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Valencia

La máquina de radioterapia que donó Amancio Ortega a Valencia, un año parada por un permiso del Ayuntamiento

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El Grupo El Grupo Popular Municipal ha presentado una moción de urgencia al pleno de mañana para impulsar los mecanismos necesarios para la tramitación “exprés” de la licencia para poner en funcionamiento en el hospital Clínico un equipo de radioterapia, con la última tecnología, para tratar el cáncer donado por Amancio Ortega,  valorado en más de 3,5 millones de euros.  El Clínico tiene inutilizada un año una máquina donada por Amancio Ortega por falta de licencia municipal y este equipo permite tratar entre 500 y 1.000 pacientes al año.

 

“El PP también instará a que se determinen las responsabilidades políticas por esta situación, ya que no puede estar más de año y medio (18 meses) pendiente de resolverse un expediente tan importante como este ya que se podrían haber salvado muchas vidas. Es inaceptable este atasco de licencias que lleva el Ayuntamiento de Valencia de más de 8.000 expedientes por resolver cuando llevan ya seis años gobernando. Este hecho demuestra la apuesta del Gobierno de Ribó y PSOE por la sanidad pública de calidad”, explicó la portavoz del PP, María José Catalá.

 

 

Los dos acuerdos de la moción urgente del PP son: “Instar al Ayuntamiento de Valencia a tramitar, con carácter prioritario, la licencia de obras necesaria para la instalación de la máquina de radiocirugía donada por la Fundación Amancio Ortega al Hospital Clínico Universitario de Valencia y exigir responsabilidades políticas por la ostensible demora en la tramitación del citado expediente administrativo”.

 

En agosto de 2020 se publicó en la plataforma de contratación la licitación de las obras de adaptación de espacios para la implantación de este equipo en el Servicio de Radioterapia del Clínico, por un importe de 478.536,02 euros y una duración de cuatro meses. Estas obras debían consistir en la reforma y reconstrucción de espacios existentes en el sótano del edificio, dentro del servicio de Radioterapia, donde se ubicará el nuevo equipo de tratamiento.

 

Se trata de la denominada Leksell Gamma Knife, «uno de los equipos más potentes en radiocirugía intracraneal, de mayor precisión y seguridad a nivel mundial», según explicó la Conselleria de Sanidad cuando anunció su llegada a Valencia en diciembre de 2019.

 

La Generalitat Valenciana anunció en diciembre de 2019 que la Leksell Gamma Knife iba a ser la primera instalada en un hospital público de España. Va a suponer para los pacientes de la Comunidad Valenciana una mejora de su calidad de vida, y va a ofrecer una mayor supervivencia en el tratamiento de determinadas enfermedades. El equipo permite tratar entre 500 y 1.000 pacientes al año, explicó Sanidad en su presentación.

 

La Comunidad Valenciana se convierte en pionera a nivel nacional en cuanto a radiocirugía y se sitúa a la vanguardia de la alta tecnología en cuanto al tratamiento del cáncer, ya que únicamente hay 350 unidades de Gamma Knife instaladas en diferentes países del mundo, como EEUU, Europa y Asia.

 

El equipamiento se caracteriza por una mejora considerable de la precisión (0,4 mm), que permite abordar solo el objetivo de la intervención sin afectar el tejido sano cerebral.

 

Una muestra del atasco de Ribó y PSOE

 

Este hecho es una muestra más del atasco de licencias de obras y de actividad, más de 8.000 expedientes pendientes de resolver desde hace años, ya comienza a tener consecuencias para la salud de los valencianos. La Conselleria de Sanidad lleva más de un año y medio a la espera de la licencia municipal para poder reformar un espacio en el Hospital Clínico de Valencia para para instalar máquina dotada de un sistema de radiocirugía con bisturí de rayos gamma donada por la Fundación Amancio Ortega.

 

l atasco que sufre el departamento de actividades y urbanismo ya no sólo afecta a los inversores que quieren abrir un negocio en la ciudad o construir viviendas, “ahora también hemos sabido que afecta ya al sistema de salud de todos los valencianos que no pueden contar con los adelantos tecnológicos por el bloqueo en la licencias por parte del Gobierno de Compromís y PSOE”, explicó la portavoz del Grupo Popular, María José Catalá.

 

El PP ha reclamado al Gobierno de Ribó que “se acelere los trámites para poder disponer de la licencia el hospital Clínico y poner en marcha la nueva máquina que servirá para mejorar la salud de los vecinos de la ciudad. Una herramienta que lleva parada y almacenada más de un año a la espera de resolver la costos burocracia municipal”.   

