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La jueza cita a declarar a Camps, Cotino y el obispo auxiliar de Valencia por la visita del Papa

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La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investiga desde 2016 presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad, ha citado a declarar a un total de ocho investigados a lo largo de los meses de mayo y junio, entre los que se encuentran el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, el ex vicepresidente Víctor Campos, el expresidente de Les Corts, Juan Cotino, y el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Esteban Escudero.

La jueza ha fijado de nuevo las fechas de las comparecencias de estos ocho investigados en la causa después dos aplazamientos. El primero de ellos, a principios del pasado mes de enero, se produjo a raíz de la petición de las defensas de la práctica de pruebas periciales y testificales, así como la incorporación de determinados documentos al procedimiento.

Asimismo, la jueza suspendió de nuevo mediante una providencia el pasado 29 de marzo el calendario de declaraciones que se había establecido tras el primer aplazamiento a petición de tres abogados de los investigados y fijó las nuevas citaciones.

La instructora del procedimiento ha comunicado a las partes que la ronda de declaraciones de los investigados comenzará el 14 de mayo a las 9.00 horas con la comparecencia del expresidente de Les Corts Juan Cotino, conseller de Agricultura y vicepresidente del Consell en el momento de los hechos investigados, y de la secretaria general de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), Henar Moliner, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El 15 de mayo, a la misma hora, será el turno de monseñor Esteban Escudero, obispo auxiliar y presidente de la FVEMF, mientras que al día siguiente, el 16, acudirán a los juzgados valencianos el representante legal de la fundación, Francisco Javier Jiménez, y el secretario del Arzobispado, Antonio Corbí. El día 17 de mayo declarará el miembro del Patronato y comisionado de la visita de Benedicto XVI, Enrique Pérez Boada.

Finalmente, el 5 de junio a las 09.00 horas, tendrán que declarar ante la instructora del caso el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exvicepresidente Víctor Campos.

PREVARICACIÓN, MALVERSACIÓN Y FALSEDAD

La jueza abrió en 2016 esta causa por delitos de prevaricación, malversación y falsedad por supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. El origen fue la pieza separada del caso Gürtel remitida a Valencia por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En concreto, se investiga si esas adjudicaciones se realizaron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública. En febrero del pasado año se acordó la consideración de investigados de Camps y el resto de ex altos cargos.

Según se informó en su día por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a estas diligencias se unió una pieza separada desgajada del caso Vaersa, que se investigaba en Instrucción 15, por lo que también se informó que serían llamados a declarar como investigados dos exdirectores de Vaersa Enrique Simón y Felipe Espinosa Bolaños.

La magistrada había requerido informes periciales a varios organismos y documentación a empresas y administraciones, y acordó citar a los investigados una vez hubiera recibido y estudiado los informes y documentación recibida, y tras oír a los testigos.

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Muere Maricarmen a los 87 años, la mujer desahuciada de su vivienda en Madrid

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María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, ha fallecido este miércoles a los 87 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, según ha informado El País. Su historia se convirtió en uno de los símbolos de la lucha por el derecho a la vivienda después de que fuera desahuciada en septiembre del piso en el que había vivido durante alrededor de 70 años.

Su caso provocó una fuerte movilización social en Madrid y otras ciudades españolas y llegó a situarse en el centro del debate político sobre los desahucios y la protección de los inquilinos vulnerables.

Maricarmen murió a los 87 años

Maricarmen falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, donde había recibido atención médica después del desahucio ejecutado el pasado 23 de septiembre.

La mujer había abandonado su vivienda del distrito madrileño de Retiro en una camilla, acompañada por los servicios sanitarios del Samur. La imagen de su salida del inmueble se convirtió en una de las fotografías más reconocibles de su caso.

En los días posteriores al desahucio permaneció ingresada en el hospital. En uno de sus últimos mensajes públicos, difundido desde el centro sanitario, aseguró que no había conseguido defender su casa, pero que había luchado para que otras personas aprendieran a defender la suya.

Vivió 70 años en la misma casa

Maricarmen había residido durante unas siete décadas en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito de Retiro.

El conflicto por el piso se prolongó durante años. Según la información publicada sobre el caso, la mujer tenía un contrato de renta antigua y abonaba alrededor de 500 euros mensuales entre alquiler y suministros, con una pensión de aproximadamente 1.400 euros.

La propiedad del inmueble pasó a una sociedad inmobiliaria y, tras varios intentos de desalojo, la comisión judicial ejecutó finalmente el lanzamiento el 23 de septiembre.

La salida de Maricarmen se produjo mientras cientos de personas se concentraban frente al edificio para intentar impedir el desahucio. Los sanitarios la trasladaron en camilla hasta una ambulancia del Samur.

Su desahucio provocó movilizaciones en toda España

El caso de Maricarmen generó una importante movilización de organizaciones de defensa del derecho a la vivienda.

Las protestas se extendieron a distintas ciudades españolas y en Madrid se produjo una concentración multitudinaria en apoyo de la mujer. El lema “Maricarmen somos todos” se convirtió en uno de los mensajes de las movilizaciones.

También hubo movilizaciones en València tras el desahucio, convocadas por organizaciones de inquilinos para denunciar la situación y reclamar una mayor protección para las personas vulnerables.

Consiguió volver a su casa

Tras el impacto social generado por su desahucio, la empresa propietaria accedió finalmente a que Maricarmen pudiera regresar a la vivienda mediante un nuevo contrato de alquiler.

De esta manera, la mujer pudo volver al domicilio en el que había vivido durante décadas, aunque su estado de salud se había deteriorado y necesitaba ayuda para algunas actividades cotidianas.

Su historia también quedó vinculada al debate sobre las medidas de protección de los inquilinos vulnerables y al denominado “decreto Maricarmen”, nombre utilizado para referirse al paquete de medidas de vivienda impulsado posteriormente en respuesta al debate generado por casos como el suyo.

“He luchado para que los demás aprendan a luchar por su casa”

Desde el hospital, pocos días después del desahucio, Maricarmen envió un mensaje en el que agradecía el apoyo recibido y animaba a continuar defendiendo el derecho a la vivienda.

La mujer explicó que su casa había sido su vida y que, aunque no había conseguido evitar el desahucio, quería que su lucha sirviera para otras personas que pudieran encontrarse en una situación similar.

Su fallecimiento llega pocas semanas después de aquel desalojo y después de que su caso se convirtiera en uno de los episodios más destacados del debate sobre la vivienda en España durante 2026.

Una historia que ha marcado el debate sobre los desahucios

La muerte de Maricarmen vuelve a poner el foco sobre la situación de las personas mayores y vulnerables que afrontan procedimientos de desahucio y sobre las medidas existentes para garantizar una alternativa habitacional.

Su caso coincidió además con la aprobación de nuevos decretos de vivienda por parte del Gobierno, que incluyen medidas destinadas a reforzar la protección de determinados inquilinos vulnerables y a ampliar la oferta de vivienda asequible.

Maricarmen se marcha a los 87 años después de haber convertido una batalla personal por permanecer en su casa en un símbolo nacional de la lucha por el acceso a una vivienda digna.

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