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Valencia

Alfonso Grau, protagonista de «ocho tramas»: radiografía de la corrupción urbanística

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El exvicealcalde Alfonso Grau, a su llegada como procesado a la Audiencia de Valencia, que juzga la pieza A del caso Imelsa, en la que se investigan posibles corruptelas de los más estrechos colaboradores de la entonces alcaldesa de València Rita Barberá, para financiar supuestamente de forma ilícita al PP en las elecciones de 2007 y 2011. EFE/Biel Aliño/Archiv

Valencia, 25 sep (OFFICIAL PRESS-EFE) – Alfonso Grau, ex vicealcalde de Valencia y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, ha sido identificado en al menos ocho tramas de corrupción urbanística que favorecieron al empresario Jaime María Febrer y a su grupo empresarial Axis entre 2003 y 2013. La jueza del caso Azud detalla en un auto cómo Grau presuntamente facilitó adjudicaciones urbanísticas a cambio de comisiones millonarias, ocultando las transacciones a través de complejas operaciones financieras en el extranjero.

Comisiones y adjudicaciones amañadas

En el marco de la investigación del caso Azud, el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia señala que Grau habría amañado licitaciones públicas para favorecer a Febrer, actuando de manera arbitraria y discrecional en los procesos de adjudicación de obras y servicios públicos. Según el auto judicial, Grau habría recibido grandes sumas de dinero en efectivo como comisiones, enmascaradas a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero.

Blanqueo de capitales: la implicación familiar

El delito de blanqueo de capitales imputado a Alfonso Grau también involucra a su familia, incluidas sus dos hijas, María Ángeles y Sofía, y sus yernos. La jueza detalla que Grau utilizó cuentas bancarias de sus familiares, realizando pequeños ingresos en efectivo, por un total de 412.725 euros entre 2002 y 2014. Además, alquiló cajas de seguridad en BBVA y Bancaja para ocultar el dinero.

Sociedades offshore y eventos internacionales

Parte del dinero de los sobornos se transfirió a cuentas vinculadas a la sociedad panameña Edimboro, que gestionaba fondos depositados en Suiza. La jueza subraya que durante los eventos internacionales de la Fórmula 1 y la Copa América, entre 2006 y 2009, se intensificó la actividad corrupta en la ciudad de Valencia, lo que facilitó el entramado financiero ilegal que involucraba a Alfonso Grau y su entorno.

Investigación de sobornos millonarios

Los investigadores del caso Azud descubrieron que una cuenta en Estados Unidos a nombre de la hija de Grau y su esposo, residentes en Wisconsin, fue utilizada para recibir sobornos por valor de un millón de euros. Este dinero, que provenía de adjudicaciones urbanísticas amañadas, fue transferido a la cuenta estadounidense desde una sociedad offshore panameña, dificultando el rastreo de los fondos.

Este caso continúa revelando la complejidad de las operaciones ilícitas que Alfonso Grau y su entorno llevaron a cabo para enriquecerse, aprovechando su posición en el Ayuntamiento de Valencia y en la entidad pública Aumsa.

Alfonso Grau recibió una comisión de un millón a través de cuentas en EE.UU. vinculadas a su hija, según la jueza

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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