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Nueva condena a La Manada por grabar la violación en grupo de Pamplona
Publicado
hace 7 añosen
Navarra, 20 nov. – La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 3 años y 3 meses de prisión y 5.670 euros de multa, como autores de un delito contra la intimidad, a los dos acusados que grabaron siete vídeos y realizaron dos fotografías de la violación grupal continuada perpetrada por ellos y por los otros tres procesados el 7 de julio de 2016 en Pamplona.
En la sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), los magistrados han impuesto a los dos condenados, A. M. G. E. y A. C. E., las máxima pena de prisión solicitada por las acusaciones —la particular, ejercida por la víctima, y las dos populares, ejercitadas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona—, así como la mayor multa, reclamada en este caso por las dos acciones populares.
Los jueces han absuelto a los otros tres encausados, J. A. P. M., A. B. F. y J. E. D., del delito contra la intimidad imputado por la fiscalía y las acusaciones al entender que el delito se consumó de manera instantánea con las grabaciones y la toma de dos fotografías sin que ellos “aportaran nada causalmente relevante para la consumación” del delito, esto es, “no aportaron ninguna colaboración objetiva y causal, eficazmente dirigida a la consumación del delito expresado”.
El pasado julio, el Tribunal Supremo condenó a los cinco acusados como autores de un delito continuado de violación a 15 años de prisión. A uno de ellos, A. M. G. E., le impuso 2 años más por un delito de robo con intimidación. Entonces, el Supremo revocó la sentencia que había dictado la Sala de lo Civil y Penal del TSJN, que en diciembre de 2018 había confirmado la condena impuesta en abril de ese año por la Sección Segunda de la Audiencia a los cinco procesados a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento.
En aquella sentencia, en lo concerniente al delito contra la intimidad, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Navarra estimó en parte los recursos de dos de las acusaciones y ordenó a la Sección Segunda de la Audiencia dictar una nueva sentencia exclusivamente sobre este delito al no apreciar los obstáculos procesales invocados en la sentencia apelada y que habían motivado la absolución de los inculpados.
Tras la sentencia firme del Supremo, y en cumplimiento de lo decretado por el TSJN, la Sección Segunda llevó a cabo el pasado 29 de octubre la deliberación y fallo de este delito.
Para dictar esta sentencia, la Audiencia de Navarra ha tenido en cuenta las conclusiones expuestas por las partes en el juicio celebrado en noviembre de 2017. Entonces, la fiscal solicitó para los cinco acusados una pena de 2 años y 10 meses de prisión y una multa de 5.409 euros por un delito contra la intimidad.
En aquella vista oral, la acusación particular reclamó 3 años y 3 meses de prisión y una multa de 5.400 euros, mientras que las dos acciones populares pidieron la misma pena de cárcel y 5.670 euros de multa. Las defensas de los cinco acusados, por su parte, abogaron por la absolución.
“Ánimo de dejar constancia de la agresión sexual”
En la sentencia notificada hoy la Audiencia se remite a los hechos declarados probados en su resolución de abril de 2018, cuyo relato no fue alterado por el TSJN ni por el Supremo, que, eso sí, revocó el tipo delictivo y calificó los hechos como constitutivos de un delito de agresión sexual.
Durante la violación grupal perpetrada en un portal de la calle Paulino Caballero de Pamplona la madrugada del 7 de julio de 2016, uno de los ahora condenados, A. M. G. E., grabó seis vídeos y realizó dos fotografías con su teléfono, mientras que el otro, A. C. E., efectuó una grabación con su móvil.
Los tres magistrados aseguran que las grabaciones y las dos fotografías se realizaron por parte de los dos condenados “con el ánimo de captar y dejar constancia de los actos de naturaleza sexual” realizados sobre la víctima, “sin que esta prestara de forma expresa o tácita su asentimiento a que se realizaran las grabaciones ni a que se tomaran las fotos”.
