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Ribó desmiente que su cuñado haya trabajado para EMT y señala que fue Grezzi quien le contrató

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VALÈNCIA, 8 Nov. – El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este viernes que su cuñado «en ningún caso ha hecho ningún servicio» a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad como abogado y ha señalado que la decisión de esta compañía pública de contratar con el gabinete en el que su familiar trabaja y del que es accionista, fue del presidente de la entidad y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi.

«Eso lo acordó el presidente de la EMT», ha dicho Ribó en alusión a la decisión de designar a otro abogado de ese gabinete, Salvador Martínez, como «secretario» del consejo de administración de la compañía municipal. Asimismo, el primer edil ha destacado que en este despacho cada letrado «tiene su propia cartera de clientes» y ha insistido en que su familiar no ha trabajado para la Empresa Municipal de Transportes.

Joan Ribó se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras el acto de cierre de campaña de Més Compromís, preguntado por la información publicada este viernes por Las Provincias que indica que su cuñado es socio del bufete de abogados que ha facturado 220.000 euros a la EMT.

El alcalde ha destacado, al inicio de su respuesta, que esta información «sale el día de cierre de la campaña» para las elecciones general del próximo domingo y ha considerado que puede haber «un intento muy claro» de relacionarle a él con la Empresa Municipal de Transportes tras el fraude de cuatro millones detectado en sus arcas.

«La primera cosa que se tiene que decir es que la información sale el día de cierre de la campaña. No sé si tiene alguna relación, es posible que tenga alguna relación. Creo que es un intento muy claro de relacionar mi persona con un tema, el de la EMT», ha planteado el responsable municipal.

Tras ello ha señalado que tiene «muy poco que decir» respecto a la pertenencia de su cuñado al gabinete contratado por esta compañía y ha resaltado que en «es una práctica normal» entre los profesionales del derecho «hacer un gabinete y constituirse en equipos de abogados».

«Efectivamente, el hermano de mi mujer está en un gabinete de abogados en el que hay otro abogado, que se llama Salvador Martínez, que fue designado por el presidente de la EMT como secretario», ha manifestado Joan Ribó a continuación.

CARTERAS PROPIAS
Igualmente, ha expuesto que este es un despacho formado por «seis abogados en el que cada abogado tiene su propia cartera de clientes» y ha aseverado que, «por supuesto», el hermano de su mujer «en ningún caso ha hecho ningún servicio a la EMT», por lo que ha descartado «vinculación» de su familiar con esta entidad pública. «No tiene nada que ver», ha dicho.

Preguntado por el porcentaje de participación, un 32 por ciento según lo publicado, que su cuñado tiene en el citado bufete, Ribó ha indicado que desconoce «cómo están organizados ahí dentro». «Lo que sí sé es que cada uno tiene su paquete de clientes. Cómo se organizan después no lo puedo decir porque no lo conozco. A ninguno de mis familiares les pregunto cómo se organizan a ese nivel. El porcentaje no lo sé», ha insistido.

En este punto, el primer edil ha declarado: «Lo que puedo afirmar, porque en su momento lo hablé con él, es que no ha hecho ningún tipo de servicio respecto a la EMT. Por tanto, no tiene nada que ver».

Asimismo, preguntado por si cuando se decidió que fuese ese gabinete el que hiciera algunos servicios para la EMT se conocía la circunstancia de que su cuñado era miembro del despacho, Joan Ribó ha manifestado que esa cuestión la decidió Grezzi y que él la conoció después.

«Eso lo acordó el presidente de la EMT. Yo me enteré posteriormente. No sé si tenía o no, lo desconozco. No sé si mi compañero Giuseppe Grezzi conocía ese hecho o no. Yo lo conocí a posteriori», ha agregado.

Preguntado por si lo comunicó, el alcalde ha apuntado: «Yo no le comuniqué. Además es que ni le comuniqué ni le pregunté». «Creo que una cosa es una cosa y otra es otra. Son dos cosas totalmente diferentes», ha señalado.

A su vez, ha repetido que su familiar no tiene nada que ver con los servicios a la Empresa Municipal de Transportes y que él tampoco. A este respecto ha expuesto: «En cualquier caso, sí que tengo que decir que ni el hermano de mi mujer ha hecho ningún servicio a la EMT porque después sí que me enteré, ni por supuesto yo tengo nada que ver porque es una decisión de una persona de confianza que hizo el presidente de la EMT».

