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Estas son las cuatro fases de la desescalada
Publicado
hace 6 añosen
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado, tras el Consejo de Ministros, que cada provincia avanzará a un ritmo diferente, pero coordinado. El plan constará de cuatro fases y pasar de una a otra dependerá de la capacidad del sistema sanitario, situación epidemiológica, medidas de protección en espacios públicos, datos de movilidad y socioeconómicos.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, con las máximas garantías de seguridad, tras la crisis provocada por el COVID-19.
Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido que el propósito del plan es «poner a España en marcha protegiendo la salud y la vida de los ciudadanos y manteniendo a salvo nuestro sistema de salud».
Pedro Sánchez ha insistido en que la desescalada será gradual, asimétrica y coordinada y que no se recuperará de golpe toda la actividad y la movilidad, sino que se hará en cuatro fases. Además, ha aclarado que la provincia o la isla será el espacio territorial donde se desarrollarán las actividades permitidas: «No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad».
Desescalada gradual, asimétrica y coordinada
El presidente ha explicado que la desescalada se hará en función del control de la epidemia en cada provincia y a la velocidad que permita la situación sanitaria de esa zona, de acuerdo con criterios objetivos. El paso de una fase a otra en cada lugar se determinará en función de las capacidades estratégicas de su sistema sanitario de atención primaria y hospitalario; su situación epidemiológica; la implantación de medidas de protección colectiva en comercios, transportes, centros de trabajo y en cualquier espacio público, y en los datos de movilidad y económicos.
Estos marcadores serán públicos, ha anunciado Sánchez, «para que la ciudadanía pueda conocer los criterios en los que se basan las decisiones políticas que van a determinar la vuelta a la nueva normalidad en cada territorio».
«El proceso no será uniforme, sino asimétrico y con distintas velocidades, pero coordinado, para que se rija por unas mismas reglas», ha remarcado el presidente. Esta coordinación recaerá en el Gobierno de España, y el ministro de Sanidad asumirá las decisiones necesarias como autoridad delegada. No obstante, se tendrá muy en cuenta el parecer de las autoridades autonómicas y locales, a los que corresponderá gran parte de la gestión. De hecho, podrán tomarse medidas en territorios no coincidentes con las provincias si así lo motivan las comunidades autónomas.
Fases de la desescalada
En la actual fase preparatoria o fase cero, el presidente ha anunciado que, además de la medidas proyectadas para que los menores salgan una hora a la calle y los adultos a hacer ejercicio, se incluye la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes, así como de los restaurantes con servicio de comida para llevar, sin consumo en el local.
Los deportistas profesionales y federados podrán empezar a entrenar de forma individual.
En la fase uno o inicial, el jefe del Ejecutivo ha señalado que se permitirá la apertura del comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, excepto los centros comerciales, donde son más probables las aglomeraciones.
En restauración se podrán abrir terrazas con limitaciones de ocupación del 30% y, en hostelería, hoteles y alojamientos turísticos, excluyendo las zonas comunes. El sector agroalimentario y pesquero reanudará las actividades que mantenía con restricciones. Los lugares de culto podrán abrir limitando su aforo a un tercio de su capacidad.
En el ámbito deportivo, el presidente ha avanzado la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y el permiso para el entrenamiento medio en ligas profesionales. Para los ciudadanos que utilizan el transporte público, el uso de la mascarilla estará «altamente recomendado».
En la fase dos o intermedia se abrirá el espacio interior de los locales solo para el servicio de mesas, con separación entre ellas y un tercio de aforo.
Sánchez ha concretado que el curso escolar comenzará en septiembre con carácter general, si bien se podrán reabrir antes los centros educativos con el propósito de garantizar las actividades de refuerzo, que los menores acudan en el caso de que ambos progenitores trabajen presencialmente y para celebrar las pruebas de la EBAU.
Los cines, teatros y auditorios reabrirán un tercio de su aforo con butacas preasignadas. Las salas de exposiciones, conferencias y visitas a monumentos también abrirán con un tercio de su ocupación habitual. Los actos y espectáculos al aire libre estarán permitidos cuando se congreguen menos de 400 personas sentadas. Los lugares de culto deberán limitar su aforo al 50%.
En la fase tres o avanzada, el presidente ha indicado que se flexibilizará la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos.
El comercio limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de 2 metros entre personas. En restauración, se suavizarán algo más las restricciones de aforo y ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público.
Pedro Sánchez ha señalado que el Ministerio de Sanidad dictará órdenes que detallarán todos los supuestos.
Plazo mínimo de dos semanas por fase
La duración mínima de cada una de las fases de desescalada se ha fijado en dos semanas. En el mejor de los casos, ha señalado Sánchez, la duración del proceso será de mes y medio y, como máximo, se plantean ocho semanas, «por lo que a finales de junio estaríamos en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos los territorios».
A partir de esa fecha terminarán las restricciones sociales y económicas, pero se mantendrá la vigilancia epidemiológica y, sobre todo, las medidas de higiene y protección personal hasta que haya una vacuna.
Primeros territorios en Fase 1, a partir del 4 de mayo
Si la evolución de la pandemia se mantiene en los parámetros actuales, el próximo fin de semana, se permitirá en toda España la actividad física individual y paseos con las personas con las que se convive.
