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Valencia

Así será el proceso judicial que decidirá si Oltra es o no imputada

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Oltra sobre si será candidata: "No estamos en ese momento todavía"
Imagen de rachivo de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. EFE/ Manuel Bruque/Archivo

València, 4 abr (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana deberá seguir varios trámites para decidir si la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, es investigada por la actuación del departamento que dirige en un caso de abusos sexuales por el que fue condenado su exmarido.

El pasado viernes el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia solicitó formalmente al alto tribunal valenciano que investigue a Oltra y a varios de sus subordinados en la Conselleria de Igualdad y otros profesionales que intervinieron en la elaboración de un expediente interno que el juez considera una «investigación parajudicial» confeccionada para desacreditar a la menor.

En este escrito, el juez considera que «no resulta ya posible progresar en la investigación» sin que la vicepresidenta «sea oída como investigada» y cree que existen «indicios racionales, serios y fundados» de su participación en una iniciativa para desacreditar el testimonio de la menor víctima de los abusos en un centro público de acogida.

Además, reclama al TSJCV que «atraiga» también la competencia respecto de los hecho ejecutados por personas no aforadas, un total de 13, por apreciar «conexión material inescindible» de Oltra con el resto de procesados.

El escrito razonado que el instructor y titular de Instrucción 15, Vicente Ríos, ha remitido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV no puede ser recurrido en sí mismo, aunque sí la decisión de elevarlo al alto tribunal.

Sin embargo, dado que Mónica Oltra todavía no es parte en el proceso, la decisión de recurrir esta primera decisión del juez únicamente puede ser adoptada por alguna de las partes personadas.

Una vez llegue este escrito razonado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV se acordará una diligencia de ordenación en la que se nombrará a tres magistrados para que se pronuncien sobre la admisión de dicho escrito.

La sala está actualmente integrada por María Pía Calderón, José Francisco Ceres, Antonio Ferrer, Carmen Llombart y el exfiscal anticorrupción Vicente Torres; uno de ellos ejercerá de ponente, y dará traslado a la Fiscalía, para que se pronuncia también sobre la competencia de la Sala y establezca una posición respecto a la apertura o no de una causa.

En caso de que finalmente los tres magistrados designados observen indicios de delito y decidan abrir una causa e investigar a Oltra deberán nombrar a un instructor y decidir si el alto tribunal se queda con toda la causa -como propone Instrucción 15- o únicamente con aquello relativo a la vicepresidenta, en caso de que consideren que se puede separar su responsabilidad de la del resto de investigados.

Fuentes judiciales consultadas por EFE han insistido en que existe jurisprudencia del Supremo bastante restrictiva al respecto.

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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