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Puigdemont exige la amnistía inmediata

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Puigdemont amnistía

Puigdemont ha sido claro sobre las condiciones para que Junts per Catalunya se siente a la mesa para negociar la investidura. Reconocimiento de la legitimidad democrática del independentismo, amnistía inmediata y un futuro referéndum legal sobre la autodeterminación.

Las exigencias de Puigdemont para sentarse en la mesa: abandono de la vía judicial y amnistía

Así lo ha explicado este martes el eurodiputado Carles Puigdemont desde Bruselas en una esperada conferencia en un hotel a dos pasos de las instituciones europeas.  Menos de 24 horas después de haberse reunido con la vicepresidenta segunda en funciones del Gobierno, Yolanda Díaz.

«Estamos en un momento especial. En unos días el Parlamento español empezará los tramites y no parece que el candidato de la derecha tenga apoyos ni para la primera ni en la segunda ronda y tampoco el presidente y sus socios. España se enfrenta a uno de esos dilemas que nunca resuelve bien, o confrontación entre los bloques que han polarizado o pactos. Pero el pacto tiene un problema, o mejor dicho, dos. El primero es que España no es habitual que lo haga para resolver retos democráticos, como se ve en la cuestión del Poder judicial por la incapacidad de los dos grandes partidos. El segundo que el pacto posible no es uno cualquiera, sino que requiere a Junts. Una formación a la que se atacado sin descanso por parte de las dos fuerzas políticas. Hasta el punto que hace dos meses y medio esos partidos no tuvieron ningún problema en sumar sus votos para que el candidato de Junts no fuera alcalde de Barcelona«, ha dicho el todavía reclamado por la Justicia.

Las peticiones de Puigdemont

La primera petición es clara, quiere «el reconocimiento a la legitimidad democrática del independentismo. Nos atacan, nos persiguen, le han pedido a Europol que nos traten como terroristas», ha dicho.

La segunda de las peticiones declara que el 1 de octubre no fue ilegal, pidiendo el abandono de la vía judicial. «Esto está al alcance del Parlamento español, a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Puigdemont recalca que la amnistía también es responsabilidad del gobierno en funciones, a través de la fiscalía y de la Abogacía del Estado. Y debe hacerse para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner el punto final a nada ni para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios», declara.

Puigdemont solicita una amnistía inmediata para que pueda haber un pacto de investidura, cuyo plazo termina en noviembre.

La tercera de sus peticiones solicita un mecanismo de medición verificación que aporte las garantías del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos que los «dos grandes partidos políticos españoles no están en condiciones de darnos».

«Cumplimiento de los compromisos por adelantado»

«El cumplimiento de los compromisos por adelantado es una manera de verificar (de ahí la importancia de que la lengua propia de Cataluña sea reconocida el próximo día 19 como lengua oficial de la UE ), pero lógicamente no se puede aplicar a procesos que requieren una larga tramitación o ejecución. Por eso, para poder transitar, es necesario este mecanismo de garantía», ha dicho Puigdemont. La figura no está definida, de forma deliberada.

Por último, «fijar como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que se refieren a derechos humanos (individuales y colectivos) y a libertades fundamentales». Junts quiere el referéndum de independencia y su promesa será línea roja, pero una vez que empiece formalmente la negociación de investidura. La amnistía es condición previa, la consulta legal futura debe quedar pactada antes de que termine noviembre. Aunque la ejecución pueda ser más adelante en el tiempo, sin precisar ahora mismo.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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