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Así son las nuevas placas que dan nombre a las calles de València

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La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la actualización del diseño de las placas de calle encargado recientemente por la Concejalía de Movilidad Sostenible a la sección de Normalización Documental e Imagen Corporativa, creada este mismo mandato por el Área de Gobierno Interior para poner en valor la imagen de la institución.

Según ha explicado el concejal Giuseppe Grezzi, “en el servicio de Movilidad Sostenible, que es el encargado de la impresión de las placas, se detectó que el diseño empleado hasta ahora no era eficaz para rotular determinados nombres, que no resultaban lo legibles que es preceptivo en estas placas. Por eso, aprovechando que se había actualizado la imagen corporativa municipal, solicitamos que se estudiara actualizar las placas”.

Del mismo modo, y con la finalidad de que tuvieran una utilidad adicional para la ciudadanía, Movilidad sugirió que las mismas añadieran también el barrio en el que se emplazan las calles, así como una fórmula para añadir una leyenda explicativa del nombre de la calle si este lo precisara.

Imagen: Ayuntamiento de València

Así, el personal técnico de la sección de Normalización Documental e Imagen Corporativa ha realizado un diseño basado en tres pilares:
a) Necesidad de normalizar la forma de rotular las placas e incluir la marca del Ayuntamiento;
b) Necesidad de dar solución a la colocación de elementos nuevos (barrio, explicación…);
c) Normalizar los colores utilizados;

En vista de estas necesidades se ha optado por la tipografía corporativa de la marca del Ayuntamiento, “una de las tipografías de palo más versátil y con mayor legibilidad para señalética”, según la descripción del personal técnico. Su utilización “permite, escalándola de manera adecuada, la rotulación de nombres de calle largos o cortos”. Por otra parte, los colores elegidos también son corporativos y su elección se basa, principalmente, en lo bien que funcionan por contraste en negativo: amarillo corporativo de toda la señalética municipal, azul noche para fondos y blanco; existiendo también una versión con el fondo verde para las placas de bandera.

El servicio de Movilidad Sostenible empezará a utilizar el nuevo diseño a partir de la próxima semana, cuando se instalen las nuevas placas de las calles dedicadas al subinspector de la Policía Nacional Blas Gámez Ortiz, el cartelista Rafael Contreras Juesas y el municipio valenciano de Cases Baixes. En adelante, las nuevas placas se realizarán ya con este diseño, pero no está previsto sustituir las ya existentes si no están en mal estado, por lo que esta actualización del diseño de placas —que tienen el mismo coste de producción que las anteriores—, realizado íntegramente por los servicios municipales, no comporta desembolso adicional alguno para las arcas municipales.

“Con esta iniciativa coordinada por Movilidad Sostenible y Servicios Centrales Técnicos ponemos al día las señales que indican el nombre de las calles, mejorando su legibilidad y añadiendo información sobre el barrio en que se ubican”, ha concluido Grezzi.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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