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14 niños del Cabanyal fueron víctimas de una red que grababa vídeos pedófilos para venderlos

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MADRID/VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) –

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica de Cataluña han llevado a cabo una operación contra compradores de pornografía infantil a través de Internet y correo postal. En la operación han sido detenidas 12 y otras 31 han sido investigadas. El operativo, ha permitido la identificación de varios menores víctimas, entre ellos 14 niños del barrio valenciano del Cabanyal.

De hecho, según el Instituto Armado, la situación económica de muchas familias de esta zona de la capital valenciana la convirtió en objetivo a la hora de captar a menores para estas prácticas.

A nivel internacional, este grupo productor de pornografía infantil desarrolló más de 900 operaciones comerciales con más de 550 clientes en 44 países. Entre las 31 personas investigadas figuran un profesor de instituto en Málaga y un trabajador de una escuela infantil en Cantabria.

La investigación nació a raíz de la desarticulación de un grupo criminal el pasado 2016, durante la operación Trinity, en la que, también en base a una colaboración entre Guardia Civil y Mossos d’Esquadra, se detuvo a un total de 7 personas por múltiples delitos de abuso sexual a menores, producción y distribución de pornografía infantil.

Las gestiones iniciadas permitieron constatar que en un piso del municipio tarraconense de Tortosa se estarían efectuando abusos sexuales y la grabación de estas prácticas. Esto permitió la detención en mayo de 2015 de tres personas, dos de nacionalidad francesa y una de nacionalidad marroquí, para los que se decretó ingreso en prisión.

El análisis del material intervenido permitió identificar al resto de componentes del grupo organizado, ubicados en Barcelona, Bilbao y València, lo que hizo posible llevar a cabo un total de cinco registros y cuatro detenciones de individuos que ya antes habían estado detenidos en otras operaciones policiales, cuya actividad criminal también se centraba en la corrupción de menores de la calle.

Ese domicilio de Tortosa funcionaba como productora y tenía preparado para su distribución postal más de 1.400 DVDs así como un catálogo a disposición de los consumidores de más de 2.000 títulos. La productora establecida por el grupo criminal había estado en funcionamiento entre los años 2008 y 2015, siendo los últimos años en los que incorporaron la distribución a través de Internet.

Del análisis de las imágenes intervenidas en las dos fases de la operación, los investigadores detectaron 28 dominios web desde donde se estaba distribuyendo pornografía infantil, así como más de un millón de fotografías y vídeos de material pedófilo en más de 12 terabytes de información y mil DVD.

Los agentes comprobaron que gran parte del material de pornografía infantil difundido era producido por el propio grupo criminal mediante la captación y explotación sexual de menores que se encontraban en situación de riesgo marginal en localidades de Barcelona, Tortosa, València y Marruecos.

La investigación hizo posible la identificación de los menores, para lo que se requirió el estudio de más de 5.000 fichas de menores para poder llegar a identificar solo a cuatro de ellos, además de estudiar de forma detallada fotograma a fotograma de los videos incautados, lo que permitió identificar 27 víctimas más y conocer la existencia de un mínimo de otras 52 víctimas.

Igualmente, cabe destacar la labor operativa llevada a cabo en el barrio del Cabanyal, en València, en la identificación de víctimas. La situación económica de muchas familias de esta zona la convirtió en el objetivo del grupo criminal a la hora de captar a menores para sus prácticas. Las tareas desempeñadas en esta zona permitieron identificar a 14 menores en este barrio.

También constataron que buena parte de las imágenes habían sido producidas en viajes realizados entre los años 2000 y 2015 a Sri Lanka, Túnez, Camboya, Laos, Tailandia, Singapur, República Checa, Kenia, Francia, Java y Bali. Este material pedófilo era producido con ánimo de lucro, ya que lo difundían por internet y por vía postal previo pago. El estudio patrimonial realizado demostró que sólo en tres años el líder del grupo recibió más de 80.000 euros.

La investigación se salda con la constatación de la existencia de unas 80 víctimas menores de edad, identificándose a la mayor parte de éstas con nacionalidades de países del norte de África, Este de Europa, Asia y España.

OPERACIÓN EBISU
Una vez terminada la fase operativa de la Operación Trinity se procedió al análisis minucioso de toda la información intervenida en los registros realizados. Mediante este estudio se obtuvo información de las vías utilizadas por el grupo criminal para la venta de pornografía infantil.

El número de compradores sobre los que se obtuvo información ascendía a un total de 54, repartidos por todo el territorio nacional y diversos países en el extranjero. En un periodo de 10 meses se han llevado a cabo un total de 25 registros en territorio nacional, con un resultado final de 12 detenidos y 31 investigados por varios delitos relacionados con la corrupción de menores.

