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Estos son los seis barrios de València con presencia de coronavirus en sus aguas residuales

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EMT zonas afectadas DANA

La concejala del Ciclo Integral del agua del Ayuntamiento de València, Elisa Valía, ha anunciado que el consistorio valenciano, a través de la delegación de Protección Ciudadana, continuará la línea de trabajo de reforzar las medidas de control sobre la COVID-19 en diferentes zonas de la ciudad. En concreto, se trata de Benimaclet-Mestalla, Jesús-Patraix así como la Saïdia y la zona colindante de Campanar y Benicalap.

Elisa Valía ha explicado que a través de la herramienta desarrollada en colaboración con Global Omnium y el CSIC, “cada semana se toman tres muestras en diferentes zonas de la ciudad para analizar la evolución de los rastros”. De este modo, ha indicado que “si bien la semana pasada se detectó un incremento en Benimàmet y Castellar, las últimas muestras indican que ambas pueblas de València ya han reducido la presencia de coronavirus en las aguas residuales”.

“Gracias a esta herramienta el Ayuntamiento de València puede anticiparse a la aparición de brotes y actuar de manera preventiva en las zonas donde se aprecie una tendencia a la alza”, ha señalado Valía, quien ha asegurado que “permite localizar un foco rápidamente”. Según ha explicado estos datos se analizan en la Comisión se Seguimiento municipal para “tomar decisiones de manera transversal, con todas las áreas de gobierno”.

Elisa Valía ha asegurado que los datos que se están recogiendo “no son alarmantes” y ha resaltado que “permiten tener una fotografía actualizada en tiempo real sobre la evolución del virus para anticiparse a la aparición de brotes”. “Tenemos que estar alerta y actuar de manera preventiva en aquellas zonas donde detectamos que la tendencia al alza no remite”, ha puntualizado.

A este respecto, el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha informado que se reforzará tanto la presencia de agentes de la Policía Local como de Protección Civil en Benimaclet-Mestalla, Jesús-Patraix así como la Saïdia y la zona colindante de Campanar y Benicalap para “vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad como la distancia social y el uso de las mascarillas”.

Cano ha puntualizado que los agentes sancionarán si observan incumplimientos de las normas pero ha hecho hincapié en que la intención de la Delegación de Protección Ciudadana es “informar a la ciudadanía para que sea responsable y no baje la guardia ante el virus”. “No podemos relajarnos porque como muestran el resultados la presencia del virus se real y tenemos que mantener todas las medidas de seguridad”, ha concluido Cano.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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