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Valencia

Absuelto Alfonso Rus y el resto de procesados por el contrato del ‘call center’ de la Diputación

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Alfonso Rus contrato 'call center' Diputación
El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Ruso. EFE/Ana Escobar/Archivo
València, 25 oct (OFFICIAL PRESS- EFE).- La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y al resto de procesados en la pieza separada del caso Imelsa sobre la adjudicación de un contrato de servicio de atención telefónica en la Corporación Provincial.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, también queda exonerado el ex gerente de Imelsa y autodenominado ‘yonki del dinero’, Marcos Benavent, su exsuegro, Mariano López, y otros cuatro procesados, dos familiares el exsuegro y dos funcionarios de la Corporación Provincial.

El tribunal no ve acreditada la comisión de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, falsedad y blanqueo por los que habían sido acusados por la Fiscalía Anticorrupción, si bien la sentencia puede ser recurrida ante la Sala Segunda del Supremo.

Esta causa constituye la pieza separada D del denominado caso Imelsa, cuyo juicio se celebró entre el 25 de abril y el 5 de junio de este año.

En el trámite de conclusiones, la Fiscalía retiró la acusación para un octavo acusado, Fernando P.R., debido a su estado de salud.

Los hechos se remontan a mayo de 2013, cuando Imelsa -empresa pública de la Diputación- adjudicó a Servimun SLU por casi 843.000 euros el contrato para un centro de atención multicanal (telefónica y telemática) que facilitara información a los contribuyentes sobre determinados tributos municipales. El contrato tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015 y no se prorrogó.

Absuelto Alfonso Rus y el resto de procesados por el contrato del ‘call center’ de la Diputación

La Sala entiende que no ha quedado probado que Alfonso Rus tuviera participación alguna en el proceso de adjudicación, ni que mediaran en el análisis técnico de las ofertas presentadas “valoraciones arbitrarias ni tendenciosas” para beneficiar a Servimun SLU en detrimento de las otras ofertantes.

Respecto al desarrollo del contrato, para lo que Servimun SLU contrató en calidad de asesor al exsuegro de Benavent y a su empresa Técnicas Legales Administrativas SLU, los magistrados tampoco consideran acreditado que los servicios telefónicos o telemáticos que debía atender el Contact Center “no fueran atendidos en su totalidad”, sino que, “al contrario, hubo un sobredimensionamiento del mismo”.

El Tribunal ha desestimado las alegaciones relativas a la posible vulneración de derechos fundamentales presentadas por las defensas como cuestiones previas, como la práctica de diligencias de instrucción fuera de plazo o el uso como prueba de los documentos incautados por los investigadores en determinadas entradas y registros.

La Audiencia examina en la resolución cada uno de los delitos por los que acusaba el Ministerio Público y concluye que no ha quedado acreditada la comisión de ninguno de ellos.

Así, respecto al delito de prevaricación administrativa, señala que la adjudicación del contrato a Servimun SLU “siguió todos los pasos procedimentales para un contrato de esa naturaleza de cuantía superior a los 150.000 euros que tiene prevista la Ley de Contratos del Sector Púbico”.

En cuanto a la malversación de caudales públicos, precisa: “difícilmente se puede considerar desvío de fondos públicos la cantidad que indica el Ministerio Fiscal porque su acusación parte de una convicción que ya hemos declarado no probada, la del contrato amañado”.

Por lo que respecta al delito de tráfico de influencias, los magistrados concluyen que no hay “prueba alguna” que permita afirmar que Alfonso Rus “ejerció influencia alguna en la decisión de la adjudicación del contrato (…) en busca de un beneficio para sí mismo o para un tercero”, ni tampoco que esa posible influencia fuera desplegada por Marcos Benavent ni por Mariano López.

Tampoco considera probada el Tribunal la concurrencia de delitos continuados de falsedad en documento mercantil y falsedad en documento oficial, pues “no se ha producido alteración de la verdad alguna” en los documentos del contrato analizados.

Finalmente, la Sala llega a la misma conclusión sobre el delito de blanqueo de capitales que la Fiscalía atribuía a Mariano López, a su esposa y cuñada, pues no puede considerarse como “inusual o desproporcionada” la cifra de 198.835 euros a la que alude la Fiscalía como pagos de Servimun SLU a estos acusados y que fueron debidamente declarados a la Agencia Tributaria en tres ejercicios tributarios, entre otros argumentos.