Del mismo modo, y atendiendo a su incidencia mínima de contagios, las islas de Formentera en Baleares y La Gomera, Hierro y La Graciosa en Canarias, se situarán en la fase 1 a partir del 4 de mayo. El 11 de mayo lo harán aquellas provincias que cumplan los requisitos.
A partir de esa fecha, se evaluará quincenalmente el cumplimiento de los marcadores para cada una de las provincias o islas.
Responsabilidad individual y disciplina social
El presidente del Gobierno ha explicado que en la confección del plan se ha analizado las principales experiencias internacionales e identificado las mejores prácticas para recuperar la vida cotidiana y la actividad económica sin poner en riesgo la salud colectiva. Asimismo, se han contemplado las aportaciones de las comunidades autónomas y las entidades locales.
Pedro Sánchez considera que los verdaderos protagonistas en esta etapa de desescalada serán los ciudadanos y ha apelado, de nuevo, a su responsabilidad individual y a la disciplina social. «Con nuestro comportamiento podemos salvar vidas y recuperar nuestro país». Por el contrario, «cualquier conducta irresponsable se vuelve contra quien la protagoniza, pero perjudica a todos», ha dicho.
El presidente ha advertido que el proceso va a ser «más peligroso y más difícil» que el confinamiento, puesto que va a requerir combinar el respeto de las reglas de higiene y distancia social con la recuperación de espacios de movilidad y actividad social. «El virus no se ha ido», ha recordado y, hasta que no haya una vacuna, ha reiterado la necesidad de ser cautos y prudentes, y no poner en riesgo por impaciencia lo conseguido con «muchos sacrificios en estas seis semanas».
En este punto ha agradecido el «trabajo abnegado de los sanitarios» y el «esfuerzo y sacrificio» de todos los ciudadanos, lo que han permitido salvar miles de vidas.
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El juez de la AN deja en libertad con cautelares a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán
Publicado
hace 16 horasen
13 diciembre, 2025
MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) – El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha acordado este sábado dejar en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el juez les ha impuesto como medidas cautelares retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.
Medidas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción
Son las medidas que ha solicitado la fiscal de Anticorrupción Elisa Lamelas y, al no haber ninguna otra parte de momento en la causa, el juez no podía acordar prisión para ninguno de ellos, que han salido por su propio pie de la AN sobre las 13.42 horas.
Llegada a la Audiencia Nacional y declaraciones
Los tres detenidos han llegado en furgón policial a la Audiencia Nacional a las 08.30 horas de este sábado. El magistrado, por su parte, ha comenzado a tomarles declaración a las 10.00 horas.
Las fuentes consultadas señalan que Díez se ha negado a declarar porque no conoce el motivo de su detención ni los hechos que se le atribuyen.
Fernández, por su parte, ha respondido a preguntas del juez, de la Fiscalía y de su propia defensa. Fuentes jurídicas señalan que se le investiga por presuntos amaños en la adjudicación de contratos entre 2021 y 2022, un extremo que ha negado en su declaración, en la que también se le ha preguntado por Servinabar, la empresa de la que serían socios el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su amigo Alonso.
Este último, Alonso, se ha acogido a su derecho a no declarar.
Investigación bajo secreto de sumario
Los tres fueron arrestados este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de sendas órdenes de detención del juez, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario.
La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Registros y requerimientos de información
El instructor ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que –según las pesquisas de la UCO– está vinculada a Cerdán.
Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información.
También se personaron para solicitar documentación en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que precisó que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados «con total colaboración», agregando que «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».
Además de ellos tres, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según anunció este viernes el PSPV. Fuentes del caso consultadas por Europa Press elevan los investigados en estas pesquisas a más de una docena.
Díez trabajó para empresas de la SEPI
La exmilitante del PSOE también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, por presuntamente ofrecer favores a cambio de información sobre miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.
El juez Arturo Zamarriego considera que la exconcejal socialista «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».
Díez declaró el pasado 17 de noviembre ante el juez que mantuvo dos reuniones con Cerdán, aunque señaló que fue como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores. E hizo un repaso por su vida laboral, indicando que en 2018 entró en Enusa, donde estuvo hasta 2021, cuando se fue con una excedencia voluntaria a Correos como jefa de Relaciones Institucionales, ambas compañías dependientes de la SEPI.
Servinabar pagó a Fernández
Por su parte, Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018, cargo del que dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el ‘caso Aznalcóllar’, por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina, pero del que fue absuelto este año.
Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Koldo’ sobre la información tributaria de Servinabar.
En esos documentos se detalla que Fernández recibió de la empresa un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022.
La segunda imputación de Alonso
Alonso, administrador único de Servinabar, está siendo también investigado por el Supremo en la pieza del ‘caso Koldo’ relativa a la presunta trama de amaños de obra pública.
Cuando tuvo que declarar el pasado 8 de julio ante el magistrado instructor, Leopoldo Puente, el empresario negó el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, desvinculó a Cerdán de dicha empresa y reconoció que realizó pagos al exasesor ministerial Koldo García por su intermediación como comisionista de proyectos de construcción privados anteriores a 2017.
Alonso defendió que él siempre ha sido socio único de Servinabar, quitando validez al contrato privado de compraventa hallado por la Guardia Civil donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de esa empresa, que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.
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