 

 

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Valencia

Benavent no comparece al inicio del juicio de Imelsa sin que se le autorizara

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Banquillo de los acusados en el juicio del caso Imelsa que se sigue desde este lunes en la Audiencia Provincial de Valencia. EFE/ Ana Escobar

València, 31 ene (OFFICIAL PRESS- EFE).- El exgerente de Imelsa Marcos Benavent no ha comparecido al inicio de la sesión de este martes del juicio en la Audiencia de Valencia por el caso Imelsa, que comenzaba a las 9.30 horas, a pesar de que no ha pedido autorización para ausentarse ni se le ha concedido.

Al inicio de la sesión, en la que está prevista la declaración del ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla, entre otras, el juez ha preguntado a su abogado por el paradero de Benavent, y ha recordado que los siete acusados que no se han conformado tienen que asistir diariamente al juicio.

A las 10.15 horas, el juez ha pedido el teléfono de Benavent y se ha contactado con él, que ha manifestado que va a acudir y que comience el juicio sin él y se incorporará más tarde, por lo que se ha procedido a iniciar la declaración de Caturla.

Además, en el primero de los juicios del caso Imelsa, cuya sentencia fue hecha pública la semana pasada, se le ha condenado a siete años y diez meses de prisión.

En esta pieza del caso Imelsa, que investiga la contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, el fiscal reclama para él una condena de nueve años y seis meses, al apreciar arrepentimiento.

El letrado del autodenominado «yonqui del dinero», que sustituye al abogado Juan Carlos Navarro, titular de la defensa, ha dicho que su compañero le pidió anoche por WhatsApp que le sustituyera en la sesión del juicio de este martes, y que desconocía que Benavent no iba a presentarse.

Asimismo, ha asegurado que, al no verle a la hora a la que estaba citado, ha enviado un mensaje al exgerente de Imelsa, del que no ha obtenido respuesta.

«No se puede hacer uso del juicio a gusto de consumidor», ha criticado el juez, que ha recordado que los acusados tienen obligación de comparecencia diaria en las diferentes sesiones del juicio, a no ser que hayan reclamado autorización para ausentarse y se les haya concedido al encontrarla justificada.

Directora de personal de Imelsa: «Rotundamente no» había personal que no trabajara

La directora de Gestión de Personas y Conocimiento de Imelsa, María Escrihuela, ha negado haber «tapado» a personas que cobraban sin ir a trabajar en esta empresa pública, y ha destacado que «rotundamente no» había personal «zombi» y que, si hubiera sabido o sido informada de su existencia, habría dimitido.

Así lo ha afirmado durante su declaración en el juicio de la pieza del caso Imelsa que investiga la contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, en la que ha asegurado que, si hubiera querido ocultar la existencia de trabajadores «zombis» «no habría puesto un sistema de fichaje biométrico» en la compañía, como hizo.

Durante la sesión, ha contestado a las preguntas de todas las partes, incluyendo las de los letrados de las otras defensas.

Escrihuela, a preguntas de la Fiscalía sobre los métodos de control de horarios que se seguían en Imelsa, ha destacado que, cuando se incorporó a la empresa pública, el sistema de fichaje que se utilizaba consistía «en unas hojas Excel en las que los trabajadores escribían sus turnos».

«Pensé que eso no era un control», ha destacado la exdirectora de Personal, que ha asegurado que intentó poner un sistema más exhaustivo con la puesta en marcha de un aparato físico de control biométrico en la sede central de Imelsa, pero ha indicado que el fichaje por este medio se limitaba solo a los trabajadores administrativos que tenían un puesto físico en esta sede.

Ha reconocido que «no había ningún tipo de control aproximadamente para 600 personas», es decir, para los brigadistas forestales y las personas que, aun dependiendo de Imelsa, trabajaban físicamente en la Diputación de Valencia, que fichaban con un USB en su ordenador, ya que la corporación ya tenía su propio programa de fichaje y, por tanto, no permitió que se incorporara el de la empresa pública.

«Si en algún momento yo pretendía tapar al personal que no iba a trabajar habría seguido con las hojas Excel, no habría puesto un control biométrico», ha considerado, y ha añadido: «Se dice que los asesores no fichaban, pero es que no fichaban 600 personas de la empresa».

«SI EL PERSONAL NO HUBIERA TRABAJADO, HABRÍA DIMITIDO»

Preguntada sobre si había trabajadores contratados que no fueran a trabajar, ha dicho que «rotundamente no», y ha asegurado que si alguien hubiera denunciado esta situación, «habría abandonado mi puesto de trabajo», y ha añadido que cuando le hicieron responsable del servicio de ‘call center’, «en el momento» en que detectó una irregularidad de contrato, dimitió.

