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Valencia

La máquina de radioterapia que donó Amancio Ortega a Valencia, un año parada por un permiso del Ayuntamiento

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El Grupo El Grupo Popular Municipal ha presentado una moción de urgencia al pleno de mañana para impulsar los mecanismos necesarios para la tramitación “exprés” de la licencia para poner en funcionamiento en el hospital Clínico un equipo de radioterapia, con la última tecnología, para tratar el cáncer donado por Amancio Ortega,  valorado en más de 3,5 millones de euros.  El Clínico tiene inutilizada un año una máquina donada por Amancio Ortega por falta de licencia municipal y este equipo permite tratar entre 500 y 1.000 pacientes al año.

 

“El PP también instará a que se determinen las responsabilidades políticas por esta situación, ya que no puede estar más de año y medio (18 meses) pendiente de resolverse un expediente tan importante como este ya que se podrían haber salvado muchas vidas. Es inaceptable este atasco de licencias que lleva el Ayuntamiento de Valencia de más de 8.000 expedientes por resolver cuando llevan ya seis años gobernando. Este hecho demuestra la apuesta del Gobierno de Ribó y PSOE por la sanidad pública de calidad”, explicó la portavoz del PP, María José Catalá.

 

 

Los dos acuerdos de la moción urgente del PP son: “Instar al Ayuntamiento de Valencia a tramitar, con carácter prioritario, la licencia de obras necesaria para la instalación de la máquina de radiocirugía donada por la Fundación Amancio Ortega al Hospital Clínico Universitario de Valencia y exigir responsabilidades políticas por la ostensible demora en la tramitación del citado expediente administrativo”.

 

En agosto de 2020 se publicó en la plataforma de contratación la licitación de las obras de adaptación de espacios para la implantación de este equipo en el Servicio de Radioterapia del Clínico, por un importe de 478.536,02 euros y una duración de cuatro meses. Estas obras debían consistir en la reforma y reconstrucción de espacios existentes en el sótano del edificio, dentro del servicio de Radioterapia, donde se ubicará el nuevo equipo de tratamiento.

 

Se trata de la denominada Leksell Gamma Knife, «uno de los equipos más potentes en radiocirugía intracraneal, de mayor precisión y seguridad a nivel mundial», según explicó la Conselleria de Sanidad cuando anunció su llegada a Valencia en diciembre de 2019.

 

La Generalitat Valenciana anunció en diciembre de 2019 que la Leksell Gamma Knife iba a ser la primera instalada en un hospital público de España. Va a suponer para los pacientes de la Comunidad Valenciana una mejora de su calidad de vida, y va a ofrecer una mayor supervivencia en el tratamiento de determinadas enfermedades. El equipo permite tratar entre 500 y 1.000 pacientes al año, explicó Sanidad en su presentación.

 

La Comunidad Valenciana se convierte en pionera a nivel nacional en cuanto a radiocirugía y se sitúa a la vanguardia de la alta tecnología en cuanto al tratamiento del cáncer, ya que únicamente hay 350 unidades de Gamma Knife instaladas en diferentes países del mundo, como EEUU, Europa y Asia.

 

El equipamiento se caracteriza por una mejora considerable de la precisión (0,4 mm), que permite abordar solo el objetivo de la intervención sin afectar el tejido sano cerebral.

 

Una muestra del atasco de Ribó y PSOE

 

Este hecho es una muestra más del atasco de licencias de obras y de actividad, más de 8.000 expedientes pendientes de resolver desde hace años, ya comienza a tener consecuencias para la salud de los valencianos. La Conselleria de Sanidad lleva más de un año y medio a la espera de la licencia municipal para poder reformar un espacio en el Hospital Clínico de Valencia para para instalar máquina dotada de un sistema de radiocirugía con bisturí de rayos gamma donada por la Fundación Amancio Ortega.

 

l atasco que sufre el departamento de actividades y urbanismo ya no sólo afecta a los inversores que quieren abrir un negocio en la ciudad o construir viviendas, “ahora también hemos sabido que afecta ya al sistema de salud de todos los valencianos que no pueden contar con los adelantos tecnológicos por el bloqueo en la licencias por parte del Gobierno de Compromís y PSOE”, explicó la portavoz del Grupo Popular, María José Catalá.

 

El PP ha reclamado al Gobierno de Ribó que “se acelere los trámites para poder disponer de la licencia el hospital Clínico y poner en marcha la nueva máquina que servirá para mejorar la salud de los vecinos de la ciudad. Una herramienta que lleva parada y almacenada más de un año a la espera de resolver la costos burocracia municipal”.   

 

 

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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