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14 niños del Cabanyal fueron víctimas de una red que grababa vídeos pedófilos para venderlos
Publicado
hace 8 añosen
MADRID/VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) –
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica de Cataluña han llevado a cabo una operación contra compradores de pornografía infantil a través de Internet y correo postal. En la operación han sido detenidas 12 y otras 31 han sido investigadas. El operativo, ha permitido la identificación de varios menores víctimas, entre ellos 14 niños del barrio valenciano del Cabanyal.
De hecho, según el Instituto Armado, la situación económica de muchas familias de esta zona de la capital valenciana la convirtió en objetivo a la hora de captar a menores para estas prácticas.
A nivel internacional, este grupo productor de pornografía infantil desarrolló más de 900 operaciones comerciales con más de 550 clientes en 44 países. Entre las 31 personas investigadas figuran un profesor de instituto en Málaga y un trabajador de una escuela infantil en Cantabria.
La investigación nació a raíz de la desarticulación de un grupo criminal el pasado 2016, durante la operación Trinity, en la que, también en base a una colaboración entre Guardia Civil y Mossos d’Esquadra, se detuvo a un total de 7 personas por múltiples delitos de abuso sexual a menores, producción y distribución de pornografía infantil.
Las gestiones iniciadas permitieron constatar que en un piso del municipio tarraconense de Tortosa se estarían efectuando abusos sexuales y la grabación de estas prácticas. Esto permitió la detención en mayo de 2015 de tres personas, dos de nacionalidad francesa y una de nacionalidad marroquí, para los que se decretó ingreso en prisión.
El análisis del material intervenido permitió identificar al resto de componentes del grupo organizado, ubicados en Barcelona, Bilbao y València, lo que hizo posible llevar a cabo un total de cinco registros y cuatro detenciones de individuos que ya antes habían estado detenidos en otras operaciones policiales, cuya actividad criminal también se centraba en la corrupción de menores de la calle.
Ese domicilio de Tortosa funcionaba como productora y tenía preparado para su distribución postal más de 1.400 DVDs así como un catálogo a disposición de los consumidores de más de 2.000 títulos. La productora establecida por el grupo criminal había estado en funcionamiento entre los años 2008 y 2015, siendo los últimos años en los que incorporaron la distribución a través de Internet.
Del análisis de las imágenes intervenidas en las dos fases de la operación, los investigadores detectaron 28 dominios web desde donde se estaba distribuyendo pornografía infantil, así como más de un millón de fotografías y vídeos de material pedófilo en más de 12 terabytes de información y mil DVD.
Los agentes comprobaron que gran parte del material de pornografía infantil difundido era producido por el propio grupo criminal mediante la captación y explotación sexual de menores que se encontraban en situación de riesgo marginal en localidades de Barcelona, Tortosa, València y Marruecos.
La investigación hizo posible la identificación de los menores, para lo que se requirió el estudio de más de 5.000 fichas de menores para poder llegar a identificar solo a cuatro de ellos, además de estudiar de forma detallada fotograma a fotograma de los videos incautados, lo que permitió identificar 27 víctimas más y conocer la existencia de un mínimo de otras 52 víctimas.
Igualmente, cabe destacar la labor operativa llevada a cabo en el barrio del Cabanyal, en València, en la identificación de víctimas. La situación económica de muchas familias de esta zona la convirtió en el objetivo del grupo criminal a la hora de captar a menores para sus prácticas. Las tareas desempeñadas en esta zona permitieron identificar a 14 menores en este barrio.
También constataron que buena parte de las imágenes habían sido producidas en viajes realizados entre los años 2000 y 2015 a Sri Lanka, Túnez, Camboya, Laos, Tailandia, Singapur, República Checa, Kenia, Francia, Java y Bali. Este material pedófilo era producido con ánimo de lucro, ya que lo difundían por internet y por vía postal previo pago. El estudio patrimonial realizado demostró que sólo en tres años el líder del grupo recibió más de 80.000 euros.
La investigación se salda con la constatación de la existencia de unas 80 víctimas menores de edad, identificándose a la mayor parte de éstas con nacionalidades de países del norte de África, Este de Europa, Asia y España.
OPERACIÓN EBISU
Una vez terminada la fase operativa de la Operación Trinity se procedió al análisis minucioso de toda la información intervenida en los registros realizados. Mediante este estudio se obtuvo información de las vías utilizadas por el grupo criminal para la venta de pornografía infantil.
El número de compradores sobre los que se obtuvo información ascendía a un total de 54, repartidos por todo el territorio nacional y diversos países en el extranjero. En un periodo de 10 meses se han llevado a cabo un total de 25 registros en territorio nacional, con un resultado final de 12 detenidos y 31 investigados por varios delitos relacionados con la corrupción de menores.
Entre los casos más reseñables se encuentra uno ocurrido en la provincia de Ciudad Real, en cuyo registro se halló material pedófilo producido por el investigado en connivencia con una tercera persona. La rápida actuación de la fuerza actuante permitió la identificación de la misma, produciéndose horas después una nueva detención por producción de pornografía infantil.
