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Sanidad recomienda el uso de mascarillas en transporte público a partir de este lunes

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El Gobierno hará desde este lunes un reparto masivo de mascarillas reutilizables como una medida de prevención, una vez que el Consejo de Ministros haya autorizado hoy la vuelta al trabajo a aquellas actividades consideradas como no esenciales, y que han estado paralizadas las últimas dos semanas.

La distribución se llevará a cabo, fundamentalmente, en las estaciones de metro y cercanías, con el fin de evitar así el riesgo de un posible rebrote de contagios por las aglomeraciones que, en muchas ocasiones, suelen producirse y que impedirían, asimismo, que se pueda guardar la distancia de seguridad aconsejada.

No será necesario, sin embargo, el uso de mascarillas para aquellas personas que se desplacen o bien andando, en bicicleta o en vehículo privado, porque «no hay dificultad de guardar la distancia que en algunos casos debe ser de un metro y en otras dos», ha señalado el titular de Sanidad, Salvador Illa, al término del Consejo de Ministros celebrado este viernes.

El ministro también ha anunciado que entre hoy y mañana se va a repartir otro millón de test rápidos a las comunidades autónomas, que ya han recibido 64.3 millones de material sanitario desde que comenzó la crisis. Y ha desvelado que en el día de hoy han llegado a España por el corredor aéreo otras 800.000 mascarillas y 500.000 guantes que irán destinados a personal sanitario y a otros colectivos profesionales esenciales.

Como el de los transportistas, concretamente los trabajadores del transporte público estatal, autonómico y local, y también a los del ámbito privado, de viajeros y de mercancías, a los que se les va a empezar a distribuir desde este sábado otro millón más de mascarillas, según han anunciado también desde el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Pese a estas nuevas medidas adoptadas en este primer tramo para la reactivación económica, las autoridades advierten que el país todavía sigue en estado de alarma, con las mismas restricciones de movilidad estipuladas el pasado 14 de marzo, incluidos los niños, que seguirán sin poder salir a la calle. No estamos todavía en fase de desescalada de las medidas adoptadas. Continúa el cierre de centros educativos, de establecimientos de ocio, y se deben seguir manteniendo todas las medidas preventivas de distanciamiento social.

Además, recomiendan que al menor síntoma no se acuda a trabajar, que tampoco lo hagan aquellas personas que han tenido contacto estrecho con otras que han dado positivo; y recuerdan que las medidas «claves y más relevantes» para evitar contagios siguen siendo mantener la distancia interpersonal, el lavado de manos y la higiene en los espacios públicos y privados.

En relación con las recomendaciones que Sanidad publicará a lo largo de la tarde ante la vuelta al trabajo de las personas que cesaron su actividad por no ser imprescindible, Illa ha adelantado que estas contemplan que no se incorporen todos aquellos que presenten síntomas de COVID-19 o tengan un contacto estrecho de personas con síntomas o positivos por coronavirus.

En cuanto al transporte público ha incidido en la importancia de la distancia interpersonal “mínimo un metro, si es posible dos metros”. En el centro de trabajo, ha explicado que se asegurará esta distancia interpersonal y se evitarán las aglomeraciones. Asimismo, se extremarán las medidas de higiene.

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El novio de Ayuso ante el Supremo: “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. El fiscal general me había matado públicamente”

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El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico en el que su defensa admitía “dos delitos fiscales”.


“El fiscal general me había destrozado públicamente”

Visiblemente afectado, González Amador relató ante el tribunal el impacto que tuvo aquella publicación.

“Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente”,
declaró, girándose hacia el fiscal general durante su testimonio.

El empresario aseguró que, hasta la filtración, confiaba en resolver el caso “de forma discreta y con una pena asumible”, pero todo cambió “cuando el asunto saltó a la luz pública”.


De una negociación fiscal a un caso mediático

Según explicó ante el Supremo, su intención inicial era alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para cerrar el procedimiento por fraude fiscal. Sin embargo, el correo filtrado —en el que su abogado fiscalista, Carlos Neira, reconocía la existencia de “dos delitos contra la Hacienda Pública”— acabó difundido en medios de comunicación en marzo de 2024.

“Cuando vi mi expediente tributario y el correo en la prensa, llamé a mi abogado. Me dijo: ‘La presunción de inocencia se ha roto. Estamos en otra dimensión’”, ha recordado González Amador.

A partir de ese momento, según su testimonio, “todo el Gobierno comenzó a llamarle delincuente confeso”, lo que le causó “un daño irreparable” a nivel personal y profesional.


El juicio a García Ortiz y las tensiones institucionales

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sigue en el Supremo tras la querella presentada por González Amador por revelación de secretos. El proceso ha vuelto a poner el foco en las tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, así como en el papel de la Fiscalía General en casos con implicaciones políticas.

Durante la sesión, se recordaron también las declaraciones previas de altos cargos de la Comunidad de Madrid, como el jefe de Gabinete de Ayuso, que reconoció haber advertido de que “el fiscal general iría p’alante”.

 Un juicio histórico en la democracia española

El juicio a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, marca un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
El proceso, que se celebra en el Tribunal Supremo, estará presidido por siete magistrados de la Sala de lo Penal, encargados de determinar si García Ortiz filtró un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía una supuesta defraudación a Hacienda.

Pese a la gravedad de la acusación, el juez Ángel Hurtado ha decidido que el fiscal general mantenga su cargo mientras dure el proceso judicial, que se prevé se alargue durante dos semanas.


El origen del caso: el correo del abogado de González Amador

Todo comenzó el 2 de febrero de 2024, cuando Carlos Neira, abogado del empresario Alberto González Amador, remitió a la Fiscalía un correo electrónico con una propuesta de pacto.
En él se reconocía la posibilidad de que su cliente hubiera cometido un delito contra la Hacienda Pública.

Durante más de un mes, el contenido de ese correo permaneció reservado. Sin embargo, el 12 de marzo de 2024, varios medios de comunicación publicaron que la pareja de Ayuso podría haber defraudado dinero al fisco.
Al día siguiente, desde la Comunidad de Madrid, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez negó esa versión y aseguró que fue la Fiscalía la que había propuesto el pacto.
Esa misma noche, según la investigación, se habría producido la presunta filtración del correo.


La posición del fiscal general

Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, García Ortiz negó “rotundamente” haber filtrado información confidencial.
El magistrado instructor, no obstante, considera que existen “indicios razonables” de que la filtración pudo salir de la Fiscalía.

El propio Alberto González Amador ha asegurado que la publicación del correo electrónico vulneró su derecho a la intimidad y afectó a su reputación:

“Todo eso me ha ido lastrando”, declaró ante el tribunal.


Un proceso sin retransmisión pública

Aunque se trata de un juicio inédito en España, el Tribunal Supremo ha decidido no retransmitir las sesiones en directo.
A lo largo del proceso declararán unos cuarenta testigos, entre ellos políticos, periodistas y miembros de la Guardia Civil.
El último en declarar será el propio Álvaro García Ortiz, quien sigue al frente de la Fiscalía General del Estado durante la vista.


Qué consecuencias puede tener el juicio

Si el Tribunal Supremo declarara culpable al fiscal general, la sentencia podría implicar:

  • Entre 4 y 6 años de cárcel,

  • 12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público,

  • y una multa superior a los 400.000 euros.

Por el momento, el proceso continúa abierto, y se espera que el fallo se conozca antes de final de mes.


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