Entre los casos más reseñables se encuentra uno ocurrido en la provincia de Ciudad Real, en cuyo registro se halló material pedófilo producido por el investigado en connivencia con una tercera persona. La rápida actuación de la fuerza actuante permitió la identificación de la misma, produciéndose horas después una nueva detención por producción de pornografía infantil.

En Málaga se descubrió que uno de los investigados se trataba de un profesor de instituto, que se valía de su situación de prevalencia y autoridad respecto a sus alumnos para realizar acercamientos a los mismos con fines sexuales.

En Cantabria se detectó un caso en el que el investigado trabajaba en una escuela infantil, valiéndose de su acceso a los menores para realizar fotografías pedófilas de los mismos y apropiarse de su ropa interior.

En Cataluña se descubrió la existencia de una librería que había mantenido relaciones comerciales con la empresa vinculada al grupo criminal que pudo haber gestionado el envío de más de 1050 pedidos.

A nivel internacional se ha determinado que este grupo criminal efectuó más de 900 operaciones comerciales con más de 550 clientes de 44 países. La información sobre los usuarios de estos servicios en el extranjero ha sido remitida a través de Interpol a los países afectados.

Por el momento la fase operativa de la operación Ebisu se da por finalizada por los investigadores, si bien el análisis de la información intervenida se prolongará durante varios meses. El trabajo sobre el material intervenido está permitiendo encontrar nuevas informaciones útiles, por lo que no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con otras redes de producción y distribución de material pedófilo.

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El juez del caso Begoña Gómez imputa a una alto cargo de Moncloa

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Begoña Gómez- ARCHIVO EFE

El magistrado solicita agendas, correos y pasaportes de la esposa del presidente y de su asesora, además de convocar una nueva ronda de testigos.

Madrid, 5 de noviembre de 2025 (Europa Press) — El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso Begoña Gómez, ha decidido imputar a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, al tiempo que rechaza volver a citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

El magistrado ha adoptado esta decisión en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, donde también une las dos piezas separadas del procedimiento y mantiene la vía del tribunal del jurado por posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de caudales públicos.


Judit Alexandra González, nueva imputada en la investigación

El juez cita a González el próximo 12 de noviembre para informarla de los hechos que se le imputan y escuchar su declaración en calidad de investigada por malversación de caudales públicos, descartando su comparecencia como testigo.

Con esta decisión, González se convierte en la quinta persona investigada en la causa, junto a Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Peinado argumenta que la secretaria general, por su posición, tenía la capacidad de supervisar las labores de las personas designadas para funciones públicas, y que su omisión de control podría constituir malversación por comisión por omisión, al no evitar actividades privadas desarrolladas desde un cargo público.


El juez pide agendas, correos y pasaportes a Moncloa

En su resolución, el instructor solicita a Moncloa que entregue las agendas oficiales de Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez, con el fin de que la UCO de la Guardia Civil analice si las reuniones, viajes y desplazamientos correspondían a actividades personales o profesionales.

También pide los pasaportes de ambas para cotejar las fechas y coincidencias de sus viajes al extranjero, así como todos los correos electrónicos intercambiados entre ellas. Además, reclama información sobre los viajes sufragados con fondos públicos desde la contratación de Álvarez en 2018 hasta la actualidad, su vida laboral y los datos salariales actualizados de 2025.

Peinado solicita asimismo los antecedentes sobre el nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno, precisando puestos, funciones y número de asistentes designados simultáneamente.


El juez rechaza volver a citar a Pedro Sánchez y a Bolaños

El magistrado descarta la petición de las acusaciones populares de volver a llamar a Pedro Sánchez como testigo, al considerar que sería una diligencia “inútil e impertinente”.

Recuerda que el presidente del Gobierno ya fue citado y se acogió a su derecho a no declarar en virtud del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por su relación con la investigada. “Nada aportó para el esclarecimiento de los hechos y nada hace prever que cambiara de postura”, subraya el juez.

En la misma línea, Peinado rechaza citar de nuevo a Félix Bolaños, al entender que su anterior declaración fue “reticente” y que no aportaría información relevante para el avance de la instrucción.


Nuevos testigos citados para noviembre

El juez convoca una nueva ronda de declaraciones: el 12 de noviembre deberán comparecer Diego de Alcázar, Miguel Escassi y Juan Carlos Doadrio. Posteriormente, el 28 de noviembre, están citadas María José Sánchez, María Elvira Gutiérrez, María Jesús, Mercedes, Zulma Escalante y Carmen Mitxelena.

Asimismo, Peinado ha requerido a las empresas Minsait, Indra Business Consulting, Telefónica, Deloitte y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) que remitan todas las comunicaciones, correos o mensajes en los que figure la asesora de Gómez como emisora, destinataria o en copia.

 

 

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