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PSPV exige a Compromís que «levante el veto al modelo Botànic» para lograr el acuerdo en València

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VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) – El PSPV-PSOE de la ciudad de València ha exigido a Compromís que «levante el veto al modelo Botánic», y han considerado que la propuesta de planteada por Compromís de «modelo gerencial» era «una ocurrencia o incluso globo sonda para evitar asumir una propuesta razonable y sincera de conformar un gobierno de conjunto».

En este sentido, desde el PSPV-PSOE aseguran que siguen «apostando por un modelo Botànic, defendido por la propia coalición de Compromís en la Generalitat Valenciana y por el Partido Socialista», según han informado en un comunicado tras la reunión mantenida este martes por la tarde por los equipos negociadores de ambas formaciones.

Mientras, los socialistas «celebran que desde Compromís se haya desistido de una propuesta que no tenía un encaje legal e incluso que quedaba al margen de los cánones democráticos de cualquier estructura de gobierno».

En un comunicado, los valencianistas se han mostrado «dispuestos» a renunciar al modelo gerencial que proponían en su programa electoral, y pasar a un modelo de coordinaciones de área para «acercar posiciones» con el PSPV. «Incluso, si el PSPV lo exige, Compromís estaría dispuesto también a que no hubiera ningún coordinador de área o, en caso de que los hubiera, que siempre estuvieran supeditados al concejal o concejala de área», han agregado.

No obstante, para el PSPV esta «no era un posibilidad política ni administrativa aceptar generar una estructura en paralelo de gobierno al democráticamente electo y por tanto no es una renuncia, sino volver a la posición de partida», han asegurado.

De esta manera, los socialistas han considerado que «lo razonable» es «llegar a un acuerdo como se ha hecho en la Generalitat, donde el PSPV-PSOE ha esgrimido una posición de responsabilidad porque así lo quieren los ciudadanos y ciudadanas progresistas». «No podemos perder el tiempo con propuestas irrealizables y pedimos que se levante el veto al modelo del Botànic», han concluido.

Por su parte, Compromís se ha mostrado dispuesto a renunciar al «modelo gerencial que proponían en su programa electoral» para el Ayuntamiento de València con el objetivo de «acercar posiciones» con el PSPV, a cambio de que los socialistas «reconsideren su exigencia de una vicealcaldía como condición para conformar gobierno».

La comisión negociadora para llegar a un pacto de gobierno en coalición en el Ayuntamiento de València, se reunía este martes por la tarde, encabezada por los representantes de Compromís y del PSPV y en ella, según ha informado la coalición en un comunicado, sus representantes «han reiterado, de nuevo, la voluntad de conformar un gobierno municipal de coalición para la ciudad de Valencia, estable y de progreso».

Con el objetivo de conseguirlo, los valencianistas se han mostrado dispuestos a renunciar al modelo gerencial que proponían en su programa electoral, y pasar a un modelo de coordinaciones de área. «Incluso, si el PSPV lo exige, Compromís estaría dispuesto también a que no hubiera ningún coordinador de área o, en caso de que los hubiera, que siempre estuvieran supeditados al concejal o concejala de área», han agregado.

De esta manera, según el modelo que planteaba Compromís, el Ayuntamiento se estructuraría en un conjunto de delegaciones agrupadas en concejalías y en áreas, como en la actualidad. Las delegaciones competenciales próximas entre sí estarían bajo una misma área.

En un principio, Compromís proponía la creación de siete grandes áreas (cuatro de las cuales tendrían un edil de Compromís y las otras tres uno del PSPV). Los concejales encargados de cada área «tendrían toda la capacidad política para establecer el modelo de políticas públicas que responda a las expectativas de la ciudadanía con un gobierno de progreso».

Al mismo tiempo, según la propuesta de Compromís, estos concejales de área «podrían delegar las tareas administrativas de coordinación entre delegaciones a un coordinador, como los ha habido en el anterior mandato». Estos coordinadores de área, con tareas únicamente administrativas, dependerían en cualquier caso de su concejal de área. En el mandato 2015-19 ya se ha trabajado con este modelo en varias áreas de gobierno (Desarrollo Económico Sostenible, Desarrollo Urbano, Espacio Público, entre otros).

De esta manera, los representantes de Compromís en la comisión negociadora han expresado a los del PSPV la renuncia a un modelo gerencial para establecer un «modelo de coordinación administrativa». «Y, si en todo caso, el PSPV tampoco asumiera la existencia de coordinaciones administrativas, Compromís estaría dispuesto a renunciar también a ellas», han reiterado.

El objetivo de las coordinaciones administrativas de área es que el concejal electo pueda centrarse en establecer el modelo de políticas públicas a desarrollar (tarea política) y que los coordinadores sean los encargados de su desarrollo administrativo, siempre bajo el mandato del concejal.

Compromís espera que este sea «un paso adelante en las negociaciones, y que el PSPV, por su parte, dé un paso similar con su exigencia de una vicealcaldía para la candidata del partido en las últimas elecciones».

Precisamente, «para no establecer conflictos de competencias ni estrategias de gobierno en paralelo, Compromís considera necesario un modelo de funcionamiento como el del mandato 2015-19, en que el alcalde delegó sus competencias sobre los concejales de gobierno y, cuando hubo opiniones diferenciadas, se optó para resolverlas en una junta de portavoces de gobierno para llegar a posiciones consensuadas», han señalado.

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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