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Administradas 277.976 vacunas, el 37,4 % de las recibidas en España

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Madrid, 8 ene. (EFE).- Un total de 277.976 personas han sido vacunadas hasta el momento contra la covid-19 en España, 70.653 más que los datos facilitados este pasado jueves por el Ministerio de Sanidad, lo que supone un 37,4 por ciento de las 743.925 dosis entregadas hasta ahora a las comunidades autónomas.

Según el balance de Sanidad de este viernes, las regiones donde la campaña está más avanzada son Asturias, con el 75,2 por ciento de las dosis recibidas ya administradas; Melilla, con un 67; Galicia, con el 65,9 por ciento; Ceuta, con el 63,4 y Castilla y León, con el 55,1 por ciento.

A la cola siguen estando Madrid -con el 14,3 por ciento-, Cantabria -19,7-, y Extremadura con 21,8 por ciento de las dosis recibidas.

De este modo, y además de las citadas, por encima de la media nacional de vacunación fijada en el 37,4 por ciento se encuentran además Andalucía (49,4) y Aragón (41,9);

Entretanto, también van retrasados sobre la medida nacional Baleares (33,2); Canarias (34,6); Castilla-La Mancha (34,8); Cataluña (32,2); Comunidad Valenciana (26,1); La Rioja (28,3); Murcia (34,9); Navarra (31,2), y el País Vasco con el 31,0 por ciento.

Por número de dosis administradas, la comunidad que más vacunas ha inoculado hasta el momento es Andalucía, con 69.445 dosis de Pfizer/BioNtech, seguida a mucha distancia por Cataluña, con 38.826, y Castilla y León, con 28.325 dosis.

El Gobierno ha reconocido este viernes que los datos de la pandemia son malos y que nos esperan «semanas duras» por eso ha insistido en la importancia de seguir de forma estricta las medidas marcadas por las comunidades y ha destacado la importancia de la vacunación para que haya más vacunados que contagiados: «Hay que vacunar y vacunar».

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha destacado la importancia de la vacunación y ha considerado que el ritmo de administración de las vacunas todavía tiene que mejorar pero está cogiendo una «velocidad aceptable».

Para el Ejecutivo esta cuestión es determinante par derrotar al virus y alcanzar la inmunización colectiva, de forma que para el verano se haya vacunado al 70 % de la población.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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