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PSPV exige a Compromís que «levante el veto al modelo Botànic» para lograr el acuerdo en València

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VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) – El PSPV-PSOE de la ciudad de València ha exigido a Compromís que «levante el veto al modelo Botánic», y han considerado que la propuesta de planteada por Compromís de «modelo gerencial» era «una ocurrencia o incluso globo sonda para evitar asumir una propuesta razonable y sincera de conformar un gobierno de conjunto».

En este sentido, desde el PSPV-PSOE aseguran que siguen «apostando por un modelo Botànic, defendido por la propia coalición de Compromís en la Generalitat Valenciana y por el Partido Socialista», según han informado en un comunicado tras la reunión mantenida este martes por la tarde por los equipos negociadores de ambas formaciones.

Mientras, los socialistas «celebran que desde Compromís se haya desistido de una propuesta que no tenía un encaje legal e incluso que quedaba al margen de los cánones democráticos de cualquier estructura de gobierno».

En un comunicado, los valencianistas se han mostrado «dispuestos» a renunciar al modelo gerencial que proponían en su programa electoral, y pasar a un modelo de coordinaciones de área para «acercar posiciones» con el PSPV. «Incluso, si el PSPV lo exige, Compromís estaría dispuesto también a que no hubiera ningún coordinador de área o, en caso de que los hubiera, que siempre estuvieran supeditados al concejal o concejala de área», han agregado.

No obstante, para el PSPV esta «no era un posibilidad política ni administrativa aceptar generar una estructura en paralelo de gobierno al democráticamente electo y por tanto no es una renuncia, sino volver a la posición de partida», han asegurado.

De esta manera, los socialistas han considerado que «lo razonable» es «llegar a un acuerdo como se ha hecho en la Generalitat, donde el PSPV-PSOE ha esgrimido una posición de responsabilidad porque así lo quieren los ciudadanos y ciudadanas progresistas». «No podemos perder el tiempo con propuestas irrealizables y pedimos que se levante el veto al modelo del Botànic», han concluido.

Por su parte, Compromís se ha mostrado dispuesto a renunciar al «modelo gerencial que proponían en su programa electoral» para el Ayuntamiento de València con el objetivo de «acercar posiciones» con el PSPV, a cambio de que los socialistas «reconsideren su exigencia de una vicealcaldía como condición para conformar gobierno».

La comisión negociadora para llegar a un pacto de gobierno en coalición en el Ayuntamiento de València, se reunía este martes por la tarde, encabezada por los representantes de Compromís y del PSPV y en ella, según ha informado la coalición en un comunicado, sus representantes «han reiterado, de nuevo, la voluntad de conformar un gobierno municipal de coalición para la ciudad de Valencia, estable y de progreso».

Con el objetivo de conseguirlo, los valencianistas se han mostrado dispuestos a renunciar al modelo gerencial que proponían en su programa electoral, y pasar a un modelo de coordinaciones de área. «Incluso, si el PSPV lo exige, Compromís estaría dispuesto también a que no hubiera ningún coordinador de área o, en caso de que los hubiera, que siempre estuvieran supeditados al concejal o concejala de área», han agregado.

De esta manera, según el modelo que planteaba Compromís, el Ayuntamiento se estructuraría en un conjunto de delegaciones agrupadas en concejalías y en áreas, como en la actualidad. Las delegaciones competenciales próximas entre sí estarían bajo una misma área.

En un principio, Compromís proponía la creación de siete grandes áreas (cuatro de las cuales tendrían un edil de Compromís y las otras tres uno del PSPV). Los concejales encargados de cada área «tendrían toda la capacidad política para establecer el modelo de políticas públicas que responda a las expectativas de la ciudadanía con un gobierno de progreso».

Al mismo tiempo, según la propuesta de Compromís, estos concejales de área «podrían delegar las tareas administrativas de coordinación entre delegaciones a un coordinador, como los ha habido en el anterior mandato». Estos coordinadores de área, con tareas únicamente administrativas, dependerían en cualquier caso de su concejal de área. En el mandato 2015-19 ya se ha trabajado con este modelo en varias áreas de gobierno (Desarrollo Económico Sostenible, Desarrollo Urbano, Espacio Público, entre otros).

De esta manera, los representantes de Compromís en la comisión negociadora han expresado a los del PSPV la renuncia a un modelo gerencial para establecer un «modelo de coordinación administrativa». «Y, si en todo caso, el PSPV tampoco asumiera la existencia de coordinaciones administrativas, Compromís estaría dispuesto a renunciar también a ellas», han reiterado.

El objetivo de las coordinaciones administrativas de área es que el concejal electo pueda centrarse en establecer el modelo de políticas públicas a desarrollar (tarea política) y que los coordinadores sean los encargados de su desarrollo administrativo, siempre bajo el mandato del concejal.

Compromís espera que este sea «un paso adelante en las negociaciones, y que el PSPV, por su parte, dé un paso similar con su exigencia de una vicealcaldía para la candidata del partido en las últimas elecciones».

Precisamente, «para no establecer conflictos de competencias ni estrategias de gobierno en paralelo, Compromís considera necesario un modelo de funcionamiento como el del mandato 2015-19, en que el alcalde delegó sus competencias sobre los concejales de gobierno y, cuando hubo opiniones diferenciadas, se optó para resolverlas en una junta de portavoces de gobierno para llegar a posiciones consensuadas», han señalado.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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