Los hechos, calificados como constitutivos de un delito de agresión sexual, configurada por la intimidación —violación—, “son incompatibles con la prestación del consentimiento por la denunciante”, de forma expresa o tácita, “para la realización de las grabaciones de vídeo” y para la toma de las fotos, pues, exponen los jueces, “resulta de toda evidencia que quien está siendo agredida no puede asentir a tales actos de intromisión en su intimidad”.
El delito se cometió en el mismo momento de la grabación
El delito, explican los magistrados, se consumó por el solo hecho de la toma de los vídeos y la captación de las dos fotos. Al respecto, abundan en que la conducta llevada a cabo por los dos condenados se incardina dentro del “subtipo agravado” del delito, “pues es evidente que los vídeos grabados y las fotos tomadas afectan a datos de carácter personal pertenecientes al reducto más íntimo de privacidad de la denunciante, como lo es, entre otros supuestos contemplados en el precepto, todo lo relativo a la vida sexual, reflejando actos de naturaleza sexual realizados sobre ella sin su consentimiento”.
En su descargo, A. M. G. E. afirmó que nunca tuvo intención de difundir estas imágenes, que, añadió, se tomaron con el pleno conocimiento de la víctima. Según él, ninguna de las personas presentes expresó una oposición a que se tomaran los vídeos e imágenes.
Al respecto, el tribunal subraya que “cabe afirmar con rotundidad que la denunciante no prestó su consentimiento de forma expresa ni tácita para la toma de las imágenes ni la captura de las fotos”. Y añade que es irrelevante que los demás acusados no manifestaran objeción a las grabaciones puesto que el bien jurídico vulnerado “es la intimidad de la denunciante”.
El otro condenado, A. C. E., adujo que grabó algunas imágenes de las relaciones mantenidas en el portal, pero lo que pretendía era grabar a sus amigos, las caras y gestos de los mismos, y que cuando se dio cuenta de que en la grabación aparecía la víctima procedió a lo que el creyó que era el borrado.
La Audiencia, sin embargo, tampoco admite estas alegaciones: “En primer término, la explicación sobre el contenido y alcance del vídeo grabado no se corresponde con lo que en el mismo aparece registrado, pues recogió con claridad imágenes de la denunciante en el ya referido contexto”.
En cuanto al intento de borrado, los jueces reiteran que el delito contra la intimidad se consuma en el mismo momento de la grabación.
La fiscal y las acusaciones —particular y popular— imputaron el delito a los cinco procesados. En este sentido, el tribunal cita una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 según la cual “es precisa una aportación objetiva y causal de cada coautor, orientada a la consecución del fin conjuntamente pretendido”.
Los otros tres acusados no colaboraron de forma relevante
El tribunal considera que, teniendo en cuenta la modalidad comisiva del delito, la vulneración de la intimidad se consumó de forma instantánea con la realización de las fotos y vídeos, sin que el resto de inculpados colaborasen de forma relevante en la consumación del delito.
Para la determinación de la pena, los magistrados explican que se trata de un delito en el que al apreciar la comisión del subtipo agravado la pena a imponer abarca desde la pena de prisión de 2 años y 6 meses y un día hasta cuatro años.
Al respecto, “atendiendo a las limitaciones propias del principio acusatorio”, es decir, la imposibilidad de imponer una condena mayor a la solicitada, “teniendo en cuenta la intrínseca gravedad de los hechos” y debido a que la vulneración de la intimidad se produjo en el contexto de una agresión sexual, la Sección Segunda estima “adecuada y ajustada a los expresados elementos de ponderación” la imposición de la pena de 3 años y 3 meses de prisión, solicitada por la acusación particular y las acciones populares.
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El programa electoral del PP, al detalle: qué cambiaría Feijóo en vivienda e impuestos
Publicado
hace 6 horasen
15 noviembre, 2026
El programa electoral del PP para las generales del 29 de noviembre de 2026 reúne 249 propuestas sobre vivienda, impuestos, inmigración, ayudas sociales y reforma de las instituciones.
