada en la necesidad de no menoscabar la titularidad del derecho de participación, se subordina, en todo caso, a que no interfiera en el desarrollo del proceso penal en que el Diputado o Senador viene siendo acusado.
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Paco Salazar renuncia a su puesto en el equipo de Sánchez tras ser acusado de acoso sexual a compañeras del PSOE
Publicado
hace 2 díasen
5 julio, 2025
Paco Salazar, una de las figuras más próximas a Pedro Sánchez en el entorno de Moncloa y previsto como nuevo miembro del núcleo duro del presidente del Gobierno, ha presentado su renuncia antes incluso de tomar posesión del cargo. La decisión llega tras la publicación de graves acusaciones por presunto acoso sexual y proposiciones inapropiadas a varias compañeras del Partido Socialista.
La renuncia se produjo tras una reunión tensa en la sede de Ferraz, donde Salazar comunicó su decisión en medio del creciente malestar interno por su comportamiento. Según ha adelantado el diario eldiario.es, al menos dos mujeres del PSOE denunciaron haber sido objeto de comentarios obscenos, insinuaciones sexuales constantes y proposiciones para mantener encuentros fuera del ámbito laboral, como cenas a solas y sugerencias para quedarse a dormir en su domicilio.
Conductas reiteradas y conocidas internamente
Según la investigación periodística, los comportamientos atribuidos a Paco Salazar eran conocidos desde hace meses por varios dirigentes del partido, aunque no se habían hecho públicos hasta ahora. Se trata de un patrón de conducta que incluye uso reiterado de lenguaje sexual, comentarios sobre la apariencia física de sus compañeras y una actitud persistente que ha generado un profundo malestar.
Desde el PSOE, se ha confirmado la existencia de las acusaciones y se ha anunciado que se abrirán diligencias internaspara esclarecer los hechos. En un comunicado oficial, el partido señala que Paco Salazar ha solicitado personalmente la apertura de una investigación preliminar sobre las informaciones conocidas este lunes.
El PSOE inicia una investigación interna urgente
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha informado que iniciará «de inmediato» las diligencias previas de información, aunque puntualiza que hasta el momento no constaban denuncias formales internas contra Salazar.
“El PSOE actuará con firmeza ante cualquier situación que atente contra la dignidad de las personas y los principios de igualdad y respeto que defiende el partido”, aseguran fuentes de Ferraz. La organización política pone así en marcha un procedimiento interno que evaluará las conductas descritas en los informes periodísticos y valorará posibles sanciones.
Impacto político en el entorno de Moncloa
La renuncia de Paco Salazar representa un revés para el equipo de confianza de Pedro Sánchez, donde el hasta ahora alto cargo era considerado uno de los principales ‘fontaneros’ de Moncloa, es decir, una figura clave en la estrategia política, la interlocución interna y la gestión de la maquinaria del partido.
Este episodio se suma a otros recientes que aumentan la presión sobre el Ejecutivo y el Partido Socialista, en un contexto marcado por polémicas judiciales y crisis reputacionales que han afectado a altos cargos y colaboradores cercanos.
Diversas trabajadoras relatan un patrón de comportamiento basado en comentarios sexuales, invitaciones fuera del horario laboral y represalias por rechazos
El recién nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Paco Salazar, figura clave en la reestructuración del partido promovida por Pedro Sánchez, se enfrenta a acusaciones de presunto acoso sexual y abuso de poder por parte de varias subordinadas que trabajaron bajo su mando en diferentes etapas.
Los testimonios recogidos por elDiario.es y otros medios apuntan a un ambiente laboral marcado por el hostigamiento, donde Salazar habría realizado comentarios obscenos sobre la vestimenta y el cuerpo de sus compañeras, enviado mensajes personales e insinuantes fuera del horario laboral e incluso lanzado invitaciones a cenar o a dormir en su casa.
“Acoso sexual y abuso de poder”: el testimonio de una excolaboradora
Una de las denunciantes, bajo el nombre ficticio de Lidia, trabajó directamente con Paco Salazar en La Moncloa y ha descrito su comportamiento como un uso continuado de lenguaje sexualizado en el entorno profesional. Según su relato, tras rechazar sus invitaciones, sufrió represalias laborales, como la retirada de funciones o la falta de promoción profesional.
“No se trataba de simples comentarios, sino de un hostigamiento insistente que iba más allá de lo laboral”, asegura.
Otra joven, vinculada al partido desde las primarias de 2017, también expresó haber recibido un trato “baboso” y repetidos comportamientos inadecuados, a pesar de la diferencia de edad y su cercanía familiar con un histórico dirigente socialista.
Un “secreto a voces” en el PSOE
Según fuentes internas del partido, el comportamiento de Salazar era conocido desde hace años, aunque nunca se trasladó a los canales disciplinarios del PSOE. Cargos intermedios y militantes de base hablan de un “clamor extendido” respecto a su conducta, especialmente desde que ocupaba el puesto de número dos en el Gabinete de Presidencia, bajo el mando de Iván Redondo.
Además, su perfil no es nuevo en el círculo de Sánchez: Paco Salazar fue uno de los integrantes del famoso “Peugeot” con el que el actual presidente recorrió España durante las primarias socialistas de 2017, lo que confirma su cercanía al núcleo duro del liderazgo actual.
Vinculación con Ábalos y Cerdán
Salazar mantiene también lazos estrechos con otras figuras implicadas en escándalos recientes dentro del PSOE. Fue colaborador de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y compañero de piso de Santos Cerdán, exsecretario de Organización y actualmente en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo.
Su nuevo nombramiento como adjunto a Rebeca Torró, la nueva secretaria de Organización del partido, ha generado rechazo en varios sectores del PSOE, que ven con preocupación que una figura tan cuestionada ocupe un cargo de alta responsabilidad en plena crisis interna del partido.
“Muchos lo han recibido con pavor. Su nombramiento ahonda en la desconexión entre la cúpula del partido y la realidad que viven muchas mujeres en el entorno socialista”, señalan fuentes internas.
Un nuevo escándalo que sacude la renovación de Sánchez
La elección de Paco Salazar por parte de Sánchez llega en uno de los momentos más delicados para el PSOE, con el caso Cerdán todavía en desarrollo judicial y un Comité Federal clave que busca reorientar el rumbo del partido. Estas acusaciones por presunto acoso podrían suponer un nuevo revés para la estrategia de renovación del presidente, justo cuando intenta recuperar la iniciativa política.
Hasta el momento, ni la dirección del PSOE ni Salazar han emitido declaraciones públicas sobre estas acusaciones.
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