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Adiós a la campaña de las elecciones más reñidas de la Comunitat Valenciana

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MONTAJE OFFICIAL PRESS

València, 26 may (OFFICIAL PRESS- EFE).- La campaña de las elecciones más reñidas que se recuerdan en la Comunitat Valenciana dice adiós esta medianoche. Ha sido la campaña que más dirigentes nacionales ha traído a un territorio considerado decisivo y donde sigue la incógnita: ¿retendrá la izquierda la Generalitat y el Ayuntamiento de València o habrá vuelco y pasarán a manos de la derecha?

Los socialistas han llevado a cabo una campaña basada en actos «en todas las plazas», en la que el president de la Generalitat y candidato a la reelección, Ximo Puig, ha defendido que son «el antídoto» para que no vuelva el PP del «paro, los recortes y la corrupción» y se avance en el renacimiento y la reindustralización de la Comunitat: «O Gürtel o Volkswagen», ha sido el mensaje.

Durante las dos semanas de campaña, que el PSPV-PSOE abrió en un feudo del área metropolitana de València, Mislata, con la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, han visitado la Comunitat los ministros José Manuel Albares, Félix Bolaños, Margarita Robles, María Jesús Montero o Diana Morant, así como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero

Las elecciones más reñidas de la Comunitat Valenciana

En el ecuador de la campaña, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participó en el Museo de las Ciencias de València en el mitin central de los socialistas valencianos -pocos días antes del inicio de la campaña había estado en Alicante y en Castelló-, donde afirmó que sin «ninguna duda» los socialistas ganarán en la Comunitat.

Enfrente, un PP que busca ganar las elecciones en la Comunitat Valenciana con Carlos Mazón y su capital con María José Catalá para que comience aquí el «fin del sanchismo» que lleve a su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, a la Moncloa en las próximas elecciones generales, ha pedido concentrar el voto conservador en el PP para posibilitar un cambio que ven muy cerca.

Bajar impuestos a todos, acabar con el «colapso» de la sanidad pública o impulsar la libertad educativa han sido algunos de los principales mensajes de los populares, que contaron con la presencia de Feijóo pocas horas antes del inicio de la campaña, volvió para protagonizar el acto más multitudinario de la campaña -en la plaza de toros de València- y regresó la víspera del cierre a València y el último día a Alicante.

El Botànic

En el bloque del Botànic, Compromís, una fuerza valenciana cuyo candidato a presidir la Generalitat, Joan Baldoví, ha destacado que no recibirá órdenes ni de Génova ni de Ferraz y que el voto a su papeleta es el útil y seguro para garantizar un Botànic «más ambicioso», ha contado no obstante varias veces en actos de campaña con el diputado nacional de Más País Íñigo Errejón.

Unides Podem-Esquerra Unida, cuya entrada en Les Corts se considera imprescindible para que se pueda reeditar por tercera vez el pacto del Botànic, ha reforzado su campaña con las visitas a la Comunitat Valenciana de las ministras Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón, y este viernes estará en València el exresponsable de Podemos Pablo Iglesias.

Además, el candidato de UP a la presidencia de la Generalitat, Héctor Illueca, ha contado en un acto en Alicante con el apoyo de la vicepresidenta del Gobierno e impulsora de la plataforma Sumar, Yolanda Díaz, aunque esta también ha estado en València con el alcalde y candidato de Compromís a la reelección, Joan Ribó.

Ciudadanos ha traído a València sus dirigentes nacionales, Patricia Guasp, Adrián Vázquez y Carlos Pérez-Nievas, en una campaña centrada en que quieren ser «decisivos» en esta tierra para librarla «del sectarismo, del inmovilismo y de la corrupción», si bien las encuestas auguran que no tendrán representación en Les Corts.

Vox, que busca ser determinante en un futuro Consell liderado por el PP y en el que aspira a ocupar la vicepresidencia, ha recibido en campaña la visita de su líder nacional, Santiago Abascal, a València y Alicante, mientras que el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha estado en la capital valenciana y en Castelló.

Los sondeos publicados durante la campaña apuntan a que el empate técnico entre el bloque de izquierdas y el conservador del que se partía se mantiene en la Comunitat Valenciana, donde el PP podría pasar a ser el más votado, pero no por ello acceder al Palau de la Generalitat ocho años después.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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