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Ribó insiste en implantar una tasa turística en València para que los visitantes paguen servicios municipales

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VALÈNCIA, 8 Ago. – El alcalde de València, Joan Ribó, ha abogado por implementar la tasa turística en la capital del Túria, ya que cree que es «fundamental» que los valencianos no sean los únicos que paguen los costes que los visitantes ocasionan a la ciudad. «Creemos que es razonable que, en parte, lo paguen los turistas que vienen», ha subrayado.

Así se ha pronunciado este jueves el primer edil al ser preguntado por los medios de comunicación sobre esta tasa, durante la visita del alcalde y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, a La Marina de València.

«Todos los grupos del Ayuntamiento pensamos que se tiene que dar libertad a los ayuntamientos que quieran para poder aplicar una tasa. Los turistas son muy bien recibidos, pero generan basuras que hay que recoger, necesitan mayores niveles de seguridad y una serie de aspectos que encarecen los servicios de la ciudad y, de alguna forma, han de compensar», ha sostenido, al tiempo que ha puntualizado que «es una cosa que tiene que resolver la Generalitat».

En este contexto, ha apuntado que la mayoría de ciudades europeas aplican esta tasa, lo que «no impide que vayan turistas». «Es un problema que tenemos que abordar y queremos hacerlo desde el diálogo y el respeto a las normas de la Generalitat y a los municipios que crean que no les interesa la tasa», ha añadido.

«CUESTIÓN DE EQUIDAD»
Asimismo, cree que a València también le interesaría este tributo como «elemento de promoción» para diversificar el turismo. «Queremos, fundamentalmente, que los servicios no los paguen los valencianos, sino también los turistas, porque de alguna manera son los responsables. Es una cuestión de equidad en el nivel de pago de los servicios», ha precisado Ribó.

Por su parte, Oltra ha señalado que en al Generlaitat están «en la fase primera», en la que se encuentran «estudiando la diversidad, las diversas necesidades y capacidades y cómo podría configurarse un modelo tributario de este estilo».

«Es un debate más complicado, de una figura tributaria que puede tener muchas configuraciones. Estamos en la fase de crear consensos alrededor de cuál puede ser ese desarrollo, que no afecta igual a una gran ciudad como València como a un pequeño municipio como Culla», ha defendido.

En este contexto, ha apuntado que el turismo de la Comunitat es «diverso», por lo que van a estudiar «primero cuál es esa diversidad para poder desarrollar un proyecto que pueda encajar en todo eso».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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