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Más de 2000 personas claman por el cierre de Marie Claire

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2000 personas cierre Marie Claire

Vilafranca (Castellón), 9 jun (OFFICIAL PRESS – EFE).- Trabajadores, vecinos y representantes políticos y de la sociedad civil de varias comarcas del interior de Castellón, especialmente de Els Ports, y también de la provincia de Teruel, se han manifestado este viernes en Vilafranca en favor de la pervivencia y el futuro de la empresa Marie Claire.

Más de 2000 personas claman por el cierre de Marie Claire

Unas 2000 personas claman por el cierre de Marie Claire, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad, han participado en esta protesta, convocada por CCOO y UGT en defensa del empleo en esta zona, tras anunciarse el ERE de Marie Claire, que va a afectar a unas 250 familias.

La marcha ha partido desde la propia empresa y ha llegado hasta la estatua de la Planchadora de Medias, y en ella han participado empleados de la textil, representantes de la sociedad civil y política de las comarcas afectadas, asociaciones y vecinos y vecinas del pueblo.

Además, varios alcaldes y alcaldesas de Els Ports, l’Alt Maestrat, el Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, así como representantes de la Mancomunidad Comarcal Els Ports, han acudido a la llamada de la alcaldesa de Vilafranca, Silvia Colom, para crear la Mesa de Vilafranca y, con ella, impulsar el Plan de Recuperación Económica.

Un plan por el futuro de las comarcas

Según han recogido en un manifiesto, se trata de un plan que trabajará de forma unida y coordinada por el futuro de estas comarcas, y que busca fomentar el empleo y la actividad económica en los pueblos.

Para ello, pide a las Diputaciones de Castellón y Teruel; a los Gobiernos autonómicos de Aragón y la Comunitat Valenciana; el Gobierno Central y la Unión Europea el apoyo a este Plan con inversiones reales en infraestructuras, sectores productivos y fomento del empleo y la actividad económica.

«Marie Claire es un símbolo y un emblema de la historia emprendedora y trabajadora de Vilafranca. Por ello, desde la Mesa de Vilafranca se urge a la empresa, tras haber recibido financiación y apoyo público en sucesivas ocasiones, a garantizar su viabilidad y los puestos de trabajo existentes y a apostar por la creación de empleo en su centro de producción en Vilafranca», señala.

La situación actual, consecuencia de las malas gestiones

Desde CCOO y UGT han agradecido el apoyo a esta manifestación, y han destacado que la situación actual de Marie Claire «es consecuencia de las malas gestiones realizadas desde la dirección de la misma» y han defendido que las personas trabajadoras han dado «siempre el 100 %» y han antepuesto los intereses colectivos a los personales.

En un comunicado conjunto, han instado a la dirección de la empresa a que se responsabilice de la situación actual de insolvencia económica, con el respaldo del grupo empresarial al que pertenece, garantizando los derechos de las personas trabajadoras y la continuidad de la producción.

El apoyo de la Generalitat

También han instado a que la Generalitat siga manteniendo el apoyo que garantice una solución, mediando con el fondo inversor y que lleve a cabo el Plan de Viabilidad que en su día propuso para avalar los créditos concedidos, «con las garantías del acuerdo de no destrucción de empleo».

Además, han solicitado a los gobiernos valenciano, aragonés y estatal a la puesta en marcha de un proyecto de industrialización de la zona afectada, a través de los fondos Europeos NEXT GENERATION y de fondos estatales, autonómicos y locales, así como planes de empleo que tengan en cuenta las características de la comarca.

Un plan industrial que venga a paliar la despoblación inminente, y políticas de acceso a viviendas sociales y de rehabilitación para garantizar la estabilidad de la población, son otras de las peticiones sindicales.

Solidaridad del PP

Desde el PP, han mostrado su solidaridad con los afectados por el cierre de la empresa, que han calificado como «un drama social que afecta a uno de los territorios más despoblados de España» y que «castiga a centenares de familias que tienen en esta empresa su único sustento».

Así lo ha afirmado Jairo Sans, concejal electo del PP en Vilafranca, quien ha exigido a la empresa que «cumpla con los compromisos firmados con la Generalitat hace solo 12 meses cuando se inyectaron 12 millones de euros a cambio de supervisión y un plan de viabilidad que se ha demostrado fallido».

 

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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