En Málaga se descubrió que uno de los investigados se trataba de un profesor de instituto, que se valía de su situación de prevalencia y autoridad respecto a sus alumnos para realizar acercamientos a los mismos con fines sexuales.
En Cantabria se detectó un caso en el que el investigado trabajaba en una escuela infantil, valiéndose de su acceso a los menores para realizar fotografías pedófilas de los mismos y apropiarse de su ropa interior.
En Cataluña se descubrió la existencia de una librería que había mantenido relaciones comerciales con la empresa vinculada al grupo criminal que pudo haber gestionado el envío de más de 1050 pedidos.
A nivel internacional se ha determinado que este grupo criminal efectuó más de 900 operaciones comerciales con más de 550 clientes de 44 países. La información sobre los usuarios de estos servicios en el extranjero ha sido remitida a través de Interpol a los países afectados.
Por el momento la fase operativa de la operación Ebisu se da por finalizada por los investigadores, si bien el análisis de la información intervenida se prolongará durante varios meses. El trabajo sobre el material intervenido está permitiendo encontrar nuevas informaciones útiles, por lo que no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con otras redes de producción y distribución de material pedófilo.
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Qué es el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas y qué hace: el desahucio de Maricarmen como ejemplo
Publicado
hace 4 horasen
25 septiembre, 2026
El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que llevaba alrededor de 70 años viviendo en Madrid, ha colocado en primera línea a una organización que en los últimos años ha ganado presencia en el debate sobre la vivienda: el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
Tras la ejecución del desahucio, la organización convocó movilizaciones en diferentes ciudades españolas, entre ellas València, para denunciar el lanzamiento y reclamar nuevas medidas de protección para las personas que viven de alquiler.
Pero ¿qué es exactamente un sindicato de inquilinos, quién puede formar parte de él y qué hace cuando una persona tiene problemas con su casero?
¿Qué es un Sindicato de Inquilinos e Inquilinas?
Un sindicato de inquilinos es una organización formada por personas que viven de alquiler y que se organizan colectivamente para defender sus intereses como arrendatarias.
Su objetivo declarado es defender el acceso a una vivienda digna, estable y asequible y actuar ante problemas como las subidas de alquiler, los conflictos con propietarios, las dificultades para renovar contratos o los procedimientos de desahucio.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid explica que nació en mayo de 2017, cuando un grupo de vecinos decidió organizarse para defender de manera colectiva el derecho a una vivienda digna y segura. Actualmente afirma contar con más de 4.000 personas y trabajar mediante nodos territoriales y comisiones.
No se trata, por tanto, de una administración pública ni de un organismo judicial. Es una organización social y sindical que representa y organiza a personas que viven de alquiler.
¿Qué reclama un sindicato de inquilinos?
Las reivindicaciones pueden variar entre organizaciones, pero entre las cuestiones que aparecen habitualmente se encuentran:
- Frenar o limitar las subidas de los alquileres.
- Conseguir contratos de alquiler más estables.
- Defender a los inquilinos ante conflictos con los propietarios.
- Evitar desahucios cuando existen situaciones de vulnerabilidad.
- Reclamar un parque público de vivienda mayor.
- Denunciar situaciones que consideran abusivas en el mercado del alquiler.
- Organizar a los vecinos de un mismo edificio o barrio ante problemas comunes.
- Presionar a las administraciones para modificar las políticas de vivienda.
El movimiento de sindicatos de inquilinos se define como una organización de base formada por personas que viven de alquiler y señala entre sus principales objetivos enfrentarse a las subidas de las rentas, los abusos de grandes propietarios y la precarización residencial.
¿Qué puede hacer un sindicato de inquilinos ante un desahucio?
Una de sus principales funciones es acompañar y organizar a los afectados cuando reciben una demanda, una orden de lanzamiento o se enfrentan a un conflicto con el propietario.
El sindicato puede proporcionar información sobre el procedimiento, poner al afectado en contacto con asesoramiento jurídico, organizar redes de apoyo y movilizar a otras personas para intentar negociar una solución.
También puede realizar campañas públicas, concentraciones o acciones ante las administraciones.
En algunos casos, estos colectivos intentan negociar directamente con la propiedad para conseguir una prórroga del contrato, una reducción de la renta, un alquiler social u otra alternativa que permita evitar el lanzamiento.
Es importante diferenciar esta actividad de la actuación de los tribunales: un sindicato no puede anular por sí mismo una orden judicial de desahucio. Las posibilidades legales dependen de cada procedimiento y de las resoluciones dictadas por los juzgados.
El caso de Maricarmen: el ejemplo que ha provocado las movilizaciones
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la actividad del movimiento de inquilinos.
La mujer, de 87 años, llevaba alrededor de siete décadas viviendo en la vivienda de Madrid. El conflicto se prolongó durante años y terminó en los tribunales.