«NO HAY NINGÚN CASO»
Por su parte, el vicealcalde de València, Sergi Campillo, ha incidido en que el hermano de la pareja de Ribó «no tiene ninguna relación contractual con la EMT», por lo que «no hay caso».

En ese sentido, Campillo, en la rueda de prensa para explicar los asuntos tratados en la Junta de Gobierno, ha insistido en varias ocasiones en que «no hay ninguna relación contractual» entre esta persona y la EMT. «No hay ningún caso», ha recalcado.

Por contra, ha resaltado que la «gestión eficiente» que ha realizado este equipo de Gobierno en la asesoría jurídica de la EMT, que ha permitido ahorrar 200.000 euros.

Así, ha explicado que cuando llegaron al Gobierno la empresa tenía solo un abogado en plantilla que llevaba temas de laborales, mientras que el resto de asuntos estaba externalizado. De este modo, entre 2012 y 2015 se facturaron 515.986 euros por estos servicios externos.

Si embargo, desde abril 2018 se contrató a tres abogados en plantilla, una especialista en laboral, otra en administración y otra en contratación, lo que ha permitido reducir la externalización y «ahorrar» 200.000 euros.

Fuente: Europapress

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Sánchez plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años

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Sánchez plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y endurecer el control sobre el odio digital

El Gobierno anuncia nuevas medidas para responsabilizar a las plataformas digitales que no retiren contenido ilegal o de odio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado una futura prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, dentro de una estrategia más amplia para reforzar la protección de los jóvenes en el entorno digital y combatir la difusión de contenido de odio e ilegal en internet.

La iniciativa contempla mayores obligaciones para las plataformas tecnológicas, que deberán retirar este tipo de contenidos de forma más rápida y eficaz. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo prevé acciones legales y sanciones que podrían alcanzar no solo a las empresas, sino también a sus responsables directivos.

Objetivos de la medida

  • Proteger a los menores frente a riesgos digitales y discursos dañinos

  • Reforzar la responsabilidad legal de las plataformas digitales

  • Combatir la proliferación de mensajes de odio y contenidos ilícitos en redes

  • Adaptar la legislación española al nuevo contexto tecnológico europeo

El anuncio se enmarca en el debate europeo sobre la regulación de las grandes plataformas, en línea con normativas como la Ley de Servicios Digitales (DSA), que busca un mayor control sobre los contenidos que circulan en internet.

La propuesta abre ahora un proceso político y legislativo que determinará cómo se verificará la edad de los usuarios, qué redes se verán afectadas y qué sanciones concretas se aplicarán en caso de incumplimiento.

Países donde ya se limita o prohíbe el acceso de menores a las redes sociales

La propuesta anunciada en España no es un caso aislado. Varios países ya han aprobado prohibiciones o restricciones severas al uso de redes sociales por parte de menores, especialmente para protegerlos frente a contenidos nocivos, adicción digital y discursos de odio.

Australia

Australia se ha convertido en uno de los referentes internacionales tras aprobar una prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, obligando a las plataformas a verificar la edad de los usuarios. El incumplimiento puede acarrear multas millonarias para las empresas tecnológicas.

China

China mantiene desde hace años una de las regulaciones más estrictas del mundo. Los menores tienen límites de tiempo muy reducidos, controles parentales obligatorios y restricciones de acceso nocturno, especialmente en redes sociales y plataformas de vídeo.

Estados Unidos

Aunque no existe una prohibición federal, varios estados han aprobado leyes que limitan el acceso de menores, exigen verificación de edad o requieren consentimiento paterno para usar redes sociales. Estas medidas han abierto un intenso debate legal con las grandes tecnológicas.

Francia

Francia ha impulsado normas que obligan a contar con autorización parental para menores de 15 años, además de reforzar la responsabilidad de las plataformas en la retirada de contenidos ilegales o dañinos.

Corea del Sur

El país asiático ha aplicado políticas de control del uso digital juvenil, con restricciones horarias y herramientas obligatorias para evitar la adicción a redes y videojuegos en menores.

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