El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha conseguido una importante victoria en la lucha contra el alojamiento turístico ilegal. Tras meses de actuaciones y recursos judiciales, Airbnb ha retirado cerca de 65.000 anuncios sin licencia de su plataforma, tal y como requería la administración pública.
Se trata de una medida de gran impacto que pone el foco en la creciente presión institucional para garantizar el cumplimiento de la legislación turística vigente y defender el derecho a la vivienda frente al uso especulativo de inmuebles.
Denunciados otros 55.000 anuncios sin número de registro turístico
Además de los anuncios ya eliminados, la Unidad de Análisis de Consumo ha identificado otros 54.728 anuncios activos en Airbnb que no incluyen el número de registro turístico, obligatorio desde el pasado 1 de julio de 2025, conforme a la nueva normativa de control de alojamientos turísticos.
Según ha informado el Ministerio este miércoles, estos datos serán trasladados a los organismos competentes para que la plataforma elimine o corrija los anuncios conforme a lo establecido por la ley.
Un archivo digital con todos los datos clave
Para esta operación, el Ministerio ha elaborado un archivo digital de alto valor analítico, que incluye información detallada sobre cada anuncio. Este archivo contiene:
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Tipología del alojamiento: habitación privada o vivienda completa.
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Ubicación geográfica: localidad, provincia y comunidad autónoma.
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Datos disponibles de los anfitriones: identificadores y perfiles vinculados.
Esta información permitirá mejorar la trazabilidad de los alquileres ilegales y facilitará futuras inspecciones tanto a nivel estatal como autonómico.
Compromiso del Gobierno con el derecho a la vivienda
La actuación forma parte de una estrategia gubernamental que pretende frenar el crecimiento descontrolado de alquileres turísticos no regulados, que contribuyen a la especulación inmobiliaria, la saturación turística y la gentrificación urbana en muchas ciudades.
El ministro Bustinduy ha reiterado en varias ocasiones que «la legalidad y el derecho constitucional a la vivienda están por encima de los beneficios de las grandes multinacionales», subrayando la necesidad de proteger el acceso a una vivienda digna para la ciudadanía.
Consumo seguirá actuando contra anuncios ilegales en plataformas
La Unidad de Análisis de Consumo seguirá trabajando en la detección y denuncia de anuncios ilegales de pisos turísticos, no solo en Airbnb, sino también en otras plataformas digitales como Booking, Vrbo o plataformas regionales.
Estas medidas se suman a las ya adoptadas recientemente en otras comunidades autónomas como Canarias, Cataluña o Baleares, donde las autoridades han iniciado procedimientos similares de inspección y retirada masiva de anuncios irregulares.
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