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Absuelto Alfonso Rus y el resto de procesados por el contrato del ‘call center’ de la Diputación

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Alfonso Rus contrato 'call center' Diputación
El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Ruso. EFE/Ana Escobar/Archivo
València, 25 oct (OFFICIAL PRESS- EFE).- La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y al resto de procesados en la pieza separada del caso Imelsa sobre la adjudicación de un contrato de servicio de atención telefónica en la Corporación Provincial.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, también queda exonerado el ex gerente de Imelsa y autodenominado ‘yonki del dinero’, Marcos Benavent, su exsuegro, Mariano López, y otros cuatro procesados, dos familiares el exsuegro y dos funcionarios de la Corporación Provincial.

El tribunal no ve acreditada la comisión de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, falsedad y blanqueo por los que habían sido acusados por la Fiscalía Anticorrupción, si bien la sentencia puede ser recurrida ante la Sala Segunda del Supremo.

Esta causa constituye la pieza separada D del denominado caso Imelsa, cuyo juicio se celebró entre el 25 de abril y el 5 de junio de este año.

En el trámite de conclusiones, la Fiscalía retiró la acusación para un octavo acusado, Fernando P.R., debido a su estado de salud.

Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa -empresa pública de la Diputación- adjudicó a Servimun SLU por casi 843.000 euros el contrato para un centro de atención multicanal (telefónica y telemática) que facilitara información a los contribuyentes sobre determinados tributos municipales. El contrato tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015 y no se prorrogó.

Absuelto Alfonso Rus y el resto de procesados por el contrato del ‘call center’ de la Diputación

La Sala entiende que no ha quedado probado que Alfonso Rus tuviera participación alguna en el proceso de adjudicación, ni que mediaran en el análisis técnico de las ofertas presentadas “valoraciones arbitrarias ni tendenciosas” para beneficiar a Servimun SLU en detrimento de las otras ofertantes.

Respecto al desarrollo del contrato, para lo que Servimun SLU contrató en calidad de asesor al exsuegro de Benavent y a su empresa Técnicas Legales Administrativas SLU, los magistrados tampoco consideran acreditado que los servicios telefónicos o telemáticos que debía atender el Contact Center “no fueran atendidos en su totalidad”, sino que, “al contrario, hubo un sobredimensionamiento del mismo”.

El Tribunal ha desestimado las alegaciones relativas a la posible vulneración de derechos fundamentales presentadas por las defensas como cuestiones previas, como la práctica de diligencias de instrucción fuera de plazo o el uso como prueba de los documentos incautados por los investigadores en determinadas entradas y registros.

La Audiencia examina en la resolución cada uno de los delitos por los que acusaba el Ministerio Público y concluye que no ha quedado acreditada la comisión de ninguno de ellos.

Así, respecto al delito de prevaricación administrativa, señala que la adjudicación del contrato a Servimun SLU “siguió todos los pasos procedimentales para un contrato de esa naturaleza de cuantía superior a los 150.000 euros que tiene prevista la Ley de Contratos del Sector Púbico”.

En cuanto a la malversación de caudales públicos, precisa: “difícilmente se puede considerar desvío de fondos públicos la cantidad que indica el Ministerio Fiscal porque su acusación parte de una convicción que ya hemos declarado no probada, la del contrato amañado”.

Por lo que respecta al delito de tráfico de influencias, los magistrados concluyen que no hay “prueba alguna” que permita afirmar que Alfonso Rus “ejerció influencia alguna en la decisión de la adjudicación del contrato (…) en busca de un beneficio para sí mismo o para un tercero”, ni tampoco que esa posible influencia fuera desplegada por Marcos Benavent ni por Mariano López.

Tampoco considera probada el Tribunal la concurrencia de delitos continuados de falsedad en documento mercantil y falsedad en documento oficial, pues “no se ha producido alteración de la verdad alguna” en los documentos del contrato analizados.

Finalmente, la Sala llega a la misma conclusión sobre el delito de blanqueo de capitales que la Fiscalía atribuía a Mariano López, a su esposa y cuñada, pues no puede considerarse como “inusual o desproporcionada” la cifra de 198.835 euros a la que alude la Fiscalía como pagos de Servimun SLU a estos acusados y que fueron debidamente declarados a la Agencia Tributaria en tres ejercicios tributarios, entre otros argumentos.

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Valencia

Las claves de la declaración de Jorge Suárez sobre la DANA: por qué se retrasó la alerta para salvar vidas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

El subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha ofrecido una de las declaraciones más esperadas en la investigación sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. Su testimonio ante el juzgado de Catarroja ha destapado detalles inéditos sobre cómo se tomaron las decisiones críticas aquella tarde y por qué la alerta a la población —que podría haber evitado víctimas— se retrasó más de dos horas.

La jueza investiga ya a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y a su número dos, Emilio Argüeso, pero el relato de Suárez añade nuevos elementos que pueden resultar determinantes para esclarecer responsabilidades.