Escrihuela, para la que la Fiscalía pide penas de seis años de prisión e inhabilitación especial por tiempo de seis años, ha asegurado que la contrataron el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y el -hasta su llegada- director de Recursos Humanos, Enrique Grau.

Ha añadido que Enrique Grau había sido el director de Recursos Humanos hasta su llegada, durante «diez o doce años» y explicado que, cuando ella se incorporó, él asumió «la dirección jurídicolaboral» porque sabía «más de la legislación porque era licenciado en derecho y conocía más la empresa».

Asimismo, ha insistido en que no tenía poderes para realizar contrataciones, y que las personas que sí los tenían «estaban físicamente más cerca» de ella pero dependían en parte de ella y en parte de Grau.

Sobre las contrataciones, ha dicho que a su llegada no había un catálogo de puestos de trabajo, ha explicado que hizo un manual con la descripción de estos y ha asegurado: «nunca vi nada que me hiciera pensar que me tenía que oponer a nada».

En cuanto a si conocía que había asesores en el Consejo de Administración, ha dicho que lo sabía y que consultó la legalidad de esa figura con Enrique Grau, que «no le veía ningún problema jurídico».

Rus niega haber contratado «jamás» a trabajadores «zombis» en Imelsa

El expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Xàtiva con el PP, Alfonso Rus, ha dicho que «jamás» dio orden de contratar a trabajadores «zombis» en la empresa pública Imelsa, de cuya gestión se encargaba el consejero delegado y no él.

Rus se enfrenta a su primer juicio por las diferentes piezas del caso Imelsa, en el que la Fiscalía Anticorrupción reclama para él y dos de sus más estrechos colaboradores una condena de 12 años de prisión por pertenencia a organización criminal, malversación, prevaricación y falsedad.

Durante su declaración en el juicio, en el que se investiga la contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, Rus ha respondido únicamente a las preguntas de su abogado, en una declaración que ha durado poco más de 20 minutos.

Ha dicho que «jamás» ordenó que se contratara ni a Miguel Angel Mullor, futbolista del Olímpic de Xàtiva, club presidido por Rus; ni Eva Luisa Sarrión, ama de casa y en paro con problemas económicos, natural de Xàtiva, ni a Ángel Ramón Sanchís, amigo personal de Rus y desempleado».

Todos ellos están acusados en esta pieza por haber si contratados en Imelsa por orden de Alfonso Rus, sabedores que no iban a desempeñar ningún trabajo. Tanto Mullor como Sarrión han reconocido los hechos durante el juicio.

Rus ha afirmado que durante los años que presidió la Diputación de Valencia, entre 2007 y 2015, trabajaba desde las 9 hasta las 21.30 horas y quienes trabajaban con él o trabajaban como él «o a la calle».

Ha explicado que el cargo de presidente de la Diputación lleva implícito ser presidente también del consejo de administración de las empresas publicas, como Imelsa, pero ha dicho que todas sus atribuciones estaban cedidas al diputado responsable.

Sobre Benavent: era «un fenómeno»

Sobre el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, también acusado en la causa, Rus ha afirmado que lo nombró el consejo de administración de la empresa a propuesta del PP, y ha defendido que era «un fenómeno» al que «hasta la oposición le hacía la ola».

Ha señalado que el 22 de diciembre de 2014 en un cena del grupo, Benavent le dijo que quería dejar el cargo porque «se encontraba mal y estaba desbordado», y le pidió que lo despidiera para poder cobrar el despido y el paro.

«Le dije que no», ha explicado el exreponsable de la Diputación, quien también ha señalado que cuando llegó el nuevo gerente le comunicó algunas irregularidades y Rus le dijo que actuara, pero ha precisado que no era él quien decidía cómo actuar, sino que era competencia del diputado responsable.

Rus ha destacado que cuando llegó a la institución provincial redujo las cantidad para poder contratar directamente de 200.000 a 50.000 euros, y sobre una factura de 49.900 euros por un servicio no realizado en Llutxet, ha dicho que se mandó a la Fiscalía.

Sobre la contratación del futbolista Miguel Angel Mullor, ha dicho que fue él quien lo fichó para el Olímpic, un equipo en el que, según ha dicho, todo se pagaba por el banco. «Eso de los sobres lo tendrán que demostrar», ha manifestado.

Sobre si pidió que contratara a personas en Ciegsa, empresa dependiente de la Conselleria de Educación, ha señalado que él no tenía ninguna capacidad de decisión en este organismo, y ha apuntado que pudo haber recomendado a alguien si necesitaban gente, pero luego tiene que pasar los procesos necesarios.

Tras Alfonso Rus, ha declarado su exjefe de gabinete Emilio Llopis, para quien también se piden 12 años de prisión, quien ha dicho que nunca dio orden de contratar a nadie porque no entra dentro de sus competencias.