El programa electoral del PP para las elecciones generales de 2026 sitúa el acceso a la vivienda, las rebajas fiscales para los jóvenes y el control de la inmigración entre sus principales ejes. Bajo el título «La Reconstrucción Nacional», Alberto Núñez Feijóo presenta 249 medidas con las que aspira a orientar su acción de gobierno si alcanza la Presidencia tras los comicios del 29 de noviembre.
Las propuestas incluyen impulsar la construcción de un millón de viviendas, modificar los requisitos para obtener la nacionalidad española y reorganizar las prestaciones sociales mediante una nueva renta vinculada a la formación y la búsqueda de empleo.
Se trata de compromisos electorales, cuya aplicación dependería de su posterior desarrollo y, cuando corresponda, de la aprobación de los cambios legislativos necesarios.
Vivienda: un millón de inmuebles y rebaja del IVA para menores de 40 años
La vivienda es una de las prioridades del programa del PP. La formación propone impulsar la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura, apoyándose en una nueva Ley del Suelo y en la reducción de los trámites administrativos.
El planteamiento busca facilitar el desarrollo de nuevas promociones y aumentar la oferta residencial. También incluye la derogación de la actual Ley de Vivienda y la eliminación de los mecanismos de intervención sobre los precios del alquiler.
IVA del 4 % para comprar la primera vivienda nueva
Una de las medidas dirigidas a los jóvenes es reducir del 10 % al 4 % el IVA de la primera vivienda nueva para menores de 40 años.
En el mercado del alquiler, el partido plantea reducciones en el IRPF para los propietarios que actualicen las rentas por debajo del IPC.
El apartado incorpora, además, una propuesta normativa para permitir la recuperación de viviendas ocupadas en un plazo de 48 horas, conforme a las condiciones que establezca esa regulación.
Menos IRPF para trabajadores y autónomos jóvenes
La rebaja de impuestos a los jóvenes constituye otro de los puntos destacados del programa de Feijóo.
El PP propone reducir la carga fiscal de trabajadores y autónomos de entre 18 y 35 años durante sus primeros cuatro años como contribuyentes del IRPF.
La medida se plantea de forma progresiva y persigue aumentar la renta disponible en los primeros años de actividad laboral. La formación la vincula también con la posibilidad de ahorrar y afrontar la compra de una primera vivienda.
Inmigración: identificación en siete días y refuerzo de las fronteras
El programa electoral del PP de 2026 apuesta por reforzar el control fronterizo y acelerar los procedimientos de devolución de quienes entren irregularmente en España.
Entre sus propuestas figura identificar en un máximo de siete días a las personas que crucen irregularmente la frontera, con el objetivo de agilizar la tramitación de sus casos.
El documento también contempla:
- Impulsar centros en terceros países para inmigrantes en situación irregular.
- Reforzar los efectivos policiales y los medios de vigilancia en las fronteras terrestres, marítimas y aeroportuarias.
- Establecer visados asociados a cupos anuales de trabajadores y a las necesidades de los sectores económicos.
- Introducir compromisos de integración para renovar los permisos de residencia.
- Prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos.
Los compromisos de integración incluirían el aprendizaje del español y el conocimiento de la Constitución y de los valores de la Unión Europea.
Nuevos requisitos para conseguir la nacionalidad española
El PP propone una nueva Ley de Nacionalidad para modificar las condiciones de acceso a la nacionalidad española.
El planteamiento contempla reforzar los requisitos de residencia legal y continuada, conocimiento del idioma y acreditación de conocimientos sobre la historia y la cultura de España.
Asimismo, recoge un tratamiento preferente para ciudadanos procedentes de países de la Hispanidad.
Una Renta de Activación para reorganizar las ayudas sociales
En protección social, Feijóo plantea crear una Renta de Activación que integre el Ingreso Mínimo Vital y otros subsidios.
El objetivo declarado es vincular la prestación a un acuerdo de formación y búsqueda activa de empleo, con mecanismos de seguimiento de los compromisos asumidos por sus beneficiarios.