La vivienda estaba sometida a un régimen de renta antigua y el litigio se centró, entre otras cuestiones, en las condiciones de la subrogación del contrato y en el derecho de Maricarmen a continuar ocupando el inmueble.
Finalmente, después de varios aplazamientos, el lanzamiento se ejecutó el 23 de septiembre de 2026.
El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas intentó movilizar apoyos para evitar el desahucio y, una vez ejecutado, convocó concentraciones de urgencia en una docena de ciudades.
¿Por qué el caso de Maricarmen es tan importante para el sindicato?
Para el movimiento de inquilinos, Maricarmen representa un problema más amplio: el de las personas que, pese a llevar muchos años viviendo en una vivienda, pueden terminar perdiéndola cuando cambia la situación contractual o económica.
La organización sostiene que el desahucio podría haberse evitado mediante cambios legislativos y reclama al Gobierno nuevas medidas de protección.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha utilizado el caso para reclamar el desbloqueo de medidas relacionadas con la protección frente a los desahucios y ha convocado movilizaciones en diferentes ciudades.
El sindicato también actúa antes de llegar al desahucio
El trabajo de estas organizaciones no se limita a los lanzamientos.
En el Sindicato de Inquilinas de Madrid, por ejemplo, la estructura se organiza territorialmente mediante nodos abiertos a las personas que quieran participar y diferentes comisiones de trabajo. La organización explica que uno de sus objetivos es que los problemas individuales puedan convertirse en conflictos colectivos.
Esto permite que varios vecinos de un mismo edificio puedan organizarse conjuntamente cuando existen problemas relacionados con el alquiler.
También pueden intervenir ante situaciones como:
Una subida del alquiler: el sindicato puede asesorar al inquilino sobre sus derechos y ayudarle a negociar.
Un problema con la renovación: puede acompañar al arrendatario durante las conversaciones con la propiedad.
Un conflicto con un gran propietario: los afectados pueden organizarse colectivamente cuando varias viviendas de un mismo edificio están en una situación similar.
Un procedimiento de desahucio: el sindicato puede informar sobre el proceso, buscar alternativas y organizar movilizaciones para reclamar una solución.
Sindicatos de inquilinos en diferentes ciudades
No existe un único sindicato que agrupe a todos los inquilinos de España. Existen organizaciones territoriales diferentes que comparten buena parte de sus reivindicaciones y que en los últimos años han impulsado estructuras de coordinación.
Entre ellas se encuentran el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, organizaciones de Málaga, Zaragoza, Sevilla, Asturias, Cádiz, Guadalajara y otras ciudades y territorios.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sirve como espacio de coordinación para diferentes organizaciones del movimiento.
Precisamente esta estructura fue la que permitió convocar movilizaciones simultáneas después del desahucio de Maricarmen. Las primeras protestas se organizaron en doce ciudades y posteriormente se anunciaron nuevas concentraciones en más puntos de España.
De un problema individual a una movilización colectiva
Esta es precisamente una de las características fundamentales de los sindicatos de inquilinos: intentar que un conflicto que afecta a una persona pueda convertirse en una reivindicación colectiva.
En el caso de Maricarmen, el desahucio dejó de ser únicamente un procedimiento judicial concreto y se convirtió en el detonante de movilizaciones en distintas ciudades.
En València, decenas de personas se concentraron ante la Delegación del Gobierno para mostrar su apoyo a Maricarmen y reclamar medidas en materia de vivienda.
En Alicante, el movimiento de vivienda también organizó una concentración y vinculó el caso con la situación de las familias que tienen dificultades para afrontar los alquileres.
Las organizaciones sostienen que el problema no afecta únicamente a Maricarmen, sino que forma parte de un conflicto más amplio sobre el precio de la vivienda y la protección de los inquilinos.
¿Puede un sindicato impedir legalmente un desahucio?
No por sí mismo.
Un sindicato puede negociar, asesorar, acompañar, movilizar y reclamar medidas ante las administraciones, pero la suspensión o paralización de un lanzamiento depende de las decisiones judiciales y de las circunstancias que establezca la legislación.
En determinados procedimientos existen mecanismos para acreditar una situación de vulnerabilidad, solicitar medidas de protección o plantear alternativas habitacionales. La posibilidad concreta de suspender un lanzamiento depende del caso y de los requisitos legales aplicables.
Por eso, ante una notificación judicial, los sindicatos recomiendan actuar con rapidez y buscar asesoramiento jurídico.
El desahucio de Maricarmen abre un nuevo capítulo
La imagen de Maricarmen saliendo en camilla de la vivienda donde había vivido durante décadas ha convertido su caso en un símbolo para el movimiento de inquilinos.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado que continuará movilizándose y ha utilizado el caso para reclamar cambios en la legislación de vivienda.
Así, el desahucio de una mujer de 87 años se ha convertido en un ejemplo de cómo funcionan los sindicatos de inquilinos y de qué manera intentan transformar un conflicto individual entre propietario e inquilino en una reivindicación colectiva sobre el acceso a la vivienda.
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