🕒 Cronología del día de la DANA: qué ocurrió y cuándo

Jorge Suárez ha presentado una cronología detallada de la tarde de la DANA, explicando paso a paso por qué el aviso masivo a la población no se envió cuando él lo propuso:

  • 17:15 h: Suárez plantea por primera vez enviar un aviso masivo al detectar imágenes de personas atrapadas en los tejados en Utiel y Requena. Lo hace incluso antes de la primera reunión operativa del Cecopi.

  • 17:38 h: Vuelve a insistir en activar el sistema ES-Alert, tras recibir información del Plan de Emergencia de la presa de Forata y del riesgo de una posible rotura.

  • 20:11 h: Finalmente se envía la primera alerta a los móviles. Para entonces, la situación ya se había desbordado en varios municipios.

  • 20:57 h: Se lanza un segundo mensaje, más específico, instando a subir a zonas altas.

Entre la primera propuesta y el envío efectivo pasaron casi tres horas, un lapso que podría haber resultado decisivo para muchas de las víctimas.


🔧 ¿Por qué se retrasó el ES-Alert? Las razones que expone Suárez

El testimonio del subdirector general de Emergencias revela tres causas principales que explican la demora:

1. Cambios lingüísticos exigidos por responsables políticos

Según Suárez, la consellera Salomé Pradas y el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, solicitaron modificar el mensaje en valenciano. Entre los cambios ordenados figuraban:

  • Quitar la tilde a la palabra “València”.

  • Sustituir “tipus” por “tipo”.

  • Cambiar “aquest” por “este”.

Estas correcciones —de carácter puramente formal— alargaron la redacción del mensaje y retrasaron el envío del aviso.

2. Dudas jurídicas por la expresión “permanezcan en sus casas”

Los responsables políticos debatieron si esa frase podía interpretarse como un confinamiento similar al de la pandemia. El equipo jurídico debía valorarlo, lo que supuso más tiempo de espera.

3. Intento de contactar con alcaldes afectados

A petición de varios cargos políticos, se trató de avisar directamente a alcaldes de municipios ribereños del río Magro, especialmente ante el riesgo elevado en torno a la presa de Forata.

Este proceso también retrasó el envío de la alerta masiva.


⚠️ El riesgo de la presa de Forata: un punto crítico en la declaración

Suárez ha explicado que uno de los “impactos más fuertes de la tarde” fue el aviso del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la posibilidad de pasar a un escenario 3 de rotura de la presa de Forata.

Según el testigo:

  • El plan de emergencia contemplaba alturas de agua de hasta seis o siete metros en varias poblaciones.

  • La prioridad era alertar a la población vulnerable cuanto antes.

Pese a ello, la alerta masiva siguió sin enviarse hasta horas después.


📺 Las imágenes del Cecopi: por qué se conservaron

Otro detalle relevante aportado por Suárez es que se decidió conservar las grabaciones de las cámaras del Cecopi durante la entrada de autoridades.

El motivo, según su testimonio:

  • El Cecopi es una “estructura crítica”.

  • Se entendió que había interés social en conservar las imágenes ante un episodio tan delicado.

Estas grabaciones fueron clave para reconstruir la llegada de altos cargos, incluido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuyo horario de entrada no coincidía con las declaraciones públicas previas.


👥 Señalamientos cruzados y responsabilidades

La declaración de Suárez cobra especial relevancia porque:

  • Es el técnico de mayor rango presente aquella tarde.

  • Los responsables políticos habían derivado parte de la responsabilidad hacia él y otros técnicos.

  • Su testimonio contradice esas versiones y devuelve el foco a la cadena de decisiones políticas.

Suárez también ha explicado que su principal preocupación eran las personas atrapadas en tejados y el riesgo de hipotermia, lo que refuerza su insistencia en activar cuanto antes el Es-Alert.


🧑‍⚖️ Impacto judicial y político de estas revelaciones

El relato de Jorge Suárez puede marcar un antes y un después en la investigación. Sus palabras apuntan a que:

  1. Las decisiones críticas no fallaron por motivos técnicos, sino por debates y correcciones impuestos desde la esfera política.

  2. La alerta se habría podido emitir más de dos horas antes, lo que abre la puerta a responsabilidades penales.

  3. Varias muertes podrían haber sido evitadas con una reacción más rápida.

La jueza ya elevó la cifra oficial de víctimas mortales a 230, y la magnitud de esa tragedia convierte cada detalle del retraso en un elemento clave para determinar responsabilidades.


📝 Conclusión: una declaración que cambia la perspectiva del caso

La comparecencia de Jorge Suárez ofrece una visión interna precisa y detallada del caos, las dudas y los retrasos que marcaron la gestión de la DANA. Su versión presenta una imagen clara:

  • Hubo avisos internos tempranos.

  • Hubo capacidad de enviar alertas a tiempo.

  • Hubo obstáculos ajenos a la urgencia de la situación.

Ahora, la investigación judicial deberá determinar si esos retrasos fueron simples errores de coordinación o decisiones negligentes que agravaron la tragedia.

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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