Según el planteamiento recogido en el texto, rechazar reiteradamente ofertas de trabajo consideradas adecuadas podría conllevar la pérdida de la ayuda. La definición de los requisitos y de las condiciones de aplicación necesitaría un desarrollo normativo.
Familia y natalidad: permisos por nacimiento y congelación de óvulos
El programa incluye distintas iniciativas de apoyo a las familias y fomento de la natalidad.
Una de ellas consiste en contabilizar al concebido no nacido para determinar determinadas ayudas y beneficios familiares.
También propone facilitar la congelación de óvulos para mujeres jóvenes y ampliar los permisos por nacimiento, con mayor flexibilidad para distribuir los periodos de disfrute.
Una ley nacional de cuidados paliativos
En el ámbito sanitario, el PP plantea aprobar una ley nacional de cuidados paliativos para reforzar la atención a pacientes con enfermedades graves y las prestaciones asistenciales al final de la vida.
La formación sostiene que la falta de recursos o de atención no debe condicionar las decisiones de los pacientes. Este apartado se sitúa en el contexto de su oposición a la legislación sobre eutanasia, aunque las medidas descritas se centran en el desarrollo de los cuidados paliativos.
Seguridad: respuesta a la multirreincidencia y los actos violentos
Las propuestas de seguridad incluyen reforzar los juicios rápidos y endurecer la respuesta frente a la multirreincidencia.
El PP también plantea que la ocultación del rostro pueda constituir una circunstancia agravante en determinados delitos y establecer responsabilidades para los tutores cuando menores a su cargo participen en actos violentos.
Estas iniciativas requerirían concretar su alcance y las condiciones de aplicación en las correspondientes reformas legales.
Auditoría del gasto público y reducción de la burocracia
La reforma de la Administración incorpora una auditoría de las cuentas públicas durante los primeros cien días de gobierno, junto con la reducción del número de ministerios, altos cargos y asesores.
El programa propone una regla de simplificación administrativa basada en eliminar tres normas vigentes por cada nueva norma aprobada.
En materia presupuestaria, plantea cambios para que una segunda prórroga consecutiva de los Presupuestos Generales del Estado implique la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
Cambios en la Fiscalía y el Tribunal Constitucional
El documento contempla un mandato único de cinco años para el fiscal general del Estado, así como un informe vinculante del Consejo General del Poder Judicial para su designación.
Respecto al Tribunal Constitucional, propone impedir el acceso de candidatos que hayan desempeñado cargos políticos durante los cinco años anteriores.
Derogación de las leyes de Amnistía y Memoria Democrática
Entre los compromisos legislativos del PP figura derogar la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Democrática.
La formación plantea, además, recuperar en el Código Penal los delitos de sedición y de convocatoria de referéndum ilegal.
Se trata de uno de los bloques del programa que concentra las propuestas de cambio respecto a la legislación aprobada en anteriores etapas.
Un plan de infraestructuras de más de 300.000 millones
El programa de Feijóo contempla un plan nacional de inversiones superior a los 300.000 millones de euros durante quince años, con participación pública y privada.
El proyecto abarcaría carreteras, ferrocarriles e infraestructuras hidráulicas y energéticas, con el propósito de renovar y modernizar estas redes.
Prevención de catástrofes y sistemas de alerta
El PP también propone mejorar la detección de riesgos y los mecanismos de aviso ante fenómenos meteorológicos extremos.
El texto da prioridad al mantenimiento, limpieza y ampliación de cauces y barrancos por parte de las confederaciones hidrográficas.
Asimismo, defiende que el Gobierno central intervenga desde el primer momento ante una catástrofe, sin esperar a que las administraciones afectadas soliciten su actuación.
Reforma de RTVE y de la agencia EFE
El apartado dedicado a los medios públicos propone modificar el funcionamiento de RTVE y la agencia EFE.
El PP presenta estas reformas con el objetivo de reforzar su independencia, pluralidad y credibilidad, así como su vocación de servicio público.
Aquí puedes descargarte el programa electoral completo:
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