Asimismo, ha dicho que los asesores realizan trabajo de campo, por lo que no tienen por qué estar en un lugar de trabajo concreto sino donde les digan los consejeros, y ha indicado que nadie controlaba el horario de los asesores.

 

Rus sobre la condena a Benavent: «Ya se apañará. Quien la haga que la pague»

El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus han afirmado el pasado miércoles sobre la condena al exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado «yonqui del dinero», Marcos Benavent, que «ya se apañará».

«Yo siempre he dicho que quien la hace que la pague», ha señalado a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se celebra la tercera sesión del juicio contra él y otros dirigentes por la contratación de personal en empresas públicas que supuestamente no acudía a su puesto de trabajo, sino que desempeñaba otras funciones.

Tras afirmar que no ha leído la sentencia, pues ya tiene bastante con lo suyo, Rus ha confiado en poder declarar este miércoles y ha considerado que ya lleva «demasiados días» esperando.

Benavent ha sido condenado por delitos de prevaricación, malversación y falsedad, a siete años y 10 meses de prisión, en el primero de los juicios del caso Imelsa, en el que el PP -responsable civil- y el exvicepresidente de la Diputación Juan José Medina han quedado absueltos.

València, 23 ene. En el inicio del juicio por el Caso Imelsa, diez acusados de cobrar sin trabajar han admitido los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción y han admitido que fueron contratados en las empresas públicas Ciegsa (Generalitat) e Imelsa (Diputación de València), según ha adelantado la Fiscalía Anticorrupción, con quien los diez acusados han alcanzado una conformidad.

Alfonso Rus a juicio

Los abogados defensores del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y del exgerente de Imelsa Marcos Benavent han cuestionado este lunes, en la primera sesión del juicio por supuestos trabajadores en empresas públicas, las grabaciones que dieron origen al caso.

En el momento de las cuestiones previas, el letrado de Rus, Emilio Pérez, ha pedido que se incorpore a la causa un informe pericial de los «artefactos informáticos» que dieron origen al caso Imelsa y que fue realizado, según ha explicado, el pasado diciembre.

Según ha detallado este letrado, se trata del análisis de dos lápices de memoria, uno de color blanco y marca Kingston aportado por la entonces diputada -hoy consellera- Rosa Pérez Garijo y otro de color rojo y marca Itenso aportado por el exsuegro de Benavent, Mariano López.

El ‘yonqui del dinero’

También del ordenador de López en el que supuestamente volcaba las grabaciones Marcos Benavent, según admitió este en sus primeras declaraciones -aunque luego se desdijo y aseguró que manipulaba esas grabaciones- , y del que se extrajeron los contenidos de ambos lápices de memoria.

El letrado de Rus ha pedido que no se tengan en cuenta estas grabaciones porque «no se ha acreditado judicialmente el volcado del primer USB y por lo tanto no está legalizado».

«Nuestro informe pericial dice que ambos fueron manipulados un día antes de ser entregados al fiscal, y el ordenador de origen está vacío. O nunca ha tenido información o ha sido robada de forma profesional», ha asegurado Emilio Pérez.

El tribunal ha admitido dicho informe, cuyo autor tendrá ocasión de intervenir en el juicio, al igual que un especialista de la UCO cuya presencia ha sido solicitada por el fiscal.

Las grabaciones

Por el contrario, no se ha admitido la nulidad de dichas grabaciones, tal y como había solicitado el letrado de Rus y el de Marcos Benavent, Juan Carlos Navarro.

En su turno de palabra, el fiscal ha defendido la legalidad de ambas memorias: «Ninguna de las dos está manipulada y Marcos Benavent avaló esas grabaciones».

Un debate similar se produjo el pasado mes de junio, al inicio de la celebración de otro de los juicios del caso Imelsa, contra Benavent y otras ocho personas, entre ellas el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP, Juan José Medina, por delitos de prevaricación, malversación, falsedad, fraude en la contratación, blanqueo y cohecho.

En aquel juicio, cuya sentencia todavía no se conoce, la defensa de Benavent ya puso en tela de juicio la validez de dichos audios, toda vez que el exgerente de Imelsa y autodenominado «yonqui del dinero» cambió de letrado y dejó de colaborar con la justicia y autoinculparse para defender que había manipulado las grabaciones.

Al igual que en el primer juicio de esta macrocausa, celebrado el pasado mes de junio, en este también se escucharán, previsiblemente a partir de este martes, el testimonio de una decena de procesados que, según ha anunciado el fiscal, han admitido los hechos a cambio de una reducción de las peticiones de pena por parte del fiscal.

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