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Así es la pulsera térmica que detecta la fiebre

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La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con la empresa de estampación textil Colorprint Fashion, está diseñando un proyecto piloto en centros educativos para evaluar si las pulseras térmicas que cambian de color si una persona tiene fiebre pueden ayudar a las comunidades educativas valencianas en la detección de fiebre en el alumnado durante las jornadas escolares. La finalidad es acompañar, con una medida más, la detección de posibles síntomas vinculados a la COVID-19 y así avisar las autoridades sanitarias al respecto para que estas establezcan los dispositivos de detección y actuación.

En este proyecto piloto, único en el Estado español, participarán 500 alumnos de 1º y 2º de Primaria y de 1º y 2º de la ESO de tres centros educativos de las comarcas de Alicante, Castellón y Valencia, para que prueben las pulseras durante dos semanas de forma voluntaria y con el consentimiento y participación de sus familias.

Colorprint Fashion ha desarrollado y patentado un tejido térmico que se activa con el aumento de la temperatura corporal, el cual cambia a color blanco aproximadamente a una temperatura de 37,5° C. Este innovador tejido ha sido homologado para su uso por el Instituto Tecnológico del Textil (Aitex), que certifica su durabilidad y su efectividad frente a la prevención de la COVID-19.

Sobre la base de esta innovadora tecnología, esta empresa valenciana ha creado unas pulseras que detectan de manera rápida y sencilla una subida de temperatura con un simple cambio de color a partir de los 37,5 grados. De esta forma se puede hacer una monitoreo en tiempo real de la temperatura corporal del alumnado de una forma muy sencilla y práctica en las aulas. Las pulseras se pueden lavar sin que se pierda ni afecte a las propiedades del tejido.

El objetivo de la prueba piloto es que los centros educativos que realizan el pilotaje de este proyecto puedan experimentar de forma directa el grado la eficacia, comodidad y durabilidad de estas pulseras térmicas, que tienen una vida media de una semana. Con esta finalidad se entregará a cada alumno y alumna participante un juego de dos pulseras para que las utilice durante dos semanas.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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