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Valencia

El jefe superior de Policía admite fallos de coordinación institucional durante la dana en la Comunitat Valenciana

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Sigue las últimas noticias sobre la trágica DANA en Valencia:

Carlos Gajero reconoce en el Senado que el Cecopi del 29 de octubre de 2024 debió activarse antes y que la coordinación institucional fue “mejorable” durante la catástrofe que dejó 230 fallecidos

MADRID, 13 de enero de 2026 – El jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero Grande, ha admitido este martes ante la Comisión de Investigación del Senado sobre la dana que la coordinación institucional durante la catástrofe del 29 de octubre de 2024 fue “mejorable”. Asimismo, ha señalado que el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) “probablemente” debería haberse reunido antes de las 17.00 horas, dado que ya al mediodía existían avisos de personas desaparecidas en municipios como Utiel.

Durante su comparecencia, Gajero defendió que no hubo abandono ni falta de mando por parte de la Policía Nacional en los primeros días de la emergencia. “En ningún caso la nave iba sin rumbo”, aseguró, subrayando que el dispositivo policial actuó desde el primer momento pese a la magnitud inédita de la tragedia, que causó 230 víctimas mortales.

Coordinación “mejorable”, pero contacto constante sobre el terreno

El máximo responsable policial en la Comunitat Valenciana explicó que, aunque la cooperación operativa con organismos como la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno y la Dirección General de la Policía fue continua, echó en falta una mayor coordinación institucional global.

“A nivel personal funcionaba: hablabas directamente con Guardia Civil o UME. Pero una mejor coordinación institucional habría permitido una visión de conjunto, no tan parcelada, y poner todos los recursos en común”, afirmó en respuesta a una pregunta del senador de ERC, Jordi Gaseni.

Gajero niega haber visto a Mazón “especialmente noqueado”

Gajero relató que el día de la dana se desplazó a Madrid para asistir a una reunión de jefes superiores de Policía, una decisión conocida por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, mientras que la operativa en Valencia quedó en manos del comisario provincial. Al día siguiente, el 30 de octubre, se incorporó directamente a la zona afectada, especialmente en municipios de l’Horta Sud como Torrent, Xirivella, Algemesí, Alzira o Paiporta.

Cuestionado por el senador de Compromís Enric Morera sobre si percibió al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, “noqueado” durante aquellos días, Gajero respondió con contundencia: “No especialmente”.

“Nadie esperaba una tragedia de esa magnitud”

El jefe policial reconoció que no existía un protocolo capaz de prever una catástrofe de tal envergadura. “Fuimos improvisando muchas veces sobre el terreno y aplicando todas nuestras capacidades”, explicó, destacando que la prioridad fue atender las necesidades inmediatas de la ciudadanía, como la retirada de lodo en colegios, centros sanitarios, residencias y viviendas.

En materia de seguridad, recordó que la noche del 30 de octubre se detectaron saqueos en el centro comercial Bonaire, lo que llevó a la detención de 41 personas en menos de 24 horas y a la recuperación de numerosos objetos robados.

Más de 6.000 agentes desplegados tras las riadas

En los días posteriores a la dana, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo compuesto por 6.000 agentes, 897 vehículos terrestres, 19 medios aéreos y 21 recursos tecnológicos, según detalló Gajero, quien agradeció públicamente la “entrega, el valor y el compromiso” de todos los efectivos.

Tensión con el PP por los alumnos de la Escuela de Ávila

La comparecencia también estuvo marcada por un rifirrafe con el senador del PP Luis Santamaría, quien insinuó que los alumnos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila desplazados a la ‘zona cero’ acudieron “para hacerse la foto”. Gajero lo negó tajantemente: “No fueron a hacerse ninguna foto. Fueron a trabajar, y trabajaron muy bien. La gente nos trasladó muchos agradecimientos”.

“Hicimos todo lo que pudimos”, concluyó el jefe superior de Policía, poniendo fin a una comparecencia clave para esclarecer la gestión institucional de una de las mayores tragedias recientes en la Comunitat Valenciana.

 

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