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Un nuevo informe de la Guardia Civil sugiere que Simón oculta informes del 8M a la jueza

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Un segundo informe de la Guardia Civil entregado a la jueza Carmen Rodríguez-Medel que investiga el caso del 8M sugiere que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, oculta información sobre el conocimiento que tenía el Gobierno de la pandemia antes del Día de la Mujer.

El informe, fechado el 1 de junio y cuyo contenido revela este jueves el diario El País, critica los retrasos en la entrega de la información reclamada al organismo dirigido por Simón y apunta que en la documentación entregada faltan datos reclamados a direcciones de correo electrónico de la citada dirección, entre ellas la del propio Simón.

El nuevo informe también incluye parte de la conversación off the record que la ministra de Igualdad, Irene Montero, mantuvo con una periodista de ETB antes de ser entrevistada en la que dice que a la última marcha del 8M había asistido menos gente por miedo al coronavirus.

Fuentes de la investigación han asegurado a Efe que este segundo documento de la Guardia Civil consta de 200 páginas, que amplía el primer informe entregado a la juez y que, si bien subsana algunos errores del inicial, mantiene la tesis de que el Gobierno contaba con información suficiente de la pandemia del coronavirus y su riesgo de contagio como para haber prohibido la manifestación del 8M en Madrid.

Las mismas fuentes señalan a Efe que en este segundo informe, elaborado por agentes de la Guardia Civil, se recogen muchas noticias publicadas en distintos medios de comunicación hasta una información del diario ABC del mismo 1 de junio, fecha en que es firmado el documento policial.

Hasta el momento, la jueza Rodríguez-Medel ha rechazado imputar en dos ocasiones a Fernando Simón, en tanto que mantiene la imputación sobre el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Las acusaciones del primer informe y su filtración motivaron la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid.

En el nuevo documento policial, y según publica El País, los agentes destacan que el primer requerimiento de información hecho al Centro de Alerta Sanitaria tiene fecha del 16 de abril y que, pese a que supuestamente este organismo se comprometió a entregarlo el 5 de mayo, finalmente no lo hizo hasta el 21 de mayo.

La Guardia Civil asegura que solo consiguieron recoger la documentación tras acudir al juzgado y personarse en el Centro de Alerta con una providencia del juzgado para exigirlo.

Además, el informe policial hace un estudio de 36 de los correos electrónicos así como de varios informes sobre la enfermedad manejados por Sanidad con el objeto de elaborar un «análisis cronológico de conocimiento del covid-19» que tuvo el Centro de Alerta antes del 8 de marzo.

Los autores del informe señalan que, pese a que el requerimiento judicial hacía mención expresa a la entrega de «todas las recomendaciones, instrucciones o directrices» que se hicieron durante aquellos días, «podrían faltar documentos» en el material que finalmente entregó el organismo dirigido por Simón, desde cuya cuenta de correo electrónico no se entregó ninguna información pese a que se le requirió.

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El Comité de derechos de la ONU pide suspender el desahucio de una familia valenciana

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Onu suspende desahucio familia valenciana

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha solicitado al Estado español la suspensión del desahucio de una familia valenciana ordenado para este miércoles por un Juzgado, mientras examina el caso planteado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Así lo recoge la respuesta de este Comité al escrito de PAH Valencia, en la que solicita al Gobierno de España que, mientras examina el caso, tome medidas para evitar «posibles daños irreparables», consistentes en la suspensión del desahucio de la vivienda donde viven una mujer y sus dos hijas, o en otorgarles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades.

Según han explicado fuentes de la plataforma, PAH Valencia ha hecho llegar el comunicado de este Comité de Derechos a la familia y al abogado de oficio, que ha presentado escrito solicitando la paralización ante el Juzgado del desahucio, señalado para este miércoles, de la mujer y sus hijas de 3 y 6 años.

PAH Valencia ha lamentado que todas las semanas se decretan desahucios que «acaban favoreciendo al capital internacional más especulativo», a pesar de las solicitudes de suspensión desde la justicia gratuita, y afectan a personas y familias vulnerables en situaciones «límite» y sin alternativa habitacional.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales por sus Estados.

 

 

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