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Agencias de viaje exigen en València medidas al caer su negocio hasta un 98%

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València, 17 dic (EFE).- Miembros de la asociación Locos por viajar, que reúne a 33 agencias de viaje emisoras de todo el país, se han concentrado este jueves ante la Plaza de Toros de València para reclamar al Gobierno central y autonómico medidas que ayuden a paliar las pérdidas del sector, tras descender su negocio hasta un 98 %.
Con esta protesta los empresarios han querido «visibilizar» su situación, ha señalado a Efe la responsable de la agencia Mundo Explora, Vania Ujevic, cuya sede central se encuentra en València, quien lamenta que hasta ahora las ayudas al sector hayan ido destinadas a las grandes empresas de viajes y aerolíneas, dejando al pequeño empresario «en tierra de nadie».
Ujevic reclama, más que ayudas directas, «medidas como aplazar el pago de impuestos, extender los ERTE» y que los empresarios no tengan que pagar parte de los mismos.
Según señala la fundadora y directiva ejecutiva de Mundo Explora, las pequeñas agencias de viaje emisoras han tenido que renunciar a viajes vendidos desde octubre de 2019, y devolver los importes pagados, por lo que llevan más de un año de pérdidas.
Lamenta que desde el Gobierno central y los autonómicos «se mire el turismo que viene de fuera» y no se tenga en cuenta a las empresas turísticas emisoras, afectadas por las restricciones de movilidad hacia el extranjero, y ve el futuro del sector muy «negativo» ante la situación que presenta la pandemia por el coronavirus a nivel mundial.
Además de València, la plataforma #LocosPorViajar ha celebrado este jueves concentraciones en Toledo, Barcelona, Santiago de Compostela y Sevilla; este viernes están previstas también protestas en Murcia y San Sebastián y el lunes se harán en Bilbao y Santander.
La asociación denuncia que las pérdidas del sector pueden llevar a la pérdida de 68.000 puestos de trabajo por un descenso del negocio de hasta el 98 por ciento.
Lamenta además que desde que se concentraran en la puerta del Congreso de los Diputados no han recibido respuesta alguna sobre alguna solución que les ayude a contrarrestar las pérdidas de un sector en el que apenas hay reservas.
«Diciembre de 2020 y continuamos sin respuesta ni la mínima atención hacia un sector olvidado y abandonado, que lo único que ha recibido es ICOS, sobrecarga para los que llevamos más de un año sin ventas, sin ingresos y con pérdidas constantes», advierte la plataforma en un comunicado.
Las pérdidas oscilan entre los 30.000 y 40.000 euros por agencia, mientras los gastos e impuestos obligatorios y fijos se mantienen al 100 % y los ERTE «son insuficientes» para mantener a sus familias y negocios, aseguran los empresarios.
«Las agencias -añaden- no han dejado de trabajar gratis, ayudando primero a regresar a su hogar a sus clientes y gestionando más tarde anulaciones y reembolsos, sin cobrar gastos de gestión y sin que les devolvieran el dinero adelantado en concepto de reserva los operadores locales, hoteleros y, en especial, las compañías aéreas».
«Es imprescindible que las futuras ayudas prometidas en el ámbito común europeo lleguen a todos los ámbitos del turismo, sin excepción», reivindican